Radiografía al caso Medusa a más de 5 años de haber iniciado

Por: Ruth Encarnación

Pese a que han pasado más de 5 años desde que inició el proceso judicial que enfrenta Jean Alain Rodríguez, el exprocurador general de la República no pudo lograr que el Segundo Tribunal Colegiado declarara la extinción de la acción penal en su contra durante la audiencia celebrada el pasado 17 de agosto.

Las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto argumentaron que la demora en el denominado caso Medusa ha sido justificada y "razonable" y no corresponden a una actuación negligente atribuible al sistema de justicia, por lo que descartaron el argumento de la defensa de que el proceso debía concluir por haber superado el plazo establecido.

Esta decisión determinó que continúe el juicio de fondo contra el exprocurador en un expediente que según el Ministerio Público implica el desfalco de RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano y que involucra a decenas de personas, miles de documentos y una demanda civil de RD$9,200 millones.

Por la cantidad de personas involucradas, el volumen de documentos, la diversidad de delitos atribuidos y, sobre todo, por la dimensión económica que el Ministerio Público le atribuye, se convirtió en uno de los expedientes de corrupción administrativa más grandes que ha conocido la justicia dominicana en los últimos años.

En el centro de la investigación aparece una cifra que por sí sola explica la magnitud del proceso: más de RD$6,000 millones que, según la acusación del Ministerio Público, habrían representado un perjuicio para el Estado dominicano.

No se trata, sin embargo, de una suma cuya responsabilidad haya sido establecida definitivamente por una sentencia. Es el monto que los fiscales atribuyen al supuesto entramado investigado y que deberá ser sometido al escrutinio de los tribunales.

A partir de esa estimación, el Estado reclama además RD$9,200 millones como indemnización por los daños que alegadamente habría sufrido el patrimonio público.

La dimensión del caso se completa con otro dato: las autoridades han informado la recuperación de más de RD$800 millones mediante acuerdos, devolución de bienes y confesiones de algunos de los involucrados.

Así comenzó una historia judicial que, más de cinco años después de los primeros allanamientos, todavía no ha llegado a una sentencia definitiva.

Una operación que comenzó antes del amanecer

El 29 de junio de 2021 quedó marcado como el día en que el caso dejó de ser una investigación reservada para convertirse en uno de los grandes acontecimientos judiciales de la República Dominicana.

Durante aquella jornada, el Ministerio Público desplegó la Operación Medusa, con al menos 38 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país.

Residencias, oficinas y propiedades fueron intervenidas mientras los investigadores buscaban documentos, equipos y otras evidencias relacionadas con las personas bajo investigación.

La operación tenía como principal objetivo al entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, junto con funcionarios, colaboradores y particulares que habían formado parte de su entorno administrativo.

Lo que salió de aquellos operativos no fue un expediente ordinario.

Fue una investigación que terminaría involucrando a más de 60 personas físicas y jurídicas, una acusación que supera las 12,000 páginas y una extensa cadena de audiencias, recursos, recusaciones y aplazamientos.

El expediente comenzó a crecer hasta convertirse en un laberinto de nombres, empresas, contratos, documentos y operaciones financieras.

Y mientras aumentaba el volumen de la investigación, también crecía la pregunta fundamental: ¿cómo pudo producirse un supuesto perjuicio de más de RD$6,000 millones dentro de una de las principales instituciones del Estado?

El dinero, en el centro de la historia

La dimensión económica es probablemente el elemento que mejor permite comprender el alcance que el Ministerio Público atribuye al caso.

De acuerdo con la teoría de la acusación, durante la gestión de Jean Alain Rodríguez se habría desarrollado una estructura destinada a favorecer determinados intereses mediante el manejo irregular de contrataciones públicas y otros mecanismos administrativos.

Los fiscales sostienen que el esquema habría permitido beneficiar a empresas específicas mediante concursos y procesos de compras presuntamente manipulados.

La acusación describe un sistema en el que determinados oferentes habrían sido favorecidos desde antes de que concluyeran los procesos de contratación.

Entre las prácticas señaladas figuran la revisión anticipada de ofertas económicas, sustitución de documentos, exclusión de competidores y otras actuaciones que, según el Ministerio Público, habrían alterado el resultado de procedimientos que debían garantizar igualdad entre los participantes.

El dinero público aparece así como el hilo conductor de una investigación que no se limita a una operación aislada.

La acusación plantea la existencia de diferentes mecanismos que, conectados entre sí, habrían permitido desviar o utilizar irregularmente recursos estatales.

El resultado económico que los fiscales atribuyen a ese supuesto esquema supera los RD$6,000 millones.

Una cifra de esa magnitud equivale a mucho más que un número dentro de un expediente judicial. Representa recursos que, de acuerdo con la acusación, salieron del circuito previsto para atender las necesidades del Estado.

Pero esa cifra todavía está sometida a debate judicial.

Una acusación que describe una estructura

El Ministerio Público no presentó el caso como una sucesión de irregularidades independientes.

Su teoría apunta a la existencia de una estructura organizada alrededor de determinados procesos de contratación y manejo administrativo dentro de la Procuraduría.

En el expediente, los fiscales sostienen que algunas empresas eran seleccionadas previamente para resultar beneficiadas en concursos públicos.

También alegan que el comité de compras de la institución no habría funcionado con la independencia que formalmente debía tener y que algunas decisiones relevantes habrían estado bajo el control de un grupo reducido de funcionarios vinculados al entonces procurador.

El propósito, según la acusación, habría sido garantizar contratos y beneficios a determinados suplidores.

Para sustentar esa teoría, los investigadores incorporaron miles de documentos y evidencias que posteriormente fueron discutidos durante la fase preliminar.

El expediente creció hasta superar las 12,000 páginas.

La magnitud documental se convirtió, a su vez, en uno de los argumentos utilizados para explicar por qué el proceso ha tardado tantos años en avanzar.

Más de 60 nombres y una acusación extensa

Jean Alain Rodríguez es la figura principal del proceso, pero el expediente nunca estuvo limitado al exprocurador.

Más de 60 personas físicas y jurídicas fueron señaladas originalmente por el Ministerio Público.

Con el paso de las distintas etapas judiciales, algunos de los involucrados llegaron a acuerdos con las autoridades, lo que redujo el grupo que finalmente continuó hacia el juicio de fondo.

Entre los acusados que permanecen vinculados al proceso figuran Jonnathan Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jonathan Loanders Medina, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes Marte, Isis Tapia Stefanni, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias y Miguel José Moya, además de varias sociedades comerciales.

La diversidad de perfiles refleja una de las características más complejas del expediente: la investigación no se concentró únicamente en funcionarios públicos, sino también en personas y empresas que, según el Ministerio Público, habrían desempeñado diferentes funciones dentro del supuesto esquema.

Los delitos que dibujan el expediente

La acusación incluye un amplio conjunto de imputaciones.

Entre ellas se encuentran asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, soborno, falsedad de documentos públicos, delitos de alta tecnología, robo de identidad y lavado de activos.

La combinación de estos delitos explica, en parte, por qué el proceso ha requerido tantos años de investigación y discusión judicial.

Según la teoría del Ministerio Público, no se trató simplemente de irregularidades administrativas.

Los fiscales plantean que existió una estructura con distintos niveles de participación, destinada a manipular procedimientos, favorecer contrataciones y manejar recursos públicos de manera contraria a los fines institucionales.

Los acusados, entretanto, han rechazado las imputaciones y cuestionado la interpretación que hace el Ministerio Público de las actuaciones realizadas durante su paso por la administración pública.

Esa confrontación entre ambas versiones deberá ser resuelta finalmente por los tribunales.

Un expediente que se convirtió en una carrera de obstáculos

Desde que comenzaron los allanamientos, el caso ha atravesado numerosas etapas.

La investigación inicial dio paso a la presentación de la acusación y posteriormente a una fase preliminar extensa, marcada por la lectura y discusión de miles de páginas.

El 28 de junio de 2024, el juez Amauri Martínez dictó auto de apertura a juicio de fondo contra Jean Alain Rodríguez y los demás acusados que continuaron vinculados al proceso.

Parecía entonces que el expediente entraba en su etapa decisiva.

Pero nuevas incidencias volvieron a alterar el calendario.

Recusaciones contra el juez, recursos ante tribunales superiores, ausencia de abogados, solicitudes de aplazamiento y otras controversias procesales fueron acumulándose a lo largo del camino.

El resultado ha sido un proceso que ha consumido años y que todavía espera una decisión definitiva sobre la responsabilidad penal de los acusados.

El otro gran debate: ¿cuánto tiempo puede durar un caso?

Mientras el aspecto económico mantiene la atención sobre el expediente, el paso del tiempo se convirtió en otra de las grandes batallas jurídicas de Medusa.

El proceso ya supera los cinco años desde la ejecución de los primeros allanamientos.

Para la defensa de Jean Alain Rodríguez, esa duración constituye una violación al plazo razonable y a las garantías que protegen a cualquier persona sometida a un proceso penal.

La defensa solicitó la extinción de la acción penal alegando que se habían excedido los plazos establecidos por la legislación.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó esa petición.

Las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissel Soto consideraron que la prolongación del proceso no podía atribuirse exclusivamente a una actuación tardía del sistema judicial.

La complejidad del expediente, la cantidad de imputados, los incidentes procesales, recusaciones, recursos y aplazamientos solicitados por las diferentes partes fueron tomados en cuenta para explicar el tiempo transcurrido.

El debate, sin embargo, está lejos de ser menor.

Porque detrás de la discusión jurídica existe una tensión fundamental: cómo puede un Estado garantizar justicia en casos de corrupción complejos sin permitir que los procesos se prolonguen indefinidamente.

El costo invisible de un proceso millonario

Hay otra dimensión de Medusa que no aparece necesariamente en los titulares: el costo institucional de investigar y juzgar durante años un expediente de semejante magnitud.

Decenas de fiscales, jueces, abogados y empleados judiciales han tenido que dedicar una parte considerable de su tiempo al caso.

Miles de documentos han sido revisados.

Centenares de audiencias han sido convocadas.

Los tribunales han tenido que reservar jornadas completas para conocer incidentes y avanzar en la presentación de las pruebas.

Ese esfuerzo también representa recursos públicos.

Paradójicamente, un caso iniciado para determinar cómo se habría producido un supuesto perjuicio de más de RD$6,000 millones también exige al Estado invertir recursos para poder establecer judicialmente qué ocurrió.

Los RD$9,200 millones que reclama el Estado

La dimensión económica del proceso no termina en los RD$6,000 millones atribuidos como supuesto perjuicio.

El Estado dominicano presentó una demanda civil por RD$9,200 millones contra los acusados, con la intención de obtener reparación por los daños que, según sostiene, habría sufrido el patrimonio público.

Mientras tanto, las autoridades han reportado la recuperación de más de RD$800 millones a través de acuerdos, devolución de bienes y confesiones de algunos implicados.

Estos datos colocan el aspecto económico en una posición central dentro del proceso.

Pero también obligan a hacer una precisión: las cifras forman parte de las posiciones y reclamaciones planteadas dentro del expediente y no equivalen, por sí mismas, a una condena judicial definitiva.

Será el tribunal competente el que deberá determinar, a partir de las pruebas, si existió responsabilidad penal y civil y cuál sería, en caso de corresponder, el monto que finalmente deba ser resarcido.

Un caso que todavía no termina

Más de cinco años después de aquella madrugada de junio de 2021, el nombre Medusa continúa asociado a una de las investigaciones de corrupción administrativa de mayor alcance en la historia reciente del país.

El expediente comenzó con allanamientos.

Después llegaron los arrestos, la acusación de miles de páginas, los acuerdos, los recursos, las recusaciones y las audiencias.

En el centro permanece una cifra que resume la dimensión de la acusación: más de RD$6,000 millones de supuesto perjuicio al Estado.

Pero el verdadero desenlace todavía está pendiente.

La justicia deberá determinar si las actuaciones descritas por el Ministerio Público constituyeron efectivamente un entramado de corrupción, quiénes tuvieron responsabilidad en él y cuál fue, en caso de comprobarse, el verdadero impacto sobre las finanzas públicas.

Hasta entonces, Medusa permanece como una historia inconclusa.

Una historia que comenzó con 38 allanamientos y que, cinco años después, todavía busca responder una pregunta esencial: ¿qué ocurrió con miles de millones de pesos que pertenecían al Estado y quién deberá responder por ellos?

La respuesta final no estará en las acusaciones ni en los alegatos de las partes. Estará en las pruebas que logren superar el escrutinio de la justicia y en la sentencia que, eventualmente, cierre uno de los expedientes de corrupción más voluminosos que ha enfrentado la República Dominicana.