Mujeres en la boleta electoral: ¿con qué competir?

Por Gloria Reyes

El pasado 10 de septiembre cerró en Santo Domingo la Semana del Impulso a la Paridad Política, donde más de trescientas mujeres rurales y lideresas de la región pasaron cuatro días formándose para aspirar a un cargo electivo. Traían resuelto lo más difícil, que es el arraigo en sus comunidades, el deseo de ayudar a su gente, pero toda aspiración se encuentra con un dilema práctico: ¿con qué? La República Dominicana ha avanzado en garantizar por ley la participación de las mujeres en las boletas electorales. Lo que debemos hacer ahora es asegurar que además cuenten con recursos para competir.

Verlas intercambiar experiencias sobre liderazgo, campañas y construcción de equipos permitió recordar algo sencillo: muchas mujeres ya son líderes mucho antes de aspirar a una candidatura. Lo son cuando organizan sus comunidades, impulsan proyectos productivos o encabezan organizaciones sociales. Una mujer rural que empieza a imaginar una candidatura, una joven que participa por primera vez, una dirigente con años de recorrido, una lideresa que fortalece sus herramientas, una legisladora que comparte lo aprendido: todas estaban ahí, reconociéndose como parte de una misma conversación. Ese capital humano existe y está disponible. Hay talento de sobra.

La Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral han establecido mecanismos para garantizar una mayor participación de las mujeres en las candidaturas, disponiendo que las nominaciones correspondientes estén integradas por no menos de un 40 % ni más de un 60 % de hombres y mujeres. Ese logro cambió la política dominicana. Lo que sigue es avanzar en las condiciones para la competitividad.

La ley resolvió la presencia, y ese logro cambió la política dominicana. Lo que sigue es la competitividad. Recorrer comunidades durante meses y sostener una estructura de campaña cuesta dinero, como sabe cualquiera que haya participado en un proceso electoral. Cuando una mujer llega a la competencia con menos posibilidades de recursos que sus contrincantes compite en desventaja real. Esa diferencia es hoy la barrera principal de muchas aspiraciones, y es también de los problemas que menos hemos hablado.

Se piensa que la participación de las mujeres ya está garantizada y que a partir de ahí todo depende del esfuerzo de cada candidata. Hay verdad en eso, porque ninguna candidatura se construye sin trabajo propio y ninguna mujer que he conocido espera que le regalen nada. Pero el esfuerzo no compensa una diferencia de recursos. Una candidata que no tiene cómo recorrer su municipio no está haciendo la misma campaña, por más que trabaje igual que los demás. Reconocer eso no le quita mérito a nadie. Permite ver dónde está el obstáculo real.

Nuestro propio marco legal ofrece un punto desde el cual podemos avanzar. La Ley núm. 33-18 dispone que al menos un 10 % de los recursos que reciben los partidos, agrupaciones y movimientos políticos por concepto de financiamiento público sea destinado a la educación política. Es un instrumento importante para fortalecer las capacidades de quienes participan en política. Sin embargo, la ley no establece específicamente que esos recursos deban ejecutarse con perspectiva de género, aun cuando las mujeres enfrentan desventajas particulares para acceder a las herramientas, redes y recursos necesarios para competir.

Ahí existe una oportunidad. Podemos pensar cómo aprovechar mejor los instrumentos que ya tenemos para que la formación política y el adiestramiento técnico contribuyan también a reducir esas brechas. No se trata únicamente de asegurar que las mujeres estén en las boletas, sino de procurar que lleguen a ellas con mejores herramientas para desarrollar candidaturas competitivas.
Varios países de las Américas ya han empezado a responder a este problema destinando una porción del financiamiento político a la formación y a las candidaturas de mujeres. Por eso el resultado más importante de esa semana no fue un discurso sino un mecanismo. Se lanzó la Coalición Regional para Promover el Acceso de las Mujeres al Financiamiento Electoral, impulsada por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, cuya coordinación hemos asumido desde la República Dominicana.

La sociedad civil también tiene mucho que aportar en este campo. Necesitamos un tejido social fuerte que apoye la participación real y efectiva de las mujeres en la política.

Nada de esto lo hicimos solas. La Semana del Impulso a la Paridad Política se construyó junto al CIPAF, Participación Ciudadana y el Centro de Mujeres Afro Políticas, con el acompañamiento de la OEA, la Unión Europea y el Gobierno de Francia, y contó con la conferencia magistral de Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica. El curso llevó el nombre de Milagros Ortiz Bosch, primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de la República, y ese nombre importa. Cada puerta que hoy está abierta la abrió alguien empujando, y a cada generación le toca abrir las siguientes.

Aquella pregunta que escuché toda la semana —¿con qué?— todavía no tiene una buena respuesta en ningún país de la región. Conseguirla es parte del trabajo que la República Dominicana acaba de asumir ante las Américas. Y ahora toca darle continuidad: seguir formando liderazgos, conectar a las mujeres entre sí, escuchar sus experiencias, producir evidencia y construir, junto a los partidos, la sociedad civil y los organismos electorales, soluciones que permitan avanzar de la presencia en la boleta a condiciones reales para competir.

La Semana del Impulso a la Paridad Política terminó, pero el compromiso apenas comienza. La meta es que la próxima generación de mujeres rurales, jóvenes, lideresas comunitarias y dirigentes que decidan dar el paso hacia una candidatura encuentre un camino con menos barreras y más herramientas para recorrerlo. Que llegue el día en que la pregunta ya no sea “¿con qué voy a competir?”, sino “¿qué propuesta quiero llevarle a mi comunidad y a mi país?”.