Minería responsable: cambiar el chip para convertir los recursos en desarrollo

Por Elizabeth Mena

En la República Dominicana necesitamos cambiar el chip con el que abordamos la conversación sobre minería. Durante demasiado tiempo, la discusión pública ha tendido a dividirse entre quienes defienden el aprovechamiento de nuestros recursos minerales y quienes cuestionan sus impactos ambientales y sociales. Aunque ambas perspectivas plantean preocupaciones legítimas, reducir el debate a una confrontación entre posiciones opuestas nos impide profundizar en la pregunta verdaderamente importante: ¿cómo queremos aprovechar nuestros recursos naturales y qué modelo de desarrollo deseamos construir como país?

Mi participación en RD Debate, bajo la interrogante «Minería responsable… ¿o mito?», organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), me permitió compartir algunas de las convicciones que han orientado mi trayectoria profesional. Agradezco a sus organizadores, a Radio Televisión Dominicana, a El Nuevo Diario y a los medios aliados por promover un espacio que debería ser el inicio de una conversación nacional más amplia, capaz de trascender las posiciones individuales y contribuir a la formulación de propuestas concretas.

A lo largo de mi trayectoria como abogada, ejecutiva y estratega, he trabajado con organizaciones que enfrentan decisiones complejas, en las que convergen intereses económicos, obligaciones jurídicas, riesgos ambientales y relaciones institucionales. Esta experiencia ha fortalecido una convicción fundamental: una inversión puede ser económicamente rentable sin ser necesariamente viable. El desarrollo exige comprender las oportunidades de un proyecto, pero también sus riesgos, sus efectos sobre el entorno y las condiciones necesarias para ejecutarlo responsablemente. En esa evaluación debemos recordar siempre que, aunque vivimos en una isla dotada de importantes riquezas naturales, nuestro recurso más valioso es el ser humano.

De la confrontación a la viabilidad de los proyectos

Los minerales, tanto metálicos como no metálicos, forman parte de nuestra vida cotidiana y son insumos esenciales para la construcción, la industria, las comunicaciones, el transporte y el desarrollo tecnológico. Reconocer su importancia no significa asumir que todo yacimiento deba explotarse, del mismo modo que reconocer los riesgos de la actividad no debería conducirnos a descartar cualquier posibilidad de aprovechamiento. Necesitamos criterios rigurosos para evaluar cada proyecto, comprender sus particularidades y determinar si representa una oportunidad compatible con los intereses del país.

Por eso considero que cualquier proyecto de inversión, minero o de otra naturaleza, debe analizarse desde cinco dimensiones estrechamente relacionadas: técnica, ambiental, legal, social y económica. Un proyecto puede reunir condiciones geológicas favorables y ofrecer una rentabilidad atractiva, pero resultar inviable si compromete una fuente esencial de agua o produce impactos ambientales inaceptables. De igual manera, una iniciativa técnicamente bien estructurada puede enfrentar dificultades importantes si desconoce las preocupaciones de las comunidades, carece de seguridad jurídica o no contempla adecuadamente sus obligaciones futuras.

En el ejercicio profesional he podido apreciar que las organizaciones suelen dedicar grandes esfuerzos a evaluar la rentabilidad y las condiciones técnicas de sus inversiones, pero no siempre otorgan la misma atención temprana a los riesgos sociales, institucionales y reputacionales que pueden comprometer su ejecución. Cuando estos riesgos se materializan, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá del costo económico inicial. De ahí la importancia de incorporar la gestión integral de riesgos desde la planificación, identificando escenarios, evaluando alternativas y estableciendo responsabilidades y mecanismos de prevención. Si los riesgos residuales resultan inaceptables, la decisión responsable puede ser no desarrollar el proyecto, independientemente de su potencial económico.

La sostenibilidad como estrategia, no como cumplimiento aislado

Hablar de minería sostenible exige reconocer que estamos frente a una actividad basada en recursos no renovables y que su sostenibilidad no significa una explotación indefinida ni la ausencia absoluta de impactos. Debe entenderse como un modelo de aprovechamiento que procura equilibrar tres dimensiones fundamentales: la protección ambiental, la generación de beneficios sociales y la creación de valor económico. Estas dimensiones necesitan un pilar transversal determinante: la institucionalidad, la regulación y la gobernanza.

Desde la perspectiva ambiental, la responsabilidad implica identificar los impactos, prevenir los evitables, minimizar los restantes y establecer mecanismos efectivos de gestión, restauración y compensación cuando corresponda. En el ámbito social, supone generar empleos de calidad, promover la formación de capital humano, fortalecer proveedores locales y contribuir al bienestar de las comunidades. En el aspecto económico, exige procurar una retribución justa, suficiente y proporcional para el país, considerando las inversiones, los costos y los riesgos asociados a cada operación. El equilibrio entre estas dimensiones no se logra mediante declaraciones de principios, sino incorporándolas a la planificación empresarial y a los mecanismos de supervisión pública.

Esta visión también exige superar una interpretación limitada del cumplimiento normativo. Obtener permisos, elaborar informes o adoptar políticas internas constituye una parte importante de las obligaciones empresariales, pero no garantiza por sí solo una gestión responsable. Una organización puede cumplir determinados requisitos formales y, aun así, enfrentar riesgos ambientales, operacionales, sociales o reputacionales que comprometan su continuidad. Por eso, la sostenibilidad no debe funcionar como un departamento aislado, sino formar parte de la estrategia del negocio, de sus decisiones de inversión y de su modelo de gobernanza. A su vez, el Estado necesita capacidades técnicas, recursos institucionales y mecanismos de verificación para exigir resultados y actuar frente a los incumplimientos.

De la desconfianza a la prevención de conflictos

Uno de los desafíos más importantes de la minería dominicana es la desconfianza que determinados proyectos generan en las comunidades. Las preocupaciones pueden relacionarse con la protección del agua, experiencias ambientales anteriores, expectativas económicas insatisfechas o la percepción de que las decisiones se toman sin escuchar suficientemente a quienes habitan los territorios. No debemos asumir que todas las comunidades tienen las mismas inquietudes ni que todos los conflictos responden a una misma causa. Comprender estas diferencias es indispensable para diseñar procesos de participación adecuados y construir relaciones sostenibles.

Desde mi experiencia en relaciones institucionales y gestión de riesgos, he confirmado la importancia de anticipar situaciones que, si no se atienden oportunamente, pueden evolucionar hacia conflictos de gran complejidad. Una preocupación comunitaria desatendida puede desencadenar consecuencias jurídicas, sociales, financieras y reputacionales, comprometiendo tanto la continuidad de una inversión como el bienestar de la población. Por eso, el relacionamiento comunitario debe comenzar desde las primeras etapas del proyecto, mediante información accesible, participación efectiva, escucha activa y mecanismos permanentes de diálogo. La responsabilidad social no puede reducirse a donaciones o iniciativas ocasionales; debe formar parte de una estrategia de relacionamiento y desarrollo territorial.

También debemos distinguir entre la autorización legal y la aceptación social de un proyecto. La decisión administrativa corresponde a las autoridades competentes, dentro del marco jurídico aplicable, pero contar con una autorización no garantiza automáticamente la confianza de las comunidades. Esa confianza se construye mediante procesos transparentes, cumplimiento de compromisos y resultados verificables. El Estado debe evaluar, regular y supervisar; las empresas deben gestionar sus impactos y cumplir sus obligaciones; las comunidades necesitan mecanismos efectivos de participación; y las organizaciones sociales y ambientales pueden aportar información y ejercer vigilancia ciudadana. La solución no consiste en eliminar las diferencias, sino en establecer mecanismos institucionales capaces de gestionarlas antes de que se conviertan en crisis.

De la extracción de minerales a la creación de valor

Otro desafío fundamental consiste en transformar la riqueza mineral en desarrollo económico y social que trascienda la vida útil de los yacimientos. Con frecuencia, la conversación se concentra en las exportaciones, las inversiones anunciadas o los ingresos fiscales, pero esas cifras no explican por sí solas cuánto valor permanece en el país ni cómo se traduce en bienestar. Debemos distinguir entre el valor de las exportaciones, los beneficios empresariales, la recaudación estatal, la generación de empleo y los encadenamientos productivos, evaluando también los costos y las obligaciones asociados a cada operación.

Los recursos minerales forman parte del patrimonio de la Nación y tienen una característica esencial: son finitos. Su aprovechamiento implica transformar una riqueza natural no renovable en ingresos presentes, lo que nos obliga a pensar en las generaciones futuras. Necesitamos procurar una retribución económica justa para el país, pero también determinar cómo esos recursos pueden convertirse en educación, infraestructura, innovación, formación técnica y actividades productivas capaces de mantenerse cuando concluya la explotación. En este sentido, la transparencia debe permitirnos conocer no solamente cuánto recibe el Estado, sino cómo se utilizan esos ingresos y cuáles resultados producen.

Considero igualmente importante evaluar las oportunidades de aumentar el valor agregado nacional mediante el procesamiento y la transformación industrial de nuestros minerales. Esto no significa asumir que todas esas actividades deban realizarse necesariamente en territorio dominicano, sino identificar, a partir de estudios de viabilidad y competitividad, dónde podemos desarrollar ventajas productivas, incorporar tecnología, fortalecer proveedores nacionales y generar nuevas oportunidades empresariales. La minería debe analizarse en conexión con la política industrial, la formación de capital humano, la innovación y las estrategias de competitividad del país, de manera que su contribución económica no se limite a la extracción.

En este proceso, las comunidades vinculadas a las operaciones merecen una atención especial. Una mina puede generar empleos, demanda de servicios y oportunidades para proveedores, pero también puede producir dependencia económica si no se planifica adecuadamente la diversificación productiva. Por eso debemos diferenciar entre programas aislados de responsabilidad social y verdaderas estrategias de desarrollo territorial. Una donación puede resolver una necesidad inmediata, mientras que una estrategia de desarrollo busca fortalecer capacidades económicas permanentes mediante educación, emprendimiento, infraestructura y articulación entre las empresas, las autoridades y las comunidades.

Esta planificación debe comenzar desde el inicio de la operación e incorporar tanto la transición económica como el cierre ambiental. Las obligaciones de restauración y seguimiento posterior deben estar definidas y respaldadas por garantías financieras adecuadas, mientras que las comunidades deben prepararse para desarrollar actividades capaces de sostenerse cuando concluya la extracción. No podemos medir el éxito de un proyecto exclusivamente por lo que produce durante sus años de operación, sino también por las condiciones ambientales, sociales y económicas que deja como legado.

Una estrategia nacional para los próximos veinte años

La discusión desarrollada en RD Debate reafirma la necesidad de avanzar hacia una estrategia nacional de aprovechamiento responsable de los recursos minerales, con una visión que trascienda los períodos gubernamentales y permita conectar las decisiones de inversión con los objetivos de desarrollo del país. No se trata únicamente de modernizar disposiciones legales, sino de construir un sistema de planificación, evaluación, gobernanza y seguimiento que permita adoptar decisiones coherentes y medibles a lo largo del tiempo.

Esa estrategia debería comenzar con un conocimiento actualizado de nuestros recursos minerales, su potencial económico y las restricciones ambientales y territoriales aplicables. A partir de esa información necesitamos establecer criterios claros para determinar dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse la actividad, fortalecer la evaluación integral de proyectos y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de minería, medio ambiente, ordenamiento territorial y desarrollo económico. Esta planificación contribuiría a reducir incertidumbres, anticipar conflictos y ofrecer mayor claridad tanto a las comunidades como a los inversionistas.

El segundo componente debe ser el fortalecimiento de la gobernanza y de los sistemas de gestión de riesgos. Esto implica mejorar la capacidad técnica de fiscalización, establecer mecanismos de transparencia y verificación independiente, desarrollar procedimientos de participación temprana y asegurar que las obligaciones de cierre y restauración estén respaldadas desde el inicio. También necesitamos indicadores públicos que permitan evaluar el desempeño ambiental y social de las operaciones, de manera que la responsabilidad pueda demostrarse mediante resultados y no solamente mediante compromisos declarados.

El tercer componente debe concentrarse en la generación de valor nacional. Necesitamos articular la minería con la política industrial, el desarrollo de proveedores, la formación técnica, la innovación y la planificación territorial, así como evaluar mecanismos que permitan transformar una parte de los ingresos provenientes de recursos no renovables en inversiones productivas y oportunidades para las futuras generaciones. La estrategia debe establecer objetivos, responsables, plazos e indicadores, porque una política pública no puede medirse únicamente por las disposiciones que aprueba, sino por los resultados que logra producir.

En este contexto, la seguridad jurídica y la protección ambiental no deberían entenderse como objetivos incompatibles. Ambas requieren reglas claras, decisiones debidamente fundamentadas, instituciones capaces y mecanismos efectivos de cumplimiento. La seguridad jurídica no significa que todos los proyectos deban autorizarse, sino que las decisiones se adopten conforme a criterios previsibles y consistentes, respetando los derechos y las obligaciones de todos los actores. La protección ambiental, por su parte, exige evidencia científica, prevención, fiscalización y capacidad para actuar cuando los riesgos resultan inaceptables o se producen incumplimientos.

Cambiar el chip también significa cambiar la manera de decidir

Los problemas complejos difícilmente pueden resolverse desde una sola perspectiva. Las decisiones empresariales e institucionales requieren comprender el entorno, evaluar escenarios, anticipar riesgos y articular intereses que no siempre coinciden. Esta es la visión que orienta nuestro trabajo desde EM Soluciones y Estrategia, donde acompañamos a organizaciones en el desarrollo de estrategias, la gestión integral de riesgos, el cumplimiento normativo, la sostenibilidad y las relaciones institucionales. Nuestro enfoque parte de comprender las particularidades de cada proyecto y contribuir a construir las condiciones necesarias para que las decisiones sean viables, responsables y sostenibles en el tiempo.

La República Dominicana necesita espacios de discusión que no concluyan cuando se apagan las cámaras. Necesitamos transformar el intercambio de argumentos en propuestas concretas, fortalecer nuestras capacidades institucionales y construir una visión compartida sobre el aprovechamiento de nuestros recursos. En materia minera, como en cualquier otra actividad económica, debemos superar la idea de que el debate se resuelve exclusivamente entre quienes están a favor y quienes están en contra, y concentrarnos en las condiciones técnicas, ambientales, legales, sociales y económicas que deben cumplirse para que una inversión contribuya responsablemente al desarrollo nacional.

Cambiar el chip significa comprender que nuestra mayor riqueza no se encuentra solamente en los minerales que posee nuestro territorio, sino en el talento de nuestra gente y en la capacidad de transformar esos recursos en bienestar, conocimiento y oportunidades. Lograrlo requiere visión estratégica, instituciones fuertes, empresas responsables, participación ciudadana y capacidad de ejecución, de manera que el aprovechamiento de una riqueza que se agota pueda contribuir a construir un desarrollo duradero para las generaciones presentes y futuras.