La industria del chantaje y la extorsión; un negocio lucrativo en RD

Santo Domingo, RD.-Los avances tecnológicos han permitido un desarrollo exponencial de la sociedad global en todos los sentidos. En términos generales, estos adelantos han impulsado un aumento en la calidad de vida de la gente, pero como casi todo, el progreso también tiene su parte negativa.

El boom tecnológico ha impactado de manera transversal los medios de comunicación, democratizando la publicación de contenidos en una amplia variedad de plataformas; se trata de una herramienta de doble filo ya que el mundo virtual es una réplica del real donde convive todo lo bueno y todo lo malo y en ese orden, algunos no desaprovechan la oportunidad de utilizar estos espacios para cometer todo tipo de delitos, incluyendo el chantaje y la extorsión.

Esto es lo que se ha vivido recientemente en República Dominicana con el caso de Ángel Martínez, mejor conocido como "El Detective", quien durante mucho tiempo se dedicó a propalar todo tipo de acusaciones contra importantes figuras de la política y otras áreas de la vida nacional.

Para hacer sus señalamientos, Martínez utilizó por años distintas plataformas digitales, pero principalmente YouTube, donde tiene un canal denominado "Detective Angel", que a la fecha cuenta con 331 mil suscriptores y ha colgado unos 2,200 videos.

En ellos, el autodenominado investigador privado, acusa a varias personas de corrupción, narcotráfico y muchos otros delitos, pero sin presentar las pruebas que sustenten esas graves imputaciones.

En su descripción, el canal Detective Angel señala que se trata de una plataforma de noticias operada por MP Investigations Media Group (EE.UU.), donde se publican investigaciones, análisis políticos, noticias de último minuto y documentales.

Precisa también que es un canal elegible para YouTube News con enfoque en justicia, derechos humanos, corrupción y geopolítica. Detalla a su vez que su contenido está protegido por la Primera Enmienda y leyes de prensa de Estados Unidos y que MP Investigations Media Group es una empresa de medios legalmente registrada en ese país.

Las acusaciones que ha hecho El Detective y las demandas que enfrenta

A través de la mencionada plataforma de YouTube, Ángel Martínez hizo aseveraciones tan serias como que el actual presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, se dedicó en el año 2020 a recabar dinero proveniente del narcotráfico para ser utilizado en la campaña del entonces candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.

El exministro de Educación, Roberto Fulcar, también fue acusado por El Detective de haber recibido dinero del narcotráfico.

En un video que transmitió el 17 de diciembre de 2022, Martínez afirmó que Fulcar recibió 150 millones de dólares del narco y que se reunió con fiscales de la DEA para cooperar con investigaciones.

Por esta imputación el extitular de Educación se querelló ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, reclamando una indemnización de 50 millones de pesos.

El Detective ha señalado en reiteradas ocasiones que el diputado por el PRM, Sergio Moya, conocido como (Gory), pertenece a una red de narcotraficantes.

Asimismo, en un video que emitió el pasado 20 de mayo, el “investigador” acusó al señor Luis Ricardo Reyes Mendoza de ser narcotraficante.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, también ha sido mencionada en los videos de Ángel Martínez. Este llegó a afirmar que poseía unos supuestos ‘videos íntimos’ de la funcionaria, llegando incluso a describir su contenido y anunciar que compartiría las imágenes.

En otra grave acusación, Martínez afirmó que la ex viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Milagros De Camps Germán, se encontraba embarazada y que el padre de la criatura era el presidente de la República, Luis Abinader.

En su momento, los representantes legales de la exfuncionaria explicaron que para narrar esta falacia El Detective utilizó un lenguaje de burla y manipuló imágenes.

El video en el que hizo esos señalamientos había alcanzado más de 400 mil visitas en apenas 10 días, por lo que esta acción habría provocado un fuerte daño a la imagen, honra y dignidad de Milagros De Camps.

La demanda incluye el reclamo de una indemnización de 10 millones de pesos para ser destinada a la protección y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Otra víctima de los videos de Martínez fue el presidente de la Asociación Ecuestre Nacional, Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte. En un contenido titulado “Arnulfo Gutiérrez y sus Hijos, Investigación activa desde EE. UU. Santiago, Mafia políticos”, El Detective vincula a Gutiérrez Almonte en actividades de narcotráfico, llegando a afirmar que este es hermano del exdiputado Miguel Gutiérrez, quien guarda prisión en una cárcel de la Florida por ese delito.

En la demanda se exige una indemnización de cinco millones de pesos 5 millones de pesos por daños y perjuicios.

El periodista Vargavila Riverón también se querelló contra el polémico personaje por los delitos de difamación e injuria.

Según la denuncia, Martínez vinculó al comunicador al bajo mundo y lo acusó de defender narcotraficantes.

Vargavila exige el pago de RD$10 millones de pesos en indemnización.

Otra acusación fue interpuesta por los abogados Elín Sepúlveda y Wandy Durán, quienes presentaron una querella contra el comunicador Ángel Martínez, acusándolo de estafar a la señora Sandra Eugenia de la Rosa por más de 300,000 dólares.

Según los abogados, Martínez se hizo pasar por agente de la CIA y el FBI, prometiendo resolver un proceso judicial mediante supuestas conexiones con autoridades estadounidenses y dominicanas.

Como parte del fraude, convenció a la víctima de crear una empresa eléctrica ficticia y realizar depósitos regulares en cuentas bancarias.

En otro caso, Arismendi Almonte, un empresario de Mao interpuso una querella por difamación, injuria y extorsión contra Ángel Martínez.

En términos de dinero esta sería la mayor demanda que pesa en contra de El Detective, ya que el querellante reclama una indemnización de 10 millones de dólares.

Las leyes y artículos violados por El Detective

A Ángel Martínez se le acusa de violar una serie de artículos del Código Penal Dominicano y de las leyes 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

En el caso del CPD a Martínez se le imputa violar los artículos 367 y 400, que tipifican la difamación e injuria.

La Ley 53-07 habría sido violada en sus artículos 21, y 22.

Artículo 21.- Difamación. La difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.

Artículo 22.- Injuria Pública. La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones, o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.

De la Ley 61-32 las disposiciones alegadamente violadas abarcan los artículos 29, 31, 33, 38 y 51, todos relativos a la difamación y la injuria.

Una red dedicada a la extorsión y al chantaje

En la práctica de difamar e injuriar para luego chantajear y extorsionar, Ángel Martínez no estaría solo.

En ese orden ha trascendido que el Ministerio Público investiga una presunta red dedicada a esos delitos encabezada por El Detective.

Según la investigación, esta estructura se ha dedicado a realizar prácticas de difamación, injuria y uso indebido de plataformas digitales contra figuras públicas del país, con el objetivo de obtener recursos económicos.
En la red estarían involucrados Ángel Eduardo Martínez Estévez, hijo de Ángel Martínez, la comunicadora Claudia Pérez (“La Tora”) y el general retirado Rafael Percival Peña.

Además, el periodista Fernando Peña, Luis Alfredo Cabrera alias “Kapullet” y José Macarallo, de la plataforma “La quinta pata”.

La investigación ya habría detectado la realización de transacciones económicas entre los implicados.

Entre los movimientos financieros que se encuentran bajo la lupa, estarían transferencias realizadas por el general retirado Percival Peña, quien fue jefe de campaña de Roque Espaillat, mejor conocido como “El Cobrador”, quien a su vez fue candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática (PED) en las pasadas elecciones.

Nunca trabajó para la DEA

Durante mucho tiempo Ángel Martínez sustentó su imagen pública aseverando que fue agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), además de analista de inteligencia.

Sin embargo, la DEA emitió un desmentido categórico sobre la supuesta vinculación de Martínez con esa entidad o con cualquier otra agencia del Departamento de Justicia estadounidense, incluyendo el FBI y la ATF.

La aclaración fue realizada por Tony Velásquez, vocero regional de la DEA.

Por varios años, El Detective utilizó estas credenciales para lanzar las temerarias acusaciones que lo llevaron a tener notoriedad.

Pidió perdón

El 31 de mayo, Ángel Martínez pidió perdón públicamente al presidente Luis Abinader por las declaraciones que había hecho en su contra y le agradeció por proteger su vida ante amenazas.

En declaraciones ofrecidas en distintos medios de comunicación, El Detective dijo que se sentía vencido por las presiones de grupos poderosos.

Se disculpó también con la ministra Faride Raful, a quien admitió haber criticado injustamente, y también pidió perdón por declaraciones pasadas contra Milagros De Camps.

El primer arresto

El comunicador Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez fue arrestado el lunes 26 de mayo por autoridades dominicanas mientras se encontraba a bordo del crucero MSC World America, que había anclado en Puerto Plata.

La Armada Dominicana ordenó detener la embarcación en altamar para realizar su captura. Fue trasladado a tierra en una lancha y posteriormente llevado al destacamento de la Policía Nacional.

La Policía Nacional informó que el arresto se ejecutó debido a una declaratoria de rebeldía emitida por la Novena Sala Penal del Distrito Nacional desde el 10 de junio de 2021. Esta se produjo por su incomparecencia injustificada ante un proceso por presunta violación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en perjuicio del político Guido Gómez Mazara.

El tribunal también había ordenado su arresto, prohibición de salida del país y publicación de sus datos para facilitar su localización. La captura, realizada a las 6:15 p.m., fue el resultado de una labor de seguimiento a sus actividades, que incluyeron grabaciones en zonas sensibles como un cuartel policial en construcción en Sosúa y el malecón de Puerto Plata.

El segundo arresto

El Ministerio Público volvió a arrestar a Martínez Jiménez el domingo 8 de junio en un hotel del Distrito Nacional, luego de que no se presentara ante la Fiscalía de Santiago por una citación relacionada con una querella por difamación e injuria.

La querella fue interpuesta por Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, presidente de la Asociación Ecuestre Nacional, y también involucra como cómplice a Vhanessa Victoria.

Medidas de coerción

El miércoles 11 de junio la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso medidas de coerción contra Martínez que incluyen:

• Colocación de un grillete electrónico.
• Presentación periódica mensual ante las autoridades judiciales.
• Impedimento de salida del país.
Campañas de descrédito por encargo

Una de las informaciones más recientes relativas a la saga de “El Detective”, es que este estaría vinculado a una serie de campañas de descrédito dirigidas contra empresarios, figuras públicas y funcionarios, presuntamente por encargo de políticos y empresarios dominicanos.

Trascendió que Martínez habría comenzado a colaborar con las autoridades, revelando los nombres de clientes frecuentes, entre los que se mencionan figuras pertenecientes a los partidos Fuerza del Pueblo y el PRM.

Entre los casos señalados, se menciona al político Roque Espaillat, conocido como "El Cobrador", quien supuestamente habría contratado una campaña de descrédito contra Ramfis Trujillo en el periodo previo a las elecciones de 2024.

De esta operación se han filtrado presuntas transferencias bancarias que habrían sido realizadas por su jefe de campaña, del que solo se ha dicho que es un general retirado.

Asimismo, se indica que Fernando Peña habría actuado como uno de los directores de negocios de Ángel Martínez en República Dominicana, y que su última operación buscaba afectar la imagen del consorcio Central Romana.

Otros casos

En octubre de 2024 el Ministerio Público acusó a José Ángel Gómez Canaán (Jochi), de encabezar un esquema de espionaje ilegal a través de las cámaras instaladas para vigilar el tráfico del Gran Santo Domingo, operadas por la empresa Transcore Latam, S.R.L.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvo en ese momento que la información obtenida se usó para extorsionar ciudadanos, violando la seguridad pública y la privacidad.

Asimismo, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, aseguró que el contrato entre la empresa Aurix y el Ministerio de Defensa permitió el uso indebido de información clasificada de seguridad nacional, facilitando chantajes y amenazas por parte de Jochi Gómez.

En un caso que data del año 2012, el nombre de Jochi Gómez empezó a vincularse con escándalos de esta naturaleza, tras ser investigado por un presunto hackeo a 44 cuentas de correo electrónico pertenecientes a empresarios y funcionarios del Gobierno de ese período.

A Gómez se le acusó de haber accedido a los correos electrónicos de la entonces primera dama, Margarita Cedeño, así como de espiar comunicaciones de varios ministros y figuras del sector empresarial.

Extorsión a un comediante

El comediante Jochy Jochy (Jochy Domínguez) denunció un intento de extorsión en el que le exigían RD$450,000 para no acusarlo falsamente de pedofilia.

Explicó que todo inició con un mensaje de WhatsApp de un supuesto padre que lo acusaba de haber contactado a su hija por videollamada.

Dijo que luego recibió amenazas, montajes falsos y audios manipulados. Incluso un supuesto coronel intentó "negociar" con él.

Jochy denunció el caso ante el Dicat y advirtió a sus seguidores sobre este tipo de chantajes digitales.

No son casos aislados

El expediente de Ángel Martínez y estos otros casos exponen una peligrosa distorsión del uso de plataformas digitales en República Dominicana, donde se ha construido un modelo de comunicación basado en acusaciones infundadas, difamación y chantaje, disfrazados de periodismo o análisis crítico.

El auge de este tipo de prácticas evidencia la necesidad urgente de aplicar con rigor las leyes que regulan los delitos digitales, así como de promover una cultura de consumo responsable de información.

La libertad de expresión no puede servir de escudo para acciones delictivas, y las plataformas tecnológicas deben asumir mayor responsabilidad frente al contenido que alojan.

Más que un caso aislado, lo ocurrido con “El Detective” refleja un patrón más amplio que requiere atención estatal, judicial y social. En un entorno mediático cada vez más vulnerable a la desinformación, la defensa de la verdad, la ética y el respeto a la dignidad deben ser las prioridades.