HAITÍ NO NECESITA ELECCIONES AHORA: NECESITA TRES AÑOS PARA RECONSTRUIR EL ESTADO

Humberto Cristian Pérez.

El calendario electoral haitiano ya ha sido aplazado dos veces. Primero se fijaron las elecciones para agosto de 2026. Luego se trasladaron a diciembre. El propio primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, reconoció en mayo que el país no reunía las condiciones de seguridad necesarias para celebrar los comicios. La masacre de Kenscoff, ocurrida entre el 23 y el 24 de agosto, con al menos 47 muertos y más de 2.600 desplazados, demostró que las organizaciones criminales siguen teniendo capacidad para desafiar al Estado en zonas próximas a la capital.

El problema haitiano no es simplemente político. No se resuelve con un calendario electoral. Es un problema estatal.

Haití necesita recuperar legitimidad democrática, pero las condiciones actuales no garantizan que unas elecciones nacionales puedan producir un gobierno con autoridad efectiva sobre el territorio. Unas elecciones pueden conferir legitimidad de origen a un gobierno, pero no pueden crear policía, justicia, administración pública, registro civil, control territorial o recaudación fiscal. La diferencia entre legitimidad electoral y capacidad estatal es la diferencia entre un gobierno formal y un gobierno funcional.

La ausencia de un Parlamento funcional agrava el problema. En la actualidad, el Ejecutivo de Fils-Aimé es, de facto, el único poder del Estado en funcionamiento. No hay contrapeso legislativo, no hay control parlamentario sobre el presupuesto, no hay mecanismo de aprobación de leyes. Cualquier solución debe partir de esta realidad.

Por eso propongo un período extraordinario de reconstrucción estatal de 36 meses. No se trata de suspender la democracia ni de perpetuar el poder. Se trata de construir las condiciones que permitan que la democracia funcione. La fórmula es sencilla: continuidad ejecutiva, reconstrucción estatal y elecciones obligatorias al final del período.

El mandato de Fils-Aimé no sería un cheque en blanco. Estaría limitado a tres competencias específicas y verificables: supresión de pandillas, registro de ciudadanos no registrados y generación de empleos. Tres años, tres objetivos, una fecha límite.

La primera competencia es recuperar el monopolio legítimo de la fuerza. La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y la Policía Nacional Haitiana deben concentrarse en recuperar corredores estratégicos, asegurar puertos y aeropuertos, proteger instalaciones públicas y desmantelar estructuras criminales. Pero el objetivo no debe ser simplemente expulsar a las pandillas. Debe ser transferir progresivamente el territorio recuperado a instituciones haitianas permanentes. La operación militar debe terminar en administración estatal.

La segunda competencia es universalizar la identificación civil. El sistema nacional de identificación ha avanzado significativamente durante 2026, pero todavía enfrenta enormes dificultades logísticas y territoriales, especialmente en las zonas afectadas por la violencia y el desplazamiento. El objetivo debe ser que prácticamente todo ciudadano en edad electoral pueda ser identificado y vinculado a un registro verificable. Sin identificación confiable no hay padrón electoral creíble, ni acceso regular a servicios públicos, ni relación verificable entre ciudadano y Estado.

La tercera competencia es reactivar la economía y generar empleo. La recuperación de la seguridad debe ir acompañada por la reapertura de mercados, la recuperación de corredores comerciales, la protección de infraestructura, la generación de empleo temporal y el retorno progresivo de personas desplazadas. La reconstrucción económica no es un complemento de la reconstrucción del Estado; es parte de ella.

Estas tres competencias deben avanzar de manera simultánea, no secuencial. No se puede esperar a tener orden para empezar a construir ciudadanía, ni esperar a tener ciudadanía para empezar a generar empleo. Las tres cosas deben ocurrir al mismo tiempo, con diferentes intensidades según el territorio. En las zonas seguras, el registro y el empleo son prioritarios. En las zonas en recuperación, la seguridad es lo primero, pero el registro y el empleo comienzan inmediatamente después. En las zonas controladas por pandillas, la seguridad es la prioridad absoluta hasta que el Estado recupera el control.

Una precisión fundamental: las elecciones al final del período se celebrarán con la Constitución vigente y los medios institucionales actuales. La reforma constitucional —si se considera necesaria— será competencia del gobierno y Parlamento elegidos en 2029, no del gobierno provisional. El gobierno de Fils-Aimé no reforma la Constitución. El CEP organiza las elecciones con la Constitución vigente. El Parlamento electo en 2029 reforma la Constitución si así lo decide el pueblo haitiano.

¿Por qué esta separación? Porque añadir una reforma constitucional al mandato de reconstrucción dispersa esfuerzos y recursos, genera divisiones y carece de legitimidad. Una reforma constitucional impulsada por un gobierno sin mandato popular no sería aceptable. La reforma debe ser obra del Parlamento electo.

La ausencia de Parlamento requiere un mecanismo de control que supla esa falta. Propongo la creación de un Consejo Nacional de Supervisión y Reconstrucción (CNSR), integrado por representantes de la sociedad civil, iglesias, sector privado, universidades y partidos políticos. Este Consejo revisaría y aprobaría el presupuesto nacional, supervisaría la ejecución de los fondos internacionales, evaluaría los informes semestrales y emitiría opiniones vinculantes sobre las decisiones del Ejecutivo. No reemplaza al Parlamento, pero proporciona un control ciudadano que hoy no existe.

Los 36 meses estarían acompañados por un mecanismo internacional de seguimiento, con informes semestrales sobre seguridad, control territorial, homicidios, desplazamientos, registro civil, administración pública, servicios esenciales, situación económica y preparación electoral. Si el CNSR o el Comité Internacional consideran que el Ejecutivo se ha desviado de sus competencias, ha intentado perpetuarse en el poder o ha violado derechos humanos, podrían recomendar la suspensión de la ayuda internacional o la convocatoria anticipada de elecciones. Esta cláusula de alerta es el mecanismo de salida que evita que el mandato excepcional se convierta en una dictadura.

¿Por qué no celebrar las elecciones en diciembre de 2026 como está previsto? Porque los hechos demuestran que las condiciones todavía son insuficientes. El propio primer ministro reconoció la insuficiencia de las condiciones de seguridad. La GSF todavía está en proceso de despliegue. La violencia continúa. La masacre de Kenscoff ocurrió apenas meses antes de la fecha electoral prevista. Celebrar una elección bajo estas condiciones podría producir un gobierno democráticamente elegido que carezca de los instrumentos necesarios para gobernar. Eso no sería una victoria de la democracia. Sería una transferencia de legitimidad sin transferencia efectiva de poder.

Haití no necesita elegir entre seguridad y democracia. Necesita entender que la seguridad, la ciudadanía, la administración y las reglas institucionales son condiciones que hacen posible la democracia. Tres años para construir el Estado no son tres años contra la democracia. Son tres años para hacer posible una democracia que pueda gobernar.