Crónica de una muerte anunciada: Crisis de seguridad en Haití

Puerto Príncipe.- La crisis de seguridad en Haití ha alcanzado niveles alarmantes, exacerbada por manifestaciones exigiendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry, situación que se agrava debido a la constante agresión por parte de pandillas a los ciudadanos de la nación, un colapso socio-económico y una anarquía generalizada.

La situación en Haití no solo representa un desafío para la estabilidad y seguridad del país, sino que también tiene implicaciones regionales. Los países vecinos, como Cuba, Estados Unidos, la República Dominicana y otros, están vigilando a Haití, debido al riesgo que representaría el desbordamiento poblacional hacia sus territorios, especialmente en lo que respecta al aumento de la migración ilegal, el contrabando y las enfermedades.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el 2 de octubre del año pasado, el despliegue de una fuerza armada multinacional en Haití para enfrentar esta situación, tomando la batuta en el asunto, la nación de Kenia, pero esta misión ha vivido retrasos por la negativa de la oposición keynesiana de enviar tropas y policías a Haití.

Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití ha enfrentado una crisis política, humanitaria y económica sin precedentes. Las pandillas que controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, han intensificado los ataques, extendiéndolos incluso a regiones fuera de la ciudad. Las cifras son alarmantes, con al menos 2.439 personas fallecidas y cerca de 1.000 secuestradas entre principios de 2023 y agosto pasado, según la ONU.

El principal objetivo de la misión internacional es establecer condiciones de seguridad para elecciones justas y libres en Haití. Sin embargo, la captura o neutralización de líderes pandilleros puede tener solo un impacto temporal si no se aborda la infraestructura y la corrupción que sustentan a estas organizaciones.

La situación también ha afectado gravemente a los periodistas, con numerosos casos de agresiones durante la cobertura de protestas y manifestaciones. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado estas agresiones y ha instado a las autoridades a garantizar la seguridad de los periodistas.

El año pasado fue particularmente violento para la prensa, con secuestros y asesinatos de periodistas que quedaron impunes. La SIP ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia contra la prensa y la falta de protección gubernamental. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la situación en Haití.

La situación en la frontera dominico-haitiana se ve agravada por la construcción ilegal de un canal de riego por parte de haitianos, que involucra el desvío de agua del Río Masacre. Este proyecto, bajo la fachada de un deseo público, en realidad responde a los intereses de un sector privado en Haití que busca aumentar sus cultivos agrícolas y suministrar agua a una mina cercana.

Este acto representa un peligro tanto para la seguridad hídrica como para las relaciones fronterizas entre ambos países. La construcción ilegal del canal puede tener impactos ambientales devastadores, afectando la disponibilidad de agua para las comunidades locales en República Dominicana y generando conflictos por el acceso a este recurso vital.

En respuesta a esta situación, el presidente dominicano ha tomado medidas para proteger la frontera, incluida la construcción de un muro fronterizo con la ayuda de una firma israelí. Esta acción busca fortalecer la seguridad y controlar el flujo ilegal de personas y recursos a través de la frontera, además de proteger los intereses y recursos del país.