Corte revoca la extinción del caso Tucano y aclara que el plazo no es solo un cálculo matemático

Santo Domingo.-La Tercera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en una decisión unánime, revocó la extinción penal del caso relacionado con los sobornos para la compra de los aviones Super Tucano en 2007. El principal acusado en este caso es el exministro de Defensa de esa época. La corte emitió su sentencia 502-01-2024-SSEN-00164, anulando la decisión del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que había extinguido el caso por el vencimiento del plazo máximo del proceso judicial.

Los jueces de la Corte de Apelación concluyeron que no hubo demoras judiciales injustificadas que justificaran la extinción del caso. En consecuencia, ordenaron que el juicio se reinicie desde cero en el tribunal original. Además, los magistrados aclararon la distinción entre "plazo legal" y "plazo razonable", señalando que este último, según jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, no se limita a un simple cálculo matemático, sino que debe considerar otros factores como la complejidad del caso y la conducta de los imputados.

Los jueces se refirieron a los artículos 44 y 148 del Código Procesal Penal, que establecen que la duración máxima de un proceso penal es de cuatro años, con una posible extensión de doce meses en caso de sentencia condenatoria, para permitir la tramitación de recursos. En el caso de los Tucano, el proceso ha durado más de ocho años desde que comenzó en agosto de 2016.

El tribunal también citó la resolución 1920 de la Suprema Corte de Justicia, que establece que para determinar si hubo violación del plazo razonable se deben considerar factores como la gravedad del delito, la conducta del imputado, la complejidad del caso y la efectividad de las autoridades para llevar a cabo el proceso. Según esta resolución, no todo caso que exceda el plazo máximo establecido por la ley vulnera el derecho a un juicio en un plazo razonable, sino solo aquellos en los que haya una dilación indebida del proceso.

En cuanto a los acusados, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha imputado a varios individuos por el caso de cohecho, entre ellos el exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez (exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana), el empresario Daniel Aquino Hernández, y las empresas 4D Business Group y Magycor.