La operación detrás del desfalco por más de RD$15,000 millones al Senasa

Santo Domingo. – Las autoridades del Ministerio Público habrían comprobado el uso de una serie de estrategias fraudulentas, puestas en marcha para distraer los fondos del Servicio Nacional de Salud (Senasa), durante la gestión del exdirector Santiago Marcelo Hazim Albainy.  

Según establece la solicitud de medida de coerción, junto al exdirector del Senasa, operaron de manera fraudulenta Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Al grupo se le imputa desfalcar al Estado a través del Senasa por un monto superior a los RD$15,000 millones, así como de incurrir en coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, entre otros.

Conforme con el Ministerio Público desde el Senasa alegadamente se creó una estructura organizada con el objetivo de sustraer fondos públicos a través de mecanismos de corrupción y operaciones de lavado de activos vía empresas que comercializaban en el sector salud. Dicha red se encargaría de obstruir cualquier iniciativa de mejora institucional o programa de transparencia que interfiriera con sus maniobras.

Además, se habrían conformado programas especiales destinados a recibir “sumas millonarias en sobornos”, bajo un esquema de operaciones sin el debido sustento técnico ni financiero, que simulaban legitimidad para justificar el desvío de fondos.

También, que, a través de personas claves de las áreas de Contabilidad, Análisis Financiero y Tecnología, se orquestaría la adulteración de los estados financieros de Senasa, a fin de mantener la apariencia de solvencia ante los organismos de fiscalización externa. Dicha distracción de fondos de las reservas técnicas comprometió la solvencia y el pago futuro a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).

Personal clave

Las pesquisas de los procuradores y fiscales sostienen que el personal de la Gerencia de Tecnología fue instrumentalizado y subordinado para asegurar que la alteración de los registros contables se ejecutara desde la base de datos de la institución.

De igual modo, que reclutaron y cooptaron a funcionarios técnicos dentro de la estructura financiera para ejecutar órdenes ilícitas, manipular informes financieros y autorizar cierres fraudulentos de cuentas.

Asimismo, indica que se violentaron controles financieros internos basado en la manipulación directa del bordereau (registro de reclamaciones pendientes), y los controles contables para ocultar la dimensión del déficit. El gerente financiero, Gustavo Enrique Messina Cruz es señalado como el encargado de realizar un sub-registro de las obligaciones financieras con una base de datos del registro falseada.

El documento del Ministerio Público señala que desde la alta gerencia de Senasa se direccionaron los contratos fraudulentos por sumas millonarias.

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Empresas de carpetas y prestadores

El Ministerio Público sindicó a los imputados de constituir una red de empresas de carpetas para realizar supuestas operaciones de lavado de activo obtenidos en los millonarios esquemas de sobornos, con la generación de facturas ficticias para sustentar las operaciones. Los sobornos eran exigidos a los contratistas privados.

Asimismo, que negociaban ilegalmente la restitución de códigos a Prestadores de Servicios de Salud (PSS) cancelados, los que emitían facturas con comprobantes fiscal por servicios no realizados; “simulando relaciones comerciales para justificar la salida de fondos privados destinados al pago de sobornos a funcionarios de Senasa”.

Otros Hallazgos

Los argumentos que sustentan la solicitud de medida de coerción refieren que las transferencias bancarias por los presuntos servicios ficticios eran retiradas en efectivo.  “Los imputados implementaron que estas maniobras fraudulentas (facturación falsa y sub-registro) para evitar que las autoridades de fiscalización e investigación detectaran las maniobras fraudulentas y los estados financieros reales de la institución”.

De igual modo, resalta que se pagaron incrementos en la facturación de tratamientos de pacientes oncológicos abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapias, se adquirieron bienes a nombre de testaferros, se manipuló la lealtad de funcionarios menores y sobre todo se obstruyó la investigación.

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