Sin esperanza en las rejas.

Jorge Amado Méndez
Abogado

La designación de Roberto Santana al frente de la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales abre una ventana de esperanza para abordar lacrítica situación carcelaria de nuestro país. 

Luego de informes de organismos internacionales de derechos humanosdenunciando la violación de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, a través del Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia y la Procuraduría General de la República, hace más de 20 años en el país se implementaron numerosos programas con miras a reformar el sistema penitenciario dominicano. Se crearon varios centros de corrección y rehabilitación y se construyeron las cárceles del nuevo sistema de gestión penitenciaria. Sin embargo, la situación sigue siendo compleja y requiere atención sostenida y reformas profundas. 

La República Dominicana enfrenta un desafío significativo en su sistema penitenciario, ya que es uno de los países con mayor porcentaje de internos preventivos de la región. Según los datos de la Dirección General de Prisiones,la población penitenciaria supera las 24 mil personas privadas de libertad, distribuidas entre los diferentes recintos, incluyendo los centros tradicionales ylos centros de corrección y rehabilitación de lo que se denominó el Nuevo Modelo.  Sin embargo, ese nuevo modelo penitenciario solo ha beneficiado a una pequeña fracción de la población carcelaria. La gran mayoría de los recintos penitenciarios del país sigue operando bajo el modelo tradicional o viejo, caracterizado por condiciones de hacinamiento, insalubridad, inundaciones, tráfico de influencias, consumo de bebidas alcohólicas y drogas, autoridades corruptas y, en general, permanecen en condiciones inhumanas.

Un ejemplo emblemático de esta situación es la Penitenciaría Nacional de La Victoria, construida en el gobierno de Trujillo para albergar 800 reos, posteriormente modificada para 2,000 personas, pero que actualmente alberga más de 5,000 internos en condiciones de hacinamiento extremo.

Con la implementación del Código Procesal Penal hace más de 20 años, que introdujo medidas de coerción alternativas a la privación de libertad y establecióplazos para la conclusión de los procesos, había suficientes elementos para pensar que podía disminuir la población carcelaria. Pero lejos de esto, la población carcelaria ha crecido considerablemente. Esta tendencia podría agravarse con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que introduce nuevas sanciones que podrían aumentar la población penitenciaria. 

Aunque se espera que la nueva cárcel de Las Parras, con capacidad para 8,000 reclusos y que se anunció entrará a funcionar proximamente, ayude a aliviar el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de los internos, es poco probable que esta medida por sí sola resuelva el problema carcelario en el país. La solución requerirá una reforma integral que aborde las causas subyacentes del problema y garantice la dignidad y los derechos humanos de los reclusos. 

El director general de prisiones, Roberto Santana, enfrentará importantesdesafios en su gestión. Además de los ya mencionados problemas de hacinamiento y la falta de infrastructura, está el problema de la violencia en estos centros y la corrupción en el sistema, donde los reclusos pueden pagar para obtener privilegios y beneficios. 

La creciente tasa de delincuencia nos obliga a prestar atención a todos los elementos involucrados en una política pública integral de seguridad ciudadana; y la población carcelaria desbordada y los abusos y la corrupción que se registran en las cárceles forman parte esencial, a nuestro criterio, de los obstáculos para una verdadera reinserción social efectiva de las personas que han sido privadas de su libertad. 

La creación del nuevo ministerio de Justicia y la transferencia de la administración del sistema penitenciario desde la Procuraduría General de la República representan una oportunidad para priorizar la dignificación de las cárceles y la reinserción social. El nuevo ministro de Justicia debería enfocar su agenda en mejorar las condiciones de los reclusos, con una reforma penitenciaria que promueva el respeto a los derechos humanos, la capacitación y la educación como pilares para lograr que los sentenciados no vuelvan a delinquir.

Según el Artículo 66 de la Ley 80-25 Orgánica del Ministerio de Justicia, el plazo para la puesta en funcionamiento de la institución es de 12 meses a partir de la designación del ministro. ¡Ya es hora de que el poder ejecutivo emita el decreto presidencial de su nominación! La ciudadanía exige acciones concretas y urgentes. Este decreto debe ser el pistoletazo de salida para una reforma profunda y necesaria en nuestros centros penitenciarios, que garantice la dignidad y el bienestar de las personas privadas de libertad. Presidente Abinader, ¡la espera ha terminado! La designación del ministro de Justicia es un paso crucial para abordar los desafíos penitenciarios del país.