Modernizando el Estado

Jorge Amado Méndez
Abogado

En septiembre del pasado año, el gobierno presentó la propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública. Esta propuesta persigue eliminar duplicidades en las instituciones públicas para ser más coherentes y eficientes.  En ejecución de esta propuesta, ya fue promulgada la Ley No. 45-25 que crea el Ministerio de Hacienda y Economía que fusiona estos ministerios. Igualmente, el presidente emitió el Decreto 349-25 que crea la Dirección de Desarrollo Social Supérate, fusionando así el programa Supérate y la Administración de Subsidios Sociales (ADESS). Otros ministerios e instituciones que se propone fusionar se encuentran en fase de reestructuración. Todo este proceso se lleva a cabo bajo el liderazgo del Ministerio de Administración Pública, como órgano rector del Estado dominicano.

La ejecución de estos planes significa un profundo proceso de transformación y modernización de la administración pública, que no solo producirá una reducción de recursos y eficientización del gasto, sino que deberá contribuir significativamente a reducir la burocracia, pero sobre todo optimizar la calidad del servicio público y del servidor público.

La carrera de servicio público en nuestro país ha tenido pocos reformadores. A lo largo de nuestra historia democrática ha imperado la cultura corporativa del partido gobernante, en la que gobierno y jerarquía funcionarial han manejado el Estado como un entramado que pone de manifiesto las desigualdades en los cargos públicos, lo que imposibilita en múltiples casos que las cualidades de sentido de obligación ética, prestigio y moral, que deben caracterizar la gestión, dejen de ser la norma para la promoción o el ascenso del empleado y todo se convierta en una guerra por puestos. Es una práctica que comenzó a desmontarse a partir de 2020, manifestada en un mayor respeto a la institucionalización de la carrera administrativa.  

Según la ley No. 41-08 de Función Pública y que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública (Ahora Ministerio), un servidor público es aquella persona que ejerce un cargo permanente de la función pública, designado por autoridad competente. Pero un servidor público debe ser mucho más que esa simple definición. Estamos hablando de una persona cuya principal característica debe ser la vocación para el servicio. Por eso, el despido de la administración pública de personas con vocación para sustituirlas por individuos ineptos, trae como consecuencia un terrible deficiencia en la calidad de los servicios. Precisamente uno de los principios fundamentales de la ley se refiere a que el ingreso y el ascenso en la función pública se base en el mérito personal demostrado por la evaluación de su desempeño.

El Ministerio de Administración Pública, MAP, que es el órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la Ley de Función Pública, tiene por delante un gran reto, además de coordinar la ejecución de estos procesos, priorizar la protección del servidor público, velando por el mantenimiento y optimización de los servicios públicos, de manera que esta transformación en curso no afecte o deteriore los avances que hemos conseguido en materia de fortalecimiento de la calidad de los servicios y  de los planes de burocracia cero puestos en desarrollo en los gobiernos de Abinader.  

Según indicara recientemente el ministro de la administración pública, Sigmund Freund, a partir del 16 de agosto será sometido por ante el Congreso Nacional un proyecto de Ley para la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, que, dado su tamaño y complejidad, sin lugar a dudas generaría un impacto significativo en el diseño del gobierno central. 

Si bien en muchas facetas de la vida, “reformar es una constante”, la transformación de la administración publica debe ser un proceso continuo y constante. El estado necesita adaptarse a las cambiantes necesidades sociales, económicas y tecnológicas para ser eficiente y efectivo. Este proceso implica una revisión y actualización constante de normas, estructuras organizativas, servicios y sistemas. 

En fin, la ciudadanía debe abrazar este proceso de reformas, pues la eficiencia del gasto siempre conllevará el cuidado de recursos financieros que bien pueden invertirse en la calidad de vida de todos los dominicanos.