Reglamento: JCE prohíbe publicar encuestas fuera de la precampaña y la campaña electoral

Santo Domingo. La Junta Central Electoral (JCE) aprobó y publicó un nuevo reglamento que endurece los controles sobre el registro de firmas encuestadoras y la divulgación de estudios de opinión en materia electoral, con el objetivo de reforzar la transparencia, la equidad y la credibilidad del sistema.

La normativa establece la prohibición de difundir encuestas fuera de los períodos oficiales de precampaña y campaña, buscando evitar promoción política anticipada y ventajas indebidas entre aspirantes. Asimismo, dispone que todas las empresas interesadas en realizar estudios deberán registrarse previamente y obtener habilitación oficial, presentando información corporativa, estructura accionaria y detalles del personal técnico responsable.

En cuanto a la publicación de encuestas, el reglamento exige incluir datos metodológicos completos, como tamaño de la muestra, margen de error, nivel de confianza, ámbito geográfico, fecha de levantamiento, preguntas aplicadas y número de registro otorgado por la JCE, con el fin de garantizar el rigor técnico y la verificabilidad de los resultados.

El documento también regula las encuestas a boca de urna (exit poll), obligando a las firmas a notificar su realización con al menos ocho días de anticipación a los comicios y a entregar los resultados primero a la JCE antes de hacerlos públicos.

En materia sancionadora, se contemplan multas de entre uno y 200 salarios mínimos para las empresas que violen la prohibición de publicar encuestas durante los ocho días previos a las elecciones. Además, las firmas no registradas que difundan estudios serán sancionadas, y en casos de reincidencia podrían perder de manera definitiva su habilitación.

La JCE otorgó un plazo de 30 días laborables para que las encuestadoras ya registradas actualicen sus expedientes, estableciendo además la obligación de renovación anual para mantener su autorización vigente.

El organismo electoral sostuvo que estas medidas buscan fortalecer la confianza pública en las encuestas, garantizar igualdad de condiciones entre los actores políticos y evitar que los estudios de opinión sean utilizados como instrumentos de campaña fuera de los plazos establecidos por la ley.