MP se pone a disposición de las partes interesadas en verificar pruebas contra imputados en caso Calamar

Santo Domingo.- La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortíz, indicó que el Ministerio Público está a disposición de las partes interesadas en verificar las pruebas físicas o digitales que forman parte de la acusación contra los imputados en el caso Calamar. 

Esto,  en  interés de evitar se dilate el inicio del juicio preliminar que se sigue contra 46 personas vinculadas a hechos de corrupción administrativa enfrentados con la Operación Calamar, cuyo expediente involucra a los ex ministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero. 

Tras el incidente presentado por la abogada Laura Acosta Lora, parte del equipo de letrados que representa al exministro y excandidato Gonzalo Castillo, quien alegó que al menos 937 documentos digitales de la glosa probatoria no le permiten el acceso.

Durante la audiencia, Mirna Ortíz, además rechazó el plazo de cuatro meses solicitado por la defensa de la imputada Nathali Fernández Guzmán, para analizar la acusación, por entenderlo no razonable y desproporcionado. En ese mismo orden, dejó a responsabilidad de las partes solicitar las pruebas físicas o digitales que requieran. 

Con relación a las familias querellantes que solicitaron incluir a más personas físicas y jurídicas en la acusación, la coordinadora de Litigación de LA PEPCA, Mirna Ortíz, aclaró que de acuerdo a la norma, cuando la acción penal es pública, el Ministerio Público es el órgano responsable de decidir a quién acusar.

Se recuerda que laausencia de la imputada Ana Linda Fernández fue la principal causa para que la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, aplace el inicio del juicio preliminar. La misma presentó una licencia médica que abarca un plazo de un mes, desde el 8 del presente mes de junio hasta el 7 de julio.

El tribunal además tomó en consideración las partes que no habían sido debidamente notificadas y, por tanto, no estuvieron presentes en la audiencia.

La jueza Altagracia Ramírez fijó la audiencia para el 26 de agosto, a las 9:00 de la mañana. Tiempo que entendió razonable, conforme al debido proceso y la amplitud de la acusación, para que todas las partes puedan estar listas para el inicio de la etapa preliminar.