Omar y la demagogia

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, ha colocado al gobierno en una incómoda situación, por decir lo menos, al exigirle -ahora vía el Tribunal Constitucional- el cumplimiento de la indexación de los salarios que debe implementarse cada año de acuerdo al nivel de inflación, según establece el párrafo 1 del artículo 296 del Código Tributario de la República Dominicana.

Dicho apartado establece lo siguiente: La escala establecida será ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año inmediatamente anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana.

Más claro, ni el agua. La ley ordena que año tras año se revise el porcentaje inflacionario y el Estado cobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a partir de un monto salarial mayor.

Con esto se procura proteger la capacidad de compra de aquellos que perciben un sueldo no muy elevado.

Este mandato legal debió empezar a implementarse a partir del año 2016, sin embargo, en los últimos cuatro años de la gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no se cumplió, como tampoco ha ocurrido ahora.

Actualmente las rentas hasta los RD$416,220.00 al año, es decir, los salarios que llegan a RD$34,685 mensuales, están libres del ISR y se cobra un 15 % al excedente a partir de RD$416,220.01 y hasta RD$624,329.00 anuales, igual a RD$52,027.41 al mes.

Omar busca que la diferencia entre los RD$34,685 actualmente exonerados y los RD$52,027.41, es decir, RD$17,342 queden también liberados del pago de dicho impuesto.

De no cobrarle este 15 % a una persona que gane RD$52,027.41 por ejemplo, sería como beneficiarlo con un aumento de sueldo indirecto de RD$2,601.3 mensuales, o RD$31,215.6 al año.

El senador de la capital tiene razón. Sería un alivio para los dominicanos que se encuentran en estos rangos salariales que lo establecido en el Código Tributario se aplique de manera rigurosa.

Que lo establezca una ley debería ser suficiente, pero en República Dominicana la cosa -o la vaina- no funciona así. 

Basta recordar lo que sucedió con la Ley Orgánica de Educación 66-97, que especializa el 4 % del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria.

La Coalición por una Educación Digna se cansó de reclamar el cumplimiento de esta norma al ex presidente Leonel Fernández y este nunca obtemperó.

Alegaba que el tema educativo en el país no se resolvía solo con dinero y es cierto. Pero no se le estaba preguntando su opinión, sino exigiéndole el cumplimiento de la ley.

Además, el León tuvo tiempo más que suficiente para introducir los cambios en el sistema de enseñanza del país que él entendiera, pues, tras la promulgación de esta norma agotó otros dos períodos consecutivos como presidente de la República.

Sin embargo, testarudo como el que más, no solo no impulsó las transformaciones para que la educación funcionara, sino que tampoco obtemperó en el cumplimiento de la referida legislación.

El artículo 3 de la Ley 166-03 sobre Ingresos Municipales determina que: “Para el año 2004, la participación de los Ayuntamientos en los montos totales de los ingresos del Estado Dominicano pautados en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos será de un 8 % y a partir del año 2005 se consignará un 10 % (diez por ciento), incluyendo los ingresos adicionales y los recargos.

Ni Leonel Fernández ni Danilo Medina cumplieron este mandato y la actual gestión de gobierno tampoco, aunque para ser justos se reconoce que quien mayores recursos ha destinado a los cabildos es el presidente Luis Abinader.

Distintos artículos de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana establecen multas de uno a varios salarios mínimos para los conductores que incurran en infracciones a esta normativa.

Por ejemplo, el artículo 133 sobre el respeto a las señales del semáforo determina que violar esta disposición será sancionado con multa equivalente de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de los puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento. Esto tampoco se cumple y en la práctica el pago por contravenciones de tránsito ronda entre los RD$1,000 y RD$1,500.

Recordar además solo de soslayo, que la Constitución del año 2010 impedía al presidente Danilo Medina postularse nuevamente al cargo para las elecciones del año 2016.

Ante esta histórica y consuetudinaria violación a la normativa institucional del país y aprovechando no la libertad de expresión, sino de imaginación, cabe hacerse las siguientes cavilaciones;

¿Está Omar pidiendo que se cumpla el Código Tributario en torno a la indexación salarial por un tema de convicción o por simple conveniencia política?

¿Haría el senador del Distrito la misma solicitud si la Fuerza del Pueblo estuviera en el poder?

Y si Leonel hubiese llegado a la Presidencia en el 2024 ¿Habría indexado los salarios sin que nadie se lo pidiera?

Aún si se lo exigiera alguna figura importante de una organización política o la sociedad en general ¿Lo haría?

A la primera pregunta responderíamos apoyando el segundo planteamiento. En torno a las otras tres, la respuesta es que lo dudamos mucho.

Aunque ahora se monta en la ola provocada por OF, la experiencia indica que LF se hubiese inventado algún subterfugio para no cumplir con lo que hoy exige y es ingenuo imaginar que el representante de la capital en el Senado por la FP se le fuera en contra.

Si alguien alega que no existen los supuestos sobre una posibilidad que no fue, le reiteraría que la imaginación es libre y que el pasado es un buen referente para reflexionar en torno a un posible futuro.

Danilo concede razón a las dudas cuando recientemente justificó, “mentirijilla” incluida, por qué no cumplió con el Código Tributario en torno a la indexación.

Lo bueno de la propuesta de Omar- que originalmente no es de Omar, porque muchos ya habían hecho el mismo reclamo sin que generara tanto aspaviento incluyendo a Faride Raful– es que de alguna manera presiona al gobierno para identificar nichos dentro del Presupuesto a fin de cumplir con el mandato del CT, lo que beneficiaría de manera directa a miles de asalariados.

Además, casi seguro que este sea un compromiso que tenga que asumir la próxima gestión de gobierno parecido a lo que ocurrió con el 4 % para la educación.

A nuestro humilde entender, lo más positivo es que plantea la necesidad de que el Estado se acoja a su propia legalidad y, en caso de ser así, el reclamo del congresista sería innecesario.