Parálisis judicial deja a más de 400 familias sin sus viviendas en La Romana

Compradores denuncian que maniobras legales ligadas a un proceso de divorcio mantienen bloqueado el proyecto habitacional.

Santo Domingo. – Decenas de compradores de un conjunto residencial en La Romana exigieron una respuesta urgente a las autoridades judiciales, tras denunciar que maniobras legales “sin fundamento” mantienen detenida la entrega de más de 400 viviendas ya pagadas por familias trabajadoras.

Los afectados aseguran que el conflicto ha obligado a la empresa desarrolladora, Inmobiliaria Don Juan, a paralizar por completo sus labores, dejando en incertidumbre tanto a empleados como suplidores y frenando el acceso a hogares que debían estar terminados.

De acuerdo con los adquirientes, el proyecto quedó atrapado en un proceso judicial ajeno a la empresa. Señalan que decisiones promovidas en tribunales, tanto locales como internacionales, han arrastrado a la compañía a un litigio que según afirman nada tiene que ver con la constructora, pese a que distintas instancias del sistema judicial ya habrían confirmado su independencia patrimonial.

El abogado Dionisio Ortiz explicó que el origen de la controversia surgió cuando la empresa fue incluida en una disputa de partición de bienes dentro del proceso de divorcio entre Juan Rafael Llaneza y María Amelia Hazoury.

No obstante, el jurista afirma que el patrimonio involucrado pertenece desde hace más de un siglo a la familia materna de Llaneza y que la ley impide que bienes heredados entren en un reparto conyugal.

Ortiz subrayó que tres tribunales distintos han confirmado que Inmobiliaria Don Juan no forma parte del conflicto y que varias de las acciones interpuestas fueron señaladas como temerarias. “Estamos frente a un uso indebido de los tribunales, con medidas que han afectado a cientos de familias que nada tienen que ver con un divorcio aún en curso”, expresó.

Entre los afectados está Gilberto Guerrier Batiste, maestro y técnico distrital, quien junto a su esposa adquirió una vivienda cuya entrega estaba prevista para marzo de 2025. Hoy asegura que su familia vive entre la incertidumbre y el temor de quedarse sin hogar. “Solo pedimos que se nos permita recibir nuestra casa. Estamos casi en la calle”, lamentó.

La misma angustia atraviesa Carmen Rosario, docente de quinto grado y madre de tres niños. Ella y su esposo también esperaban recibir su vivienda este año. “Quiero pasar Navidad con mis hijos en nuestra casa. Hemos cumplido con todo y aún así no podemos mudarnos”, expresó visiblemente afectada.

Otro comprador, Irving Batista, quien ya reside en el proyecto, espera la entrega de un terreno adicional adquirido para ampliar su vivienda. Aunque el banco ya desembolsó el préstamo, él continúa pagando intereses sin haber recibido la propiedad.

Las copropietarias de Inmobiliaria Don Juan, Coral Llaneza y Clarisa Gil Battle, repudiaron que un proceso personal se utilice para frenar el desarrollo de un proyecto inmobiliario y afectar a familias que con esfuerzo alcanzaron el sueño de su vivienda propia.

Gil Battle recordó que las tierras donde se desarrolla el proyecto han pertenecido a su familia por más de 100 años y que son ajenas al litigio matrimonial. Llaneza, por su parte, pidió a los tribunales actuar con celeridad y garantizar que la empresa pueda cumplir con la entrega de las viviendas. “Lo justo es permitirnos continuar y honrar nuestro compromiso con cada familia que confió en nosotros”, expresó.

Los adquirientes esperan que la justicia resuelva el impasse y ordene la continuidad del proyecto, mientras crece la preocupación entre quienes ven su futuro detenido por un conflicto en el que, aseguran, no deberían estar involucrados.