Justicia

Solicitan peritaje digital en caso de difamación contra Ángel Martínez

Martin Severino | 09 junio 2025

Santo Domingo. – La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó un peritaje técnico de los videos publicados por el comunicador Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido como Ángel Martínez, en el marco de una querella por difamación e injuria interpuesta por el ciudadano Luis Ricardo Reyes Mendoza.

Según explicó el abogado Miguel de la Rosa, representante legal de Reyes Mendoza, la solicitud fue canalizada a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional, el cual deberá rendir un informe pericial sobre el contenido audiovisual difundido en plataformas digitales.

La investigación fue iniciada por el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía tras recibir una denuncia por declaraciones que Martínez emitió en su canal de YouTube el pasado 20 de mayo. En ese contenido, el comunicador acusó a Reyes Mendoza de ser narcotraficante, supuestamente propietario de una finca en Bánica frecuentada por el presidente Luis Abinader. También lo vinculó con Faride Raful, ministra de Interior y Policía, alegando que “le buscaba mujeres”, y con Quirino Ernesto Paulino Castillo, a quien identificó como su socio.

La denuncia también afirma que Martínez divulgó fotografías personales de Reyes Mendoza en redes sociales, provocando, según el querellante, un grave deterioro de su imagen pública y afectaciones personales. Su abogado aseguró que el padre del denunciante, Eladio Reyes, falleció de un infarto “a causa del impacto emocional generado por las mentiras y ataques mediáticos”.

En adición a este caso, Ángel Martínez enfrenta otra querella por difamación e injuria en Santiago, presentada por el empresario Anulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, presidente de la Asociación Ecuestre Nacional. El comunicador fue arrestado tras no presentarse ante la Fiscalía de esa jurisdicción, donde había sido citado para interrogatorio.

La acción legal se sustenta en los artículos 367 y siguientes del Código Penal Dominicano, así como en la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología y la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que penalizan la difusión de informaciones falsas y ofensivas a través de medios digitales.

Las autoridades esperan el informe técnico del DICAT para determinar si procederán con medidas judiciales adicionales.



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