El sistema electoral dominicano llegará a 2028 con retos en materia de financiamiento, fiscalización y candidaturas independientes

Por Martín Severino

Santo Domingo.– A poco más de un año del inicio formal del proceso electoral con miras a los comicios de 2028, la República Dominicana enfrenta un escenario político marcado por importantes cambios en las reglas del juego democrático.

Las recientes reformas electorales han reabierto el debate sobre la transparencia, la equidad y el financiamiento de la actividad política, en un contexto en el que la ciudadanía exige mayor control sobre el origen de los recursos que llegan a las campañas y una competencia más equilibrada entre partidos, movimientos y nuevos actores independientes.

Las candidaturas independientes, el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas, la capacidad fiscalizadora de la Junta Central Electoral (JCE), las precampañas adelantadas y el riesgo de que recursos provenientes de actividades ilícitas penetren los procesos electorales figuran entre los principales desafíos que pondrán a prueba la fortaleza del sistema democrático dominicano.

De la manera en que se implementen y supervisen estas reformas dependerá, en gran medida, la confianza de los ciudadanos en unas elecciones que comienzan desde ya a perfilar el futuro político del país.

Para el presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Samuel Sena, el éxito de las modificaciones legales no dependerá únicamente de su contenido, sino de la capacidad de las instituciones electorales para aplicarlas y hacerlas respetar.

Sena considera que la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral (TSE) tendrán un papel determinante en la implementación de las nuevas disposiciones, especialmente frente a las distintas interpretaciones que suelen surgir durante los procesos políticos.

“Entiendo que sí funcionarán, pero ese es un rol muy importante que tiene la Junta Central Electoral como ente regulador del proceso y también la capacidad que tenga el Tribunal Superior Electoral de hacerse imponer, porque sabemos que en República Dominicana muchas veces los políticos juegan con las interpretaciones y con el espíritu del legislador”, sostuvo.

Explicó que uno de los principales desafíos será garantizar que las normas se apliquen con el mismo rigor para todos los actores políticos, evitando que vacíos legales o interpretaciones particulares terminen debilitando el espíritu de las reformas.

El financiamiento continúa bajo escrutinio

Otro de los temas que, a juicio de Sena, continuará bajo la mirada de la ciudadanía es el financiamiento de las campañas electorales, especialmente después de casos judiciales en los que figuras políticas han sido vinculadas con el ingreso de recursos de origen ilícito en procesos electorales anteriores.

Aunque reconoce que los cambios no producirán resultados inmediatos, considera que el fortalecimiento de los mecanismos de control y una mayor vigilancia social e institucional pueden contribuir a reducir esas prácticas.

“Nada se logra de manera rápida. Venimos de una cultura en la que muchas veces se actuaba sin regulación o sin reglas claras, pero cada proceso electoral genera una mayor veeduría social e institucional, y eso irá limitando este tipo de situaciones”, afirmó.

Sena entiende, además, que el marco jurídico actual ofrece a la JCE mayores herramientas para ejercer un control más efectivo sobre el financiamiento político y el cumplimiento de las normas durante los períodos de precampaña y campaña.

“Creo que la Junta tiene hoy más elementos dentro del marco jurídico que la ayudan a regular esos aspectos”, puntualizó.

Reformas importantes, pero no suficientes

El politólogo Luis González también considera que las reformas introducidas al sistema electoral dominicano representan avances importantes, aunque entiende que no constituyen transformaciones suficientemente profundas como para modificar por completo la manera en que se desarrolla la actividad política en el país.

A su juicio, las modificaciones contribuyen al fortalecimiento institucional porque abordan asuntos sensibles del sistema electoral. Sin embargo, considera que varios elementos debieron formar parte de una discusión más amplia para alcanzar una reforma integral.

Entre esos temas identifica el financiamiento de los partidos y las candidaturas, históricamente uno de los principales puntos débiles de la política dominicana.

Para González, el financiamiento público destinado a las organizaciones políticas no ha resuelto por sí solo las dificultades existentes, por lo que cualquier mecanismo de aporte estatal debe estar acompañado de una fiscalización mucho más rigurosa.

El dinero ilícito como vieja amenaza

El origen de los recursos utilizados en las campañas electorales continúa siendo uno de los aspectos más sensibles del sistema.

González advierte que la República Dominicana todavía enfrenta dificultades para impedir que dinero proveniente de actividades ilícitas penetre las estructuras políticas.

“El narcotráfico, el lavado, el dinero sucio” forman parte de los principales problemas que persisten en materia de financiamiento electoral, sostuvo.

El politólogo cuestiona que el financiamiento público haya logrado solucionar las irregularidades que históricamente han acompañado las campañas y considera necesario reforzar los controles sobre el origen y destino de los recursos utilizados por partidos y candidatos.

A su juicio, la vulnerabilidad aumenta cuando se analiza la capacidad del sistema para impedir el ingreso de fondos provenientes del crimen organizado.

González considera que la política dominicana continúa siendo “muy vulnerable” frente al financiamiento del narcotráfico y el lavado de activos, pese a la existencia de leyes, reglamentos e instituciones creadas para enfrentar ese tipo de conductas.

Para el especialista, el problema no radica necesariamente en la ausencia de normas, sino en las dificultades para hacerlas cumplir de manera efectiva.

Sostiene que, desde el punto de vista institucional y normativo, el país dispone de herramientas para controlar el financiamiento político, pero en la práctica todavía existen mecanismos que permiten evadir las disposiciones establecidas.

El politólogo reconoce que organismos nacionales e internacionales han desarrollado instrumentos para enfrentar estas amenazas, aunque entiende que deben establecerse controles más estrictos que permitan cerrar las brechas existentes.

En su opinión, la legislación establece con claridad cómo debe funcionar la fiscalización, pero la realidad demuestra que las instituciones no siempre consiguen aplicar esas disposiciones con la efectividad necesaria.

Candidaturas independientes: oportunidad y desafío

Otro de los cambios que González valora positivamente es la posibilidad de que ciudadanos puedan presentar candidaturas independientes, al considerar que este mecanismo puede abrir las puertas de la política a personas que no necesariamente hayan desarrollado una carrera dentro de un partido.

El politólogo entiende que existen ciudadanos que, aun sin pertenecer previamente a una organización política, pueden realizar aportes importantes a la sociedad desde la función pública.

La incorporación de estas candidaturas puede representar una oportunidad para que grupos y ciudadanos independientes presenten propuestas y participen en los procesos electorales sin depender exclusivamente de las estructuras partidarias tradicionales.

Sin embargo, González considera que este tema debió ser debatido con mayor profundidad debido a las implicaciones que tendrá para la competencia electoral y para el propio funcionamiento del sistema de partidos.

A su juicio, las nuevas reglas deben dejar claramente definidos aspectos como las condiciones de participación, el financiamiento, la fiscalización, el acceso a los medios y las obligaciones que deberán asumir las candidaturas independientes frente a los controles que ya existen para las organizaciones políticas.

Otros debates que quedaron pendientes

Aunque reconoce la importancia de las reformas, González entiende que el proceso pudo avanzar mucho más e incluir otros asuntos relacionados con el funcionamiento del sistema electoral.

Entre ellos menciona la segunda vuelta presidencial, mecanismo que considera innecesario y que, desde su perspectiva, también debió formar parte de la discusión sobre las modificaciones a las reglas electorales.

Desde su óptica, el debate no debería limitarse únicamente a las candidaturas independientes o al financiamiento de los partidos, sino abarcar otros componentes que inciden directamente en la representación política y en la forma en que los ciudadanos eligen a sus autoridades.

Para González, las reformas constituyen un avance, pero todavía existen vacíos que deben ser atendidos si el objetivo es construir un sistema electoral más transparente, competitivo y resistente a la influencia de intereses económicos ilícitos.

El gran desafío, plantea, consiste en lograr que las normas trasciendan el papel y sean aplicadas de manera efectiva por las instituciones responsables de garantizar su cumplimiento.

Nuevas reglas frente a viejos problemas

Las reformas electorales buscan responder a nuevas demandas de participación ciudadana y fortalecer la institucionalidad democrática, pero algunas de las amenazas que históricamente han afectado al sistema permanecen vigentes.

El financiamiento ilícito, la desigualdad en el acceso a recursos, la capacidad efectiva de fiscalización y las interpretaciones interesadas de las normas continúan siendo factores capaces de distorsionar la competencia electoral.

De cara a las elecciones de 2028, las reformas representan un avance, pero las advertencias de Samuel Sena y Luis González ponen de manifiesto que el verdadero examen estará en su aplicación.

La Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y las demás instituciones involucradas tendrán que demostrar que cuentan con la capacidad y la determinación necesarias para aplicar las normas con el mismo rigor a todos los actores.

Mientras las candidaturas independientes abren nuevas posibilidades de participación y amplían el espectro político, el financiamiento de las campañas continúa siendo uno de los principales puntos de vulnerabilidad.

El desafío será convertir las nuevas disposiciones legales en controles efectivos que garanticen una competencia más transparente, equitativa y confiable.

Porque, al final, renovar las reglas resulta insuficiente si las viejas amenazas continúan encontrando la manera de penetrar el sistema.