Biden busca eliminar la petición de asilo para inmigrantes: posible cambio en la política migratoria de EE.UU

Washington D.C.- El presidente Joe Biden está evaluando un decreto que prohibiría a los inmigrantes irregulares solicitar asilo al llegar a Estados Unidos. La medida, adelantada por The New York Times, representaría un cambio significativo en la política migratoria del país y se asemeja a un plan propuesto durante la administración de Donald Trump.

El decreto, actualmente en fase de estudio, surge luego de que el Congreso presentara una ley para abordar la crisis en la frontera con México, una situación que ha generado preocupación para los demócratas de cara a las elecciones de noviembre. La propuesta legislativa, elaborada en enero por legisladores de ambos partidos, no logró ser aprobada tras el veto de Trump.

Ante la falta de consenso en el Congreso, la Casa Blanca está considerando esta opción como una medida alternativa. La orden ejecutiva evitaría el proceso legislativo y permitiría al presidente actuar directamente. Sin embargo, enfrenta críticas y desafíos potenciales en materia legal.

La ley propuesta por los senadores demócratas y republicanos buscaba cerrar la frontera sur a nuevos migrantes una vez que los agentes de la Patrulla Fronteriza procesaran un número específico de detenciones diarias. Aunque el flujo migratorio se redujo en enero, la situación sigue siendo una preocupación.

El decreto en consideración modificaría los requisitos de asilo establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, negando la posibilidad de solicitar asilo a quienes lleguen por tierra o aire. Esta medida es popular entre los migrantes, quienes pueden llevar una vida normal en EE.UU. mientras esperan su audiencia en un tribunal de migración.

Si bien no es la primera vez que se plantea esta medida, la Administración de Biden busca redefinir la política migratoria con un enfoque que permita a los migrantes iniciar el trámite desde sus países de origen utilizando una aplicación móvil llamada CBP One.

La propuesta ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos y podría enfrentar desafíos legales, pero refleja el intento del Gobierno de Biden de controlar la crisis en su frontera.