Miguel Valerio defiende la promulgación del Código Penal pero rechaza la comisión presidencial para revisarlo

El jurista consideró que las modificaciones debían ser promulgadas para evitar que entrara en vigencia el texto anterior sin las correcciones realizadas, aunque sostuvo que la revisión permanente de la legislación penal debe corresponder al Congreso Nacional.

Santo Domingo. El jurista Miguel Valerio defendió la promulgación de las modificaciones al Código Penal, al considerar que era necesario poner en vigencia las correcciones realizadas por el Congreso Nacional, pero rechazó la comisión presidencial creada para dar seguimiento a la nueva legislación y propuso que esa tarea sea asumida por una instancia bicameral permanente.

Valerio, constitucionalista, penalista y catedrático universitario, explicó que, de no promulgarse las modificaciones, habría entrado en vigencia el Código Penal aprobado en 2025 sin los cambios posteriormente introducidos, por lo que valoró el trabajo realizado por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco.

Valerio ofreció estas declaraciones durante una entrevista en El Avance Radio, que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 de la mañana por la emisora 100.1 FM, conducido por los periodistas Carlos Del Pozo, Yulissa Reyes, Martín Severino, Patricia Dipré y Víctor Herazme.

“El Código Penal había que promulgarlo, digo, la modificación al Código Penal del año 2025 había que promulgarla, porque de lo contrario únicamente iba a entrar en vigencia el Código Penal sin ningún reparo”, expresó.

El jurista sostuvo que los legisladores escucharon a los sectores interesados y acogieron modificaciones que consideraron pertinentes, entre las que destacó el plazo concedido al empresariado para adecuar sus legislaciones internas, programas de cumplimiento y mecanismos relacionados con la responsabilidad penal.

También señaló que el Congreso acogió parcialmente algunas de las propuestas formuladas por comunicadores alternativos, aunque no adoptó en su totalidad el consenso presentado por esos sectores.

“Yo entiendo que es un avance, porque ese Código Penal tiene situaciones mucho más importantes que las que se han discutido”, afirmó Valerio, quien destacó que la legislación incorpora reglas de interpretación penal y disposiciones vinculadas con los derechos fundamentales de las personas que entran en conflicto con la ley.

A pesar de respaldar la promulgación, Valerio manifestó su desacuerdo con la comisión designada por el Poder Ejecutivo para evaluar la aplicación del Código Penal y formular eventuales propuestas de modificación, debido a que, según afirmó, ese tipo de instancias no ha producido buenos resultados históricamente.

“He dicho de manera coherente durante años que no soy partícipe de ninguna comisión, esas comisiones han terminado siendo un desastre”, expresó.

Recordó que en 1997 fue integrada una comisión con destacados juristas y penalistas, pero sus miembros no lograron ponerse de acuerdo, mientras el país continuó durante casi tres décadas discutiendo la aprobación de una nueva legislación penal.

Valerio planteó que el Senado y la Cámara de Diputados deben crear una comisión permanente de política criminal y seguridad ciudadana, o una instancia bicameral que reciba, estudie y canalice las propuestas de modificación al Código Penal.

“Yo creo que eso es materia congresual, que el Congreso debe hacer una comisión permanente de política criminal y seguridad ciudadana, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, inclusive una comisión bicameral permanente de revisión al Código Penal”, manifestó.

El jurista explicó que las comisiones designadas por el Poder Ejecutivo dependen de una administración determinada, mientras el Congreso tiene una vocación de mayor permanencia institucional y posee la facultad constitucional de aprobar y modificar las leyes.

No obstante, reconoció como un avance democrático que representantes de los comunicadores alternativos hayan sido incluidos en la comisión presidencial, citando la participación de Pedro Balbuena, quien representó jurídicamente a Somos Pueblo durante las discusiones desarrolladas ante el Ministerio de Justicia.

Valerio aclaró que la comisión podría servir para preparar las propuestas que el Poder Ejecutivo decida presentar ante el Congreso, pero insistió en que la revisión de la legislación debe permanecer bajo la responsabilidad de los representantes elegidos por la población.

Más de un 98 % de aspectos positivos

Al evaluar el contenido del Código Penal, Valerio afirmó que el 98.99 % de sus disposiciones representa logros para el país, debido a que actualiza una legislación originada en el siglo XIX e incorpora conductas relacionadas con la realidad social y tecnológica del siglo XXI.

Entre las nuevas infracciones mencionó las estafas piramidales, las falsedades documentales digitales, las competencias ilegales de vehículos y el abuso policial, además de otras conductas que no estaban adecuadamente contempladas en la normativa anterior.

“Uno no puede estar en el siglo XXI, con conductas muy diferenciadas, hablando de lo que ocurrió en el siglo XIX, porque no es la misma sociedad, inclusive demográficamente no es la misma sociedad”, indicó.

Como uno de los aspectos negativos, reiteró su oposición al cúmulo de penas, al sostener que la República Dominicana tradicionalmente aplicaba un sistema de no acumulación y que habría sido preferible establecer sanciones máximas determinadas para los delitos más graves.

También consideró que algunas conductas de la parte especial del Código podrían definirse con mayor precisión, debido a la influencia que conserva el modelo penal francés en la redacción de determinadas infracciones.

Tribunales deberán interpretar las disposiciones cuestionadas

Sobre los alegatos de ambigüedad en algunas disposiciones, Valerio explicó que corresponderá a los tribunales penales y constitucionales interpretar el alcance de cada conducta y determinar, caso por caso, si existe una incompatibilidad con la Constitución.

“Ahora toca a los tribunales la palabra y el análisis va a determinar que muchas de esas cosas que dicen que son ambiguas no lo eran, sino que hay que ver el contexto de cada delito y cómo se interpreta la norma”, expresó.

El penalista consideró correcto que el presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, acudiera al Tribunal Constitucional para cuestionar las disposiciones que entiende contrarias a derechos fundamentales, al señalar que cualquier sector afectado por una norma tiene derecho a utilizar las vías constitucionales correspondientes.

Explicó que el Tribunal Constitucional puede exhortar al Congreso a modificar un artículo o expulsar una disposición del ordenamiento jurídico, y recordó que sus decisiones son vinculantes para todos los poderes públicos.

Defiende la protección penal del honor

En cuanto a la difamación y la injuria, Valerio afirmó que nunca ha favorecido su despenalización, porque entiende que el honor constituye un bien jurídico protegido por el derecho penal.

Sin embargo, advirtió que no toda crítica, meme, expresión ofensiva o señalamiento dirigido contra un funcionario público configura automáticamente una infracción penal, debido a que debe analizarse el contenido concreto de la imputación.

Explicó que no es lo mismo calificar genéricamente a un funcionario como corrupto que atribuirle la sustracción de una cantidad específica de recursos mediante un contrato determinado, conducta que sí podría ser evaluada dentro de los elementos constitutivos de la difamación.

Valerio sostuvo que el país tendrá que avanzar hacia una nueva etapa de regulación de la comunicación, debido al impacto público alcanzado por las redes sociales, aunque rechazó cualquier legislación que obligue a periodistas o investigadores a revelar sus fuentes.

Reclama mayor divulgación

Finalmente, el catedrático afirmó que la implementación del Código Penal dependerá principalmente de la capacitación que desarrollen el Ministerio Público, la Escuela Nacional de la Judicatura, la Defensa Pública, el Colegio de Abogados y las universidades.

Indicó que el Poder Ejecutivo podría contribuir mediante programas de divulgación y jornadas dirigidas a sectores específicos, pero precisó que la formación de fiscales, jueces, defensores públicos y abogados corresponde a las instituciones responsables de cada área.

“El Ejecutivo como tal tiene poca cosa que hacer, le toca ahora al Ministerio Público, a la Defensa Pública, a los abogados, a los jueces y a la ciudadanía estar enterada de lo que va pasando con el Código Penal”, sostuvo.

Valerio concluyó que la población todavía no conoce suficientemente la nueva legislación, por lo que consideró necesario ampliar su socialización y explicar cuáles conductas constituyen delitos, cuáles son sus consecuencias y qué derechos reconoce el nuevo marco penal.