Los casos más recientes de corrupción en RD; Operación Lobo e irregularidades en Inabie

Santo Domingo, RD.-La persecución de la corrupción en la República Dominicana se ha convertido en una de las principales misiones de la Procuraduría General de la República durante los últimos cinco años y en este período se ha manifestado la voluntad e interés de romper con el patrón de acciones ilícitas que históricamente se realizan en instituciones del Estado dominicano.

La gestión que encabezó la exprocuradora general de la República, Miriam Germán Brito, que inició el 16 de agosto del 2020 impulsó una serie de operaciones mediante las cuales se desmantelaron varias estructuras de corrupción que, de acuerdo con las acusaciones, se apoderaron de miles de millones de pesos correspondientes a recursos públicos.

Durante el transcurso del año 2025 y ya con Yeni Berenice Reynoso al frente de la PGR, han salido a la luz pública varios expedientes de corrupción en distintas instituciones del Estado, que involucran a servidores de la actual gestión gubernamental.

Los casos más recientes llevados a la justicia
Operación Lobo

De acuerdo con las autoridades, el caso denominado como la Operación Lobo es un entramado de corrupción que está siendo investigado por presuntamente entregar sobornos a funcionarios de distintas instituciones del Estado dominicano a cambio de contratos de seguridad en condiciones irregulares.

Según el Ministerio Público, los sobornos se entregaban a nombre de la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), epicentro del escándalo de corrupción revelado por el órgano persecutor.

Entre las entidades mencionadas en el expediente figuran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como las tres distribuidoras de electricidad del país: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

El expediente instrumentado por el órgano fiscalizador indica que SENASE fue constituida el 16 de noviembre de 1998. Su principal accionista es Quilvio Bienvenido Rodríguez González, quien figura con el 94 % de participación en la empresa. El resto pertenece a su esposa e hijos.

La empresa fue registrada con un objeto social bastante amplio: brindar consultoría en seguridad personal, residencial, comercial e industrial; vigilancia privada; traslado de valores y equipos; así como distribución de materiales médicos, incluyendo mascarillas quirúrgicas.

Sobornos

Según el Ministerio Público, entre 2014 y 2024 SENASE movilizó más de RD$7,247 millones a través del sistema financiero nacional, utilizando cuentas en bancos como Banreservas, Banco Popular y el BHD. La cifra, de acuerdo con la investigación, revela que la empresa logró mantenerse brindando diversos servicios al Estado a través de los pagos ilegales que realizaba a funcionarios.

El expediente señala que entre un 5 % y un 10 % de los ingresos de SENASE por servicios fueron destinados al pago de sobornos a titulares de instituciones y personas vinculadas a los procesos de contratación.

Ese rango representa entre RD$362 millones y RD$724 millones, presuntamente pagados con el propósito de asegurar contratos y mantenerlos bajo condiciones irregulares.

Según la información colgada en el portal institucional del Ministerio Público, el pasado 15 de julio el equipo de fiscales del Estado concluyó con la presentación de su solicitud de prisión preventiva contra militares y civiles arrestados en la Operación Lobo por el pago de sobornos en detrimento de los fondos de instituciones públicas.

El grupo judicial, encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, solicitó al juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la imposición de prisión preventiva para los imputados, en virtud de la gravedad de los hechos que cometieron, así como la declaratoria del caso como complejo.

El expediente judicial revela que entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.

En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Irregularidades en el INABIE

En el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) continúan las irregularidades en procesos de compra de alimentos y utilería escolar, de acuerdo con declaraciones del titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

El pasado 9 de julio salió a relucir que la DGCP informó sobre anomalías en los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012, destinados a la adquisición de utilería escolar.

Los hallazgos por parte de la institución fiscalizadora revelan graves violaciones a la Ley 10-07 de Control Interno y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La DGCP informó que, en virtud de la gravedad de estos hallazgos, el expediente completo fue remitido a la Procuraduría General de la República para los fines legales correspondientes.

Entre las principales violaciones identificadas se destacan la flexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios, y la aplicación de medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas.

Asimismo, se detectó una preocupante falta de uniformidad en los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados.

Durante el desarrollo de la investigación se identificaron indicios relevantes que apuntan a la existencia de conflictos de interés y posibles prácticas anticompetitivas, específicamente actos de colusión entre oferentes.

Las autoridades señalan que estos indicios surgen a partir del análisis de vínculos societarios y personales entre representantes legales de distintas empresas participantes, lo cual sugiere una coordinación previa orientada a influir de manera indebida en los resultados del proceso de contratación.

La investigación de la Unidad Antifraude y la DGCP arrojó, además, indicios de una posible confabulación entre funcionarios del INABIE y determinados proveedores, evidenciada en patrones de comportamiento que sugieren coordinación previa para beneficiar a empresas específicas durante los procesos de licitación.

Entre las prácticas observadas se encuentran la flexibilización de criterios de evaluación, la omisión deliberada de controles documentales y la participación directa o indirecta de servidores públicos en la manipulación de decisiones técnicas y administrativas.

A esto se suma el comportamiento irregular y sospechoso de varios peritos evaluadores, así como de los coordinadores responsables de dirigir y validar su trabajo, quienes habrían permitido la emisión de informes sin garantías de rigor técnico ni verificación adecuada e informes alterados.

En la investigación se identificaron inconsistencias notables entre los informes preliminares y los definitivos, sin documentación que justifique las variaciones. Además, se detectaron indicios de modificaciones no autorizadas, sustituciones o posibles falsificaciones de informes periciales, lo que compromete seriamente la legalidad del proceso y evidencia un patrón de actuación que podría haber favorecido de forma intencionada a determinados oferentes, en detrimento de la transparencia y la equidad del procedimiento de contratación.

Pero a pesar de todo lo puntualizado por la DGCP, el director de INABIE, Víctor Castro, mantiene la postura de que dentro de la institución no operan mafias que benefician a oferentes. Sin embargo, tras lo informado por la institución de control, Castro informó que, como parte de la investigación interna, 11 empleados fueron suspendidos y posteriormente desvinculados por su posible relación con empresas que participaron en los procesos de licitación sin los méritos adecuados.

Avances y retos en la lucha contra la corrupción en RD

Sobre este tema El Avance Media realizó una consulta al sociólogo Cándido Mercedes, quien consideró que la República Dominicana ha avanzado en el combate contra la corrupción.

El experto puntualizó que el país actualmente ocupa la posición número 36 en el ranking internacional que mide a los países en este sentido.

Mercedes señaló que las autoridades dominicanas están ejecutando las acciones para hacerle frente a la corrupción sin importar la entidad política a la que pertenezcan los involucrados.

Señaló que falta mucho por avanzar y que todavía hay grandes retos por superar, entre los que señaló los siguientes:

1. Continuar la vigilancia para frenar las acciones ilícitas desde el Estado.
2. Darle mayor participación a la sociedad para que se convierta en un gran veedor.
3. Continuar denunciando los casos en los cuales se comprueben irregularidades y que estén comprometidos los recursos económicos del país.
4. Despojar a los funcionarios de la patología del poder (uso inadecuado del poder).
5. Eliminar el dispendio de los recursos del Estado, entre muchos otros desafíos que hay que superar para seguir avanzando en la referida dirección.
Las consideraciones del sociólogo se desprenden de los reconocimientos positivos que han tenido estamentos internacionales sobre el país en la materia.

En el pasado mes de julio, el presidente Luis Abinader informó que el Gobierno dominicano ha recuperado 6,500 millones de pesos, producto de actos de corrupción, en una tarea titánica que enfrentó el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP).

El mandatario, al encabezar LA Semanal el pasado lunes 14 de julio, explicó que, de esa cantidad, 350 millones corresponden a recuperación directa y los otros 300 de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.

Los numerosos casos de corrupción que han salido a la luz pública en la República Dominicana han generado una mayor conciencia social y han motivado a la ciudadanía a asumir un rol más activo como veedora del accionar de los servidores públicos.

En ese orden, la población exige que se sancione a quienes incurren en prácticas ilícitas que afectan los bienes públicos.

Este contexto ha colocado a las autoridades bajo el escrutinio público, obligándolas a actuar con mayor transparencia y responsabilidad.

Aunque falta un largo trecho por recorrer a fin de reducir a su mínima expresión el flagelo de la corrupción en el país, en los últimos años se han enviado señales importantes sobre las consecuencias que pueden enfrentar aquellos que se apropian o permiten el desvío de los fondos públicos para temas distintos al bienestar de toda la sociedad.