La nueva Ley 47-25 sobre contrataciones públicas: un paso hacia la transparencia y la pulcritud

Paul J. Maldonado B.

El pasado lunes 28 de julio de 2025 fue un día histórico y trascendental. En la sede central de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Poder Ejecutivo, representado por el presidente de la República, Luis Abinader, promulgó la nueva Ley 47-25, que regirá los procesos de contrataciones públicas del Estado. Este acontecimiento marca un hito en la lucha contra la corrupción, y refleja un firme compromiso con la transparencia y la ética.

Sin embargo, para comprender la importancia de esta nueva ley, es necesario revisar brevemente los antecedentes en materia de contrataciones públicas desde la promulgación de la Ley 340-06, que era la legislatura de compras y contrataciones que se tenía.

Desde la promulgación de la Ley 340-06, las contrataciones públicas han estado reguladas por un marco normativo que, aunque bien intencionado, presentaba serias limitaciones. La falta de conocimiento sobre esta legislación, sumada a su ambigüedad y generalidad, permitió un amplio margen de discrecionalidad que favoreció prácticas corruptas y excluyentes. Esto desvirtuó por completo el ánimo del legislador sobre la equidad y transparencia en los procesos de compras de ese entonces.

Un avance importante llegó durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, con la promulgación del Reglamento de Aplicación Núm. 543-12, que buscó dar mayor eficacia, operatividad y correcta implementación de la ley. A partir de entonces, los entes públicos comenzaron a aplicar procedimientos más estructurados y transparentes, permitiendo mayor participación de oferentes interesados.

No obstante, estos esfuerzos requerían un acompañamiento activo del órgano rector. Lamentablemente, durante ese período, la Dirección General de Contrataciones Públicas desempeñó un rol pasivo y silencioso. Pese a múltiples denuncias de corrupción, tanto formales como a través de medios de comunicación, la DGCP rara vez intervino para garantizar la legalidad y la equidad en los procesos de compras. Esta actuación mino de manera negativa la confianza de los proveedores en los procesos de compras.

Con la llegada al poder del presidente Luis Abinader 2020, y la designación del Lic. Carlos Pimentel como Director General de Contrataciones Públicas. Desde entonces, se ha evidenciado un compromiso firme con la ética y el cumplimiento de las normas, iniciando una nueva era en la gestión de las contrataciones estatales. Este nombramiento trajo consigo un compromiso inquebrantable con la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. La DGCP asumió un rol proactivo y protagónico, cancelando, suspendiendo e inhabilitando procesos y oferentes que no se ajustaban a los principios de transparencia.

Durante esta gestión se han implementado múltiples herramientas y reformas institucionales, entre ellas:

• Manuales de procedimientos;

• Pliegos de condiciones actualizados;

• Documentos estandarizados;

• Códigos de ética;

• Circulares;

• Un nuevo sistema de compras públicas;

• Monitoreos preventivos;

• El Reglamento de Aplicación Núm. 416-23, emitido por el Poder Ejecutivo;

Estas implementaciones y cumplimiento de sus obligaciones por parte de la DGCP, ha traído consigo un clima y respiro de transparencia total.

La promulgación de la nueva Ley 47-25 representa otro avance fundamental de transparencia. Esta norma, actualiza una disposición que llevaba casi dos décadas vigente, incorporando en un solo cuerpo legal los elementos más relevantes del Reglamento 416-23, y otras buenas prácticas acumuladas en los últimos años.

Esta ley requiere que los Comités de Compras y Contrataciones de todas las instituciones del Estado, inicien con sus adecuadas capacitaciones con estas nuevas disposiciones jurídicas. Asimismo, los proveedores y oferentes deben estudiar las nuevas reglas, procesos y condiciones requeridas para contratar con el Estado dominicano.

Se ha previsto un período de entrada en vigencia de seis (6) meses, hasta el 28 de enero de 2026, para que tanto las instituciones públicas como los actores privados puedan capacitarse y adecuarse al nuevo marco legal.

En ese sentido, concluimos reconociendo el esfuerzo del presidente Abinader y del director Carlos Pimentel, verdaderos forjadores de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en nuestro país. Esta ley no solo moderniza el sistema de contrataciones públicas, sino que también fortalece la confianza ciudadana en la administración del Estado. Este es un ejemplo de cómo la voluntad política puede transformar la gestión pública en beneficio de toda la ciudadanía.