Juicio por tragedia del Jet Set comienza este viernes

Santo Domingo. – El proceso judicial por el desplome del techo de la discoteca Jet Set entra este viernes en una de sus etapas más importantes, con el inicio del juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario por la tragedia que provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridas.

La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y será conocida por el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien tendrá a su cargo determinar las responsabilidades penales derivadas del colapso ocurrido en el reconocido centro de entretenimiento.

El expediente presentado por el Ministerio Público tiene 156 páginas y reúne 84 testigos, además de pruebas documentales y materiales que serán incorporadas durante el desarrollo del juicio.

Junto a los hermanos Espaillat figuran como terceros civilmente demandados las empresas Inversiones E y L, S.R.L., Difusora Hemisferio, S.R.L. y Radio Cadena Comercial, S.R.L., además de Eveline Espaillat y Ana Grecia López.

La defensa de los propietarios estará encabezada por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez. Por parte del Ministerio Público participarán Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución; Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional; Héctor Joel García Acevedo, procurador general de la Corte de Apelación, junto a los fiscales Magalys Sánchez, Miguel José Collado García, Rosa Ysabel Mejía, Enmanuel Antonio Ramírez Sánchez y Vladimir Viloria.

Las víctimas, por su lado, estarán representadas por abogados como Ingrid Hidalgo, Laura Acosta, Carlos Salcedo, Luis Aybar, Yan Luis Martínez, Félix Humberto Portes y Plutarco Jáquez, entre otros.

El desplome del techo del Jet Set ocurrió mientras se desarrollaba una actividad musical en la que actuaba el reconocido merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el siniestro.

Desde entonces, el caso ha provocado una amplia discusión en el país debido al número de víctimas y a las interrogantes surgidas sobre las condiciones estructurales y los mecanismos de seguridad de establecimientos destinados a recibir grandes cantidades de personas.

El expediente fue remitido al juez González después de que la magistrada Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se inhibiera de conocer el proceso debido a su relación de amistad cercana con una de las víctimas.

La apertura del juicio de fondo fue dispuesta previamente por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de evaluar las pruebas y argumentos contenidos en la acusación.

En esa fase, Mejía estableció que los hechos debían ser procesados bajo la calificación de homicidio culposo o imprudente. Con ello rechazó la solicitud de un grupo de víctimas que pretendía que los acusados fueran procesados por homicidio voluntario.

La decisión también dejó fuera del proceso penal a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a otras instituciones estatales que habían sido señaladas dentro de las actuaciones relacionadas con el caso.