Seis leyes urgentes que permanecen atrapadas por la falta de acción legislativa

El Congreso Nacional sigue arrastrando una deuda legislativa significativa para la sociedad dominicana.

Santo Domingo, RD.-En un contexto nacional que reclama reformas estructurales y modernización institucional, el Congreso Nacional de la República Dominicana sigue arrastrando una deuda legislativa significativa.

A continuación, resaltamos seis proyectos de ley, considerados fundamentales por diversos sectores sociales, económicos y políticos, que permanecen estancados en las cámaras legislativas. Esta situación refleja no solo una falta de voluntad política sostenida, sino también las dificultades de coordinación entre el Senado y la Cámara de Diputados.

Uno de los casos más emblemáticos es el del nuevo Código Penal. Con múltiples intentos de aprobación frustrados durante las últimas dos décadas, la pieza ha sido objeto de constantes modificaciones, reenvíos y controversias. El proyecto incorpora tipificaciones modernas como el feminicidio, el sicariato, la corrupción administrativa agravada y los crímenes por discriminación. Sin embargo, su avance se ha visto bloqueado principalmente por el desacuerdo en torno a la inclusión de las tres causales que permitirían el aborto en circunstancias limitadas. La falta de consenso ha llevado a que se apruebe en una cámara y se estanque en la otra, generando un círculo vicioso que mantiene al país operando con un Código Penal redactado en el siglo XIX.

De igual importancia es la Ley de Aguas, una iniciativa largamente esperada por organizaciones ambientales, ingenieros hidráulicos y comunidades afectadas por la mala gestión de los recursos hídricos. Este proyecto propone una gobernanza integrada del agua, que priorice su uso sostenible, el acceso equitativo y la protección de cuencas. A pesar del creciente estrés hídrico que enfrenta el país, con zonas en sequía y otras expuestas a inundaciones por mala planificación, la ley no ha logrado avanzar más allá de las comisiones técnicas, donde se enfrenta a intereses encontrados entre sectores agrícolas, empresariales y defensores del medio ambiente.

En el plano de la seguridad social, la modificación a la Ley 87-01 es otro ejemplo de parálisis legislativa. Con más de veinte años de vigencia, esta ley ha sido duramente criticada por su diseño desigual y la concentración de beneficios en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las ARS. Diversos estudios han evidenciado que la mayoría de los trabajadores no recibirán una pensión digna al momento de su retiro. A pesar de que partidos, gremios y expertos han coincidido en la necesidad de una reforma profunda, el Congreso aún no ha mostrado avances reales para corregir las distorsiones del sistema, lo que genera creciente descontento ciudadano.

También se encuentra paralizada la nueva ley que regularía la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la versión anterior por vulnerar derechos fundamentales. La propuesta revisada busca establecer límites claros a las funciones de inteligencia, proteger la privacidad de los ciudadanos y crear mecanismos de fiscalización adecuados. Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso legislativo ha generado inquietud en diversos sectores.

En esta lista de iniciativas legislativas paralizadas se suma el proyecto de ley que busca establecer una regulación integral para el uso responsable y la comercialización de los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco o nicotina sin combustión. La preocupación sobre su uso ha crecido en los últimos años, especialmente por el auge entre adolescentes y jóvenes adultos. Este proyecto busca prohibir explícitamente su venta, promoción y contenido publicitario dirigido a menores de 18 años, para lo cual establece requisitos estrictos de verificación de edad en plataformas de ventas digitales y físicas, así como sanciones a minoristas por incumplimiento de las normativas.

Además, el proyecto responsabiliza al Instituto Dominicano para la Calidad de establecer parámetros mínimos de calidad con la finalidad de garantizar la salud y la seguridad pública, y establece como autoridades competentes para la ejecución y cumplimiento de la normativa al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, al INDOCAL y a ProConsumidor.

A pesar de que se han presentado propuestas legislativas en múltiples ocasiones —la más reciente, por los legisladores Ignacio Aracena, Charlie Mariotti, Selinee Méndez y Soraya Suárez— el Congreso aún no ha aprobado ninguna legislación específica, dejando un vacío legal que favorece la proliferación no regulada, especialmente en poblaciones para las cuales no están destinados estos productos, como los menores de edad.

Estos seis proyectos representan apenas una muestra del amplio cúmulo de iniciativas fundamentales que no han sido debatidas o aprobadas, pese a su importancia evidente. Las causas del estancamiento legislativo son diversas: falta de consenso político, intereses sectoriales enfrentados, baja presión del liderazgo del Congreso y una agenda legislativa fragmentada. A esto se suma la práctica frecuente de aprobar proyectos en una cámara para luego dejarlos inactivos en la otra, sin una verdadera coordinación institucional.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente desconfianza el funcionamiento del poder legislativo. La promesa de una democracia efectiva, con instituciones que respondan a las necesidades reales de la gente, se ve erosionada cada vez que proyectos como estos son archivados o ignorados. Las consecuencias no son abstractas: afectan directamente la vida, la salud, los derechos y el bienestar de millones de dominicanos.

En un país que enfrenta desafíos estructurales urgentes como la desigualdad social, la debilidad institucional y el deterioro ambiental, la incapacidad del Congreso para actuar con eficacia legislativa se convierte en un obstáculo grave para el desarrollo sostenible. Si no hay un cambio en la voluntad política y en las dinámicas internas de trabajo, estos proyectos seguirán acumulando polvo en los archivos, mientras el país sigue esperando las leyes que necesita.