JCE define el reparto de fondos para organizaciones políticas en 2026

Martin Severino | 25 enero 2026

PRM, FP y PLD recibirán el 80 % de los recursos destinados a la actividad política en 2026.

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) dejó establecido el esquema de financiamiento estatal que recibirán los partidos, movimientos y agrupaciones políticas durante el año 2026, tras aprobar la Resolución 01-2025, en cumplimiento del Presupuesto General del Estado y de una sentencia del Tribunal Superior Electoral.

El monto global destinado a la actividad política asciende a RD$1,620 millones y será distribuido entre todas las organizaciones con reconocimiento electoral vigente, conforme a los resultados obtenidos en los comicios de febrero y mayo de 2024 y a lo dispuesto por el TSE en su decisión del 10 de junio de 2025.

La mayor parte de los recursos, equivalente al 80 % del total, se asignará a las fuerzas políticas que superaron el 5 % de los votos válidos acumulados en todos los niveles de elección. En este renglón figuran el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que recibirán RD$432 millones cada uno.

Otro 12 % del financiamiento estatal será repartido de manera equitativa entre las organizaciones que lograron entre 1 % y menos de 5 % de los sufragios. En este grupo se encuentran el PRD, PRSC, Dominicanos por el Cambio, País Posible y el Bloque Institucional Socialdemócrata, cada uno con una asignación de RD$38.88 millones.

El restante 8 % corresponde a los partidos y movimientos con una votación comprendida entre 0.01 % y 1 %, así como a aquellas entidades que conservan su personería jurídica ante la JCE. Este segmento incluye a más de treinta organizaciones políticas de alcance nacional y municipal, entre ellas Justicia Social, Alianza País, Opción Democrática, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista y diversas expresiones cívicas y comunitarias.

Con esta resolución, el órgano electoral busca garantizar la equidad en el acceso a los recursos públicos, fortalecer el sistema de partidos y asegurar el cumplimiento del marco legal que regula el financiamiento político en la República Dominicana.