Suprema Corte confirma condena histórica contra la Procuraduría General por prisión injusta

Santo Domingo. – La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) y confirmó íntegramente la sentencia que condena al Estado dominicano al pago de RD$10,912,792.00 a favor de Affe Gutiérrez Gil, víctima de una prolongada prisión preventiva injusta y de graves violaciones a sus derechos humanos.

El fallo, emitido el 29 de agosto de 2025, consolida un precedente histórico en el Derecho Administrativo dominicano, al representar la indemnización más alta conocida en el país por prisión preventiva injusta, según destacó la barra de defensa integrada por los abogados Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco.

“Este fallo marca un hito en la consolidación de la responsabilidad patrimonial del Estado y en la protección de los derechos fundamentales”, expresaron los juristas tras conocer la decisión.

Una década de abusos y persecución

El caso de Gutiérrez Gil se remonta a 2008, cuando tras contraer matrimonio con la periodista Sarah Pepén, comenzó a ser objeto de una persecución institucional que culminó con su expulsión de la Policía Nacional y su sometimiento a la justicia bajo cargos de homicidio.

Pese a la falta de pruebas, permaneció en prisión preventiva por más de dos años y medio. Un testigo clave confesó posteriormente haber recibido dinero para incriminarlo falsamente, revelando un entramado de corrupción procesal.

En su lucha judicial, Gutiérrez fue condenado dos veces a 30 años de prisión, decisiones que posteriormente fueron anuladas por la Corte de Apelación. Finalmente, en mayo de 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente de toda acusación, cerrando un proceso de casi diez años.

Durante su encierro, sufrió intentos de asesinato, realizó una huelga de hambre y conoció el nacimiento de su hija desde prisión.

Demanda y fallo histórico

En agosto de 2020, Gutiérrez Gil interpuso una demanda en responsabilidad patrimonial contra la PGR, reclamando RD$100 millones por los daños físicos, psicológicos y profesionales sufridos.
La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Estado actuó con arbitrariedad e inobservancia de las garantías constitucionales, y ordenó el pago de RD$10,912,792.00 como reparación moral, física y profesional.

Peritajes médicos confirmaron secuelas físicas permanentes y trastornos de ansiedad y estrés postraumático. El TSA calificó el proceso penal como “un instrumento de destrucción personal, contrario a los fines de la justicia”.

Ratificación de la Suprema Corte

La Suprema Corte declaró que el recurso de la Procuraduría carecía de fundamento legal y de interés casacional, ratificando la condena y los fundamentos del TSA.
El fallo reafirma que el Estado debe responder por los daños ocasionados por el uso arbitrario de la prisión preventiva y refuerza el principio de que la dignidad humana y el debido proceso son pilares del Estado de derecho.

Una victoria simbólica

“Esta sentencia es algo simbólico, porque nada material puede devolver el tiempo perdido. Lo que aún duele es que nunca hubo una disculpa pública de quienes abusaron del poder”, manifestó Affe Gutiérrez Gil tras la decisión.

Un precedente para la historia

El caso Affe Gutiérrez Gil vs. Procuraduría General de la República se erige como un punto de inflexión en la justicia dominicana, al reconocer la responsabilidad del Estado frente a los abusos cometidos por sus instituciones.
“Esta sentencia no devuelve los años perdidos, pero devuelve la honra”, resumió su defensa.