Principal acusado de operación Nido reacusa juez por supuesta parcialidad 

Santo Domingo. – La defensa de Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado de encabezar una red que estafó a más de 500 personas a través de proyectos inmobiliarios fraudulentos, recusó al juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, argumentando falta de imparcialidad.

Será la Corte del Distrito Nacional quien determine si el juez Mejía continuará o no a cargo de la audiencia preliminar, programada de manera tentativa para el 17 de febrero a las 9:00 a.m.

Se recuerda que el 3 de enero del año pasado el órgano acusador puso en marcha la Operación Nido, con la cual quedó desmantelada una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.

En el despliegue de la Operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.

La investigación realizada por el Ministerio Público arrojó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.

Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.

A raíz de la investigación, el imputado inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellarán en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.

También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.