Los 10 implicados en el caso Senasa: perfiles y cargos de los acusados

Santo Domingo. – El Ministerio Público mediante la Operación Cobra acuso a mas de diez personas de desviar al menos 15 mil millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) a través de reclamaciones falsas, facturación ficticia, sobornos y pagos irregulares. Por este caso, las autoridades solicitaron 18 meses de prisión preventiva contra los diez imputados, entre ellos exdirectivos y funcionarios que, según la investigación, participaron activamente en un esquema de corrupción sistemática.

La Dirección General de Persecución y la Pepca señalan que el entramado operó desde la estructura interna de SeNaSa y que contó con la participación de prestadores de servicios de salud, quienes habrían facilitado maniobras fraudulentas para distraer fondos públicos. Las acusaciones incluyen estafa, desfalco, prevaricación, coalición de funcionarios, falsificación, soborno y lavado de activos.

Perfiles confirmados de los diez imputados:

Santiago Marcelo F. Hazim Albainy

Exdirector ejecutivo del SeNaSa entre 2020 y 2025. El Ministerio Público lo señala como la cabeza del entramado, acusándolo de instalar un sistema paralelo de operaciones dentro de la institución para favorecer contrataciones, habilitaciones y pagos irregulares. 

Gustavo Enrique Messina Cruz

Se desempeñó como gerente financiero del SeNaSa entre 2020 y 2024. De acuerdo con el MP, su rol permitió la manipulación de estados financieros y la autorización de pagos que sustentaban el esquema fraudulento. Su defensa ha declarado que él se puso a disposición de las autoridades.

Germán Rafael Robles Quiñones

Fue consultor jurídico del SeNaSa. Está acusado de participar en la elaboración o validación de contratos irregulares y documentos que permitieron la ejecución de pagos injustificados. Tenía un salario mensual superior a los RD$160,000.

Francisco Iván Minaya Pérez

Gerente de Servicios de Salud del SeNaSa, con un salario que rondaba los RD$266,500. Según las autoridades, jugó un papel clave en la habilitación de prestadores y en la intermediación de contratos cuestionados dentro del régimen contributivo y subsidiado.

Eduardo Read Estrella

Empresario y propietario de Khersun S.R.L., una empresa contratada por SeNaSa desde 2020 para servicios del régimen subsidiado. La investigación establece que su empresa recibía un pago mensual fijo bajo modalidad “por cápita”, independientemente de la prestación del servicio. Su defensa asegura que ha colaborado con la entrega de documentos.

Cinty Acosta Sención

Ejecutiva de la empresa IntraCare, y vinculada también a Madison Medical, S.A., ambas suplidoras de servicios médicos. Es señalada como parte de las empresas que recibieron pagos irregulares o inflados durante el funcionamiento del esquema.

Ramón Alan Speakler Mateo

Ejecutivo del Grupo Siulrod SRL, empresa identificada entre los suplidores asociados al caso. También figuraba como auxiliar de protocolo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Está acusado de participar en la red de empresas que facilitó la distracción de fondos desde la institución.

Ada Ledesma Ubiera

Ejecutiva de una farmacéutica que, según la investigación, fue suplidora del SeNaSa y habría recibido pagos vinculados al entramado. Es una de las detenidas en los allanamientos realizados por el Ministerio Público.

Rafael Luis Martínez Hazim

Uno de los imputados incluidos en la solicitud de medida de coerción. Tras allanamientos en su residencia, se entregó voluntariamente a las autoridades. Aunque no se han detallado ampliamente sus funciones específicas dentro de la estructura, el MP lo vincula directamente al esquema.

Heidi Mariela Pineda Perdomo

Incluida entre los diez acusados en la solicitud de prisión preventiva. Hasta el momento, los medios no han divulgado su posición exacta dentro del SeNaSa o de empresas relacionadas, pero está dentro del grupo señalado por la Operación Cobra como colaboradora de la red

El alcance del desfalco

Las autoridades sostienen que la red funcionó durante años bajo un esquema que combinaba contratos manipulados, adulteración de estados financieros y triangulación de recursos para ocultar la magnitud del desfalco. El Ministerio Público asegura haber reunido evidencias documentales, financieras y testimoniales que sustentan la acusación y permiten reconstruir cómo se movieron los fondos dentro y fuera del sistema de salud.

Este caso forma parte de la línea de acción anticorrupción que lleva a cabo el Ministerio Público, orientada no solo a obtener sanciones judiciales, sino también a garantizar la recuperación total del dinero sustraído del patrimonio público. Las investigaciones continúan abiertas y podrían derivar en nuevas imputaciones a medida que avance el proceso judicial.