Ortiz Bosch pide enviar a Procuraduría a funcionarios que no han declarado su patrimonio

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, propuso este lunes que los funcionarios que no han cumplido con la presentación de su declaración jurada de bienes, tal como lo ha señalado la Cámara de Cuentas, sean referidos a la Procuraduría General de la República para que se inicie el proceso de sanciones legales.

Durante una reunión del sistema de control que evalúa la integridad gubernamental, Ortiz Bosch recordó que la Ley 311-14 establece sanciones claras para quienes incumplen con esta obligación, incluyendo la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, como primera consecuencia.

Aunque la normativa está vigente desde 2014, la funcionaria reconoció que nunca se ha aplicado de forma integral. Indicó que la responsabilidad de iniciar los procesos no está en el Poder Ejecutivo, sino en la Cámara de Cuentas, que es la entidad encargada de fiscalizar y remitir los casos a las autoridades judiciales.

Ortiz Bosch aclaró que las suspensiones de funciones realizadas desde el Ejecutivo han sido medidas temporales de presión, pero no constituyen sanciones legales firmes. “Han sido mecanismos para forzar el cumplimiento, no castigos definitivos”, afirmó.

Además, explicó que su oficina ha trabajado en crear conciencia pública sobre la importancia de la declaración jurada, apoyándose en medios de comunicación y campañas de sensibilización. Aun así, subrayó que sin acción firme de la Cámara de Cuentas, el proceso queda incompleto.

Una nueva Cámara de Cuentas, nuevas expectativas

La llegada del nuevo pleno de la Cámara de Cuentas, encabezado por Emma Polanco, ha sido recibida con optimismo por Ortiz Bosch, quien cree que esta nueva gestión podría marcar el inicio de un verdadero cumplimiento de la ley. A su juicio, hay señales de una mayor voluntad institucional para actuar.

Alcaldes, los más incumplidores

Uno de los puntos más críticos, según Ortiz Bosch, está en el nivel municipal. Señaló que los alcaldes son los que más incumplen con la entrega de su declaración patrimonial, a pesar de que todos los servidores públicos están legalmente obligados a hacerlo dentro de los plazos establecidos.

Finalmente, la funcionaria enfatizó que el país no puede seguir tolerando estas omisiones y que el seguimiento efectivo depende de que la Cámara de Cuentas cumpla su rol fiscalizador sin dilaciones.