Ministerio Público califica de histórica coerción en caso Senasa

Santo Domingo.- El procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó como una decisión histórica la medida de coerción contra los 10 imputados en el presunto desfalco contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) por más de RD$15,000 millones.

Precisó que los encartados están todos privados de libertad, aunque en diferente modalidad.

“Es una decisión histórica que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en tres elementos: uno de esos elementos ha sido la gravedad de los hechos que el juez ha reconocido y que, incluso, los ha calificado como crueles y muy graves, los ha entendido como una traición, los ha llamado una locura colectiva y los ha comparado, incluso, como una forma holocausto, entendiendo lo que planteó el Ministerio Público de que se trata de hechos extremadamente graves”, manifestó Camacho.

Sostuvo que el segundo elemento tomado en cuenta por el tribunal fue la contundencia de la investigación del Ministerio Público, la cual reconoció y tomó como base para fundamentar su decisión, incluso, citando documentos y testimonios presentados.

De igual modo, indicó que el juez valoró la colaboración que fue prestada al Ministerio Público y sobre esa base dictó prisión preventiva para siete de los imputados y los envió a Najayo Hombres y Najayo Mujeres, respectivamente; y arresto domiciliario y garantías económicas e impedimento de salida para otros tres.

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso como medida de coerción 18 meses de prisión preventiva a los imputados: Santiago Marcelo Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Mientras quedaron bajo arresto domiciliario e impedimento de salida Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, estas dos últimas deberán pagar una garantía económica de RD$100,000.

Al grupo se le atribuye incurrir además en coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, entre otros.