Sube a nueve el número de demandas por colapso del Jet Set

Santo Domingo. – La tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set Club, que cobró la vida de 232 personas y dejó a casi 200 heridas, ha abierto una nueva etapa judicial que va más allá de los propietarios del establecimiento, apuntando ahora también hacia la presunta responsabilidad del Estado dominicano y de la Alcaldía del Distrito Nacional por fallas en la fiscalización de edificaciones.

Con la presentación de tres nuevas querellas, el número de demandas asciende a nueve, todas con constitución en actor civil. Las más recientes fueron depositadas por el abogado Félix Humberto Portes, en representación de familiares de las víctimas María Leonarda Perafán Lorenzo, Hancel A. Marte y Aracelis Altagracia Santana Marte.

Las querellas están dirigidas no solo contra Antonio Espaillat López, Ana Grecia López, y la empresa Inversiones E y L, S.R.L., sino también contra el Estado dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional, señalados por omitir su deber de supervisión conforme a la Ley de Construcción, normas de urbanización, el Reglamento General de Edificaciones y disposiciones constitucionales sobre integridad física y derecho a la vida.

El caso de María Leonarda Perafán Lorenzo, joven estudiante de publicidad en UNAPEC y técnico en Agronomía, es uno de los más emblemáticos. A sus 21 años, falleció mientras disfrutaba del evento musical en Jet Set. Sus padres ahora buscan justicia y reparación como víctimas indirectas.

Por su parte, Hancel A. Marte, ingeniero eléctrico especializado en energías renovables y ciberseguridad, sobrevivió con heridas severas. Asistía al evento como invitado cuando fue alcanzado por la estructura colapsada. La querella señala además la muerte en el mismo evento del artista Felito Music, figura reconocida en la escena musical.

La tercera víctima, Aracelis Altagracia Santana Marte, abogada y asistente dental, enfrenta secuelas psicológicas graves tras sobrevivir al colapso. Diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático, ha visto afectada su capacidad para trabajar y cuidar de su hijo.

El abogado Portes subrayó que las acciones legales no se limitan al aspecto penal, sino que buscan una reparación integral, tanto en lo emocional como en lo económico, para los afectados y sus familias. “Esta tragedia no fue un accidente inevitable, sino el resultado de una cadena de omisiones y violaciones a las normas legales que debieron proteger la vida de los ciudadanos”, indicó.

La acumulación de querellas podría marcar un precedente legal en cuanto a la responsabilidad estatal y municipal frente a la seguridad de edificaciones y el respeto a los derechos humanos en contextos de negligencia estructural.