Prohibiciones de giros a la izquierda en el DN carecen de respaldo de Regidores

Santo Domingo. – Las recientes prohibiciones de giros a la izquierda implementadas por el Gabinete de Transporte como parte del plan gubernamental “RD se mueve” no cuentan actualmente con respaldo legal del Concejo de Regidores del Distrito Nacional, órgano competente para normar el tránsito en la ciudad capital.

Aunque el Poder Ejecutivo ha promovido el plan como una solución urgente a los problemas del tráfico en el Distrito Nacional, no existe hasta el momento ninguna ordenanza, resolución ni reglamento municipal que legitime formalmente estas medidas. De hecho, el plan no figura entre los proyectos en discusión en el sitio web oficial del cabildo.

Esta situación podría abrir la puerta a impugnaciones legales. Según la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, el ordenamiento del tránsito en vías urbanas es competencia exclusiva del ayuntamiento. Por tanto, la aplicación de restricciones como las prohibiciones de giro a la izquierda, sin aprobación del Concejo de Regidores, podría ser declarada nula por los tribunales.

A pesar de esto, las medidas han sido puestas en marcha por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), sin pasar por el procedimiento legal requerido.

Expertos advierten que, incluso si el plan se considera un piloto o una prueba temporal, cualquier intervención en la organización del tránsito urbano debe contar con la autorización del concejo, de acuerdo con la legislación vigente.

En este sentido, la sentencia TC/0097/22 del Tribunal Constitucional, emitida en abril de 2022, reafirma que los ayuntamientos poseen potestad normativa plena sobre el tránsito local, y no necesitan autorización de organismos nacionales para ejercerla.

El vacío legal en que se aplican estas restricciones plantea interrogantes sobre la validez y sostenibilidad del plan “RD se mueve” en su ejecución actual, y pone en evidencia la necesidad de coordinación institucional entre el Gobierno central y los órganos municipales para garantizar el cumplimiento del marco legal vigente.