PC califica de ilegal entregar recursos a los partidos no consignados en el presupuesto

Santo Domingo.- Participación Ciudadana (PC) ha alzado su voz en contra de la reciente decisión del Poder Ejecutivo de asignar fondos a los partidos políticos que no estaban contemplados en el Presupuesto General. La organización argumenta que esta medida no solo viola la ley, sino que también establece un peligroso precedente que podría acarrear graves consecuencias para el país en el futuro.

Según Participación Ciudadana, la reducción de recursos para las organizaciones partidistas, así como para otras doce instituciones, no es un error puntual, sino una práctica recurrente motivada por la insuficiencia de ingresos del Estado para cumplir con todas las asignaciones contempladas en las leyes especiales. La organización enfatiza su rechazo a cualquier acción que se base en violaciones legales, especialmente cuando estas se realizan en beneficio de aquellos que tienen la autoridad para crear y hacer cumplir las leyes.

En un comunicado de prensa, el partido crítica la entrega de recursos bajo el compromiso del Poder Ejecutivo de reestablecerlos, argumentando que esto constituye una violación a la separación de poderes al pasar por encima del Congreso Nacional. Además, señala que esta acción beneficiaría a todos los partidos políticos, lo cual resulta inaceptable desde el punto de vista legal y ético.

La agrupación cívica destaca que, a lo largo de las últimas décadas, los sucesivos gobiernos han evitado abordar de manera integral la reforma fiscal y la revisión de leyes especiales que consignan porcentajes fijos del presupuesto. Asimismo, señala que el artículo 51 de la Ley No.80-23 establece claramente la posibilidad de ajustar recursos asignados por leyes especiales, lo cual ha sido una práctica común en cada presupuesto anual.

Entre las instituciones afectadas por los recortes presupuestarios se encuentran la Junta Central Electoral, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, los ayuntamientos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Cámara de Cuentas, entre otras.

El Partido hace hincapié en que la Constitución establece que cualquier traslado de recursos presupuestarios debe ser autorizado por ley, lo cual no ha ocurrido en este caso, violando así principios constitucionales y legales fundamentales.

La organización aboga por una revisión integral de las condiciones y montos de financiamiento consignados en las leyes electorales y de partidos, considerando los pobres resultados obtenidos hasta la fecha. Sin embargo, mientras esta revisión no se lleve a cabo, Participación Ciudadana insiste en la necesidad de respetar el marco legal vigente y evitar cualquier acción que comprometa la separación de poderes y el principio de legalidad en el manejo de los recursos públicos.