Perjudicados de Calamar afirman que MP los tiene excluidos de acuerdos con los imputados

Santo Domingo. – El abogado Martín Rubiera y otros representantes legales de la familia Mota, afectados en el caso Calamar, externaron su preocupación ante la exclusión de estos en los procesos de los acuerdos de criterio de oportunidad que realiza el Ministerio Público y algunos de los imputados.

Asegura que el órgano persecutor está confundiendo a las víctimas y desbordar su competencia, debido a que según lo que expresa el jurista este está tomando de manera independiente las decisiones que corresponden a los actores civiles, afectando de manera considerable el desarrollo del proceso.

En el caso Calamar, en el que están siendo imputados exfuncionarios de los pasados gobiernos del expresidente Danilo Medina, y que dirige la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la acusación que pesa contra los señalados es de haber desviado fondos públicos para financiar campañas políticas y operar una red de sobornos en negocios con máquinas tragamonedas.

Rubiera recordó al Ministerio Público que, según lo que establece el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal Dominicano, es necesario el consentimiento de todas las víctimas para aplicar un criterio de oportunidad.

De su lado, el también jurista Pablo Castillo señaló que la ley exige una indemnización para las víctimas, para poder aplicar un criterio de oportunidad, por lo que no entiende como el MP considera que solo el Estado dominicano es víctima de las supuestas acciones fraudulentas de los imputados.

Y mientras la familia Mota, que denuncia un proceso de expropiación fraudulento, por el que reclama una indemnización de RD$ 12 mil millones, esta a la espera de que el Ministerio Público los tome en consideración, la audiencia de homologación del criterio de oportunidad fue fijada para el 22 de agosto, y será ese día cuando se conozca la decisión de la jueza Altagracia Ramírez sobre los acuerdos con los testigos.

Los imputados han acordado devolver al Estado dominicano bienes y sumas de dinero como parte de su cooperación. Estos incluyen inmuebles, dinero y otras propiedades, con montos que van desde RD$ 32 millones hasta RD$ 1,100 millones.