Fraude eléctrico: 800 mil se roban la luz en RD

En septiembre de 2024, el entonces presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, colocó una cifra sobre la mesa que permitió dimensionar uno de los problemas históricos del sistema eléctrico dominicano: alrededor de 800,000 usuarios recibían energía sin que el consumo fuera facturado o cobrado.

Marranzini explicó entonces que se trataba de un número histórico de usuarios que no necesariamente podían ser considerados clientes formales de las distribuidoras. También señaló que las conexiones ilegales contribuían a sobrecargar los transformadores y, con ello, a provocar averías y frecuentes interrupciones del servicio.

Casi dos años después, aquella cifra continúa siendo una referencia para entender la magnitud del problema, pero no puede utilizarse como un conteo actualizado de conexiones ilegales en 2026. No se ha divulgado una nueva medición nacional que permita establecer cuántos de aquellos usuarios permanecen actualmente fuera del sistema formal.

El fraude eléctrico no se limita a una conexión clandestina colocada directamente sobre una red.

Las irregularidades pueden incluir manipulación de medidores, conexiones directas, alteración de acometidas y otros mecanismos destinados a impedir que el consumo real sea registrado y facturado.

Pero las pérdidas de las distribuidoras tienen también otros componentes.

Existe la energía que se pierde técnicamente durante el transporte y la distribución, así como aquella que puede ser facturada pero posteriormente no cobrada.

Por esa razón, no toda pérdida eléctrica equivale a fraude, una distinción necesaria para analizar correctamente el problema.

Aun así, las conexiones irregulares tienen consecuencias que van más allá del dinero que deja de ingresar a las empresas.

Cuando una red abastece consumos que no fueron contemplados adecuadamente en la planificación de la infraestructura, aumenta la presión sobre transformadores y otros componentes.

En septiembre de 2024, Marranzini informó que Edesur tenía 25 de sus 59 transformadores de potencia en condición de sobrecarga, equivalente al 42.37 %, mientras Edeeste tenía 29 de 65, para un 44.62 %.

La sobrecarga, según las explicaciones ofrecidas entonces por las autoridades, podía contribuir a averías y cortes del servicio.

El problema, por tanto, no termina en quien deja de pagar.

También puede afectar al usuario que sí cumple con su factura.

Energía que no se cobra

El impacto financiero explica por qué el fraude eléctrico ha sido tratado como uno de los principales obstáculos para la sostenibilidad del sector.

En noviembre de 2024, Marranzini estimó que las conexiones ilegales representaban pérdidas de entre US$150 millones y US$200 millones anuales para el Estado.

El mismo funcionario situó en aproximadamente US$650 millones el desequilibrio que el Gobierno debía cubrir anualmente por el conjunto de problemas del sistema, entre ellos las pérdidas técnicas, el fraude y las dificultades de facturación.

Estas cifras permiten hacer una distinción fundamental: el fraude es una parte del problema, pero no explica por sí solo todas las pérdidas de las empresas distribuidoras.

De ahí que la respuesta estatal no pueda limitarse a perseguir conexiones clandestinas.

También requiere inversión en redes, medidores, telemedición, transformadores, subestaciones y mecanismos de facturación y cobro.

Las acciones de Edesur

Los resultados presentados por Edesur durante el primer semestre de 2026 constituyen uno de los indicadores más concretos de la estrategia de regularización.

La empresa informó que las 318,211 acciones ejecutadas en seis meses permitieron normalizar 241,000 clientes.

La cifra representa una cantidad considerable de intervenciones, pero debe interpretarse correctamente: no significa que 241,000 personas hayan sido descontadas directamente de los 800,000 usuarios identificados por Marranzini en 2024.

Los datos pertenecen a momentos y universos diferentes.

La cifra de 800,000 tenía alcance nacional y correspondía a una situación descrita por el CUED en 2024, mientras que las 241,000 normalizaciones corresponden exclusivamente a Edesur y al período enero-junio de 2026.

Por eso, sumarlas o restarlas produciría una conclusión que las cifras disponibles no permiten sostener.

Lo que sí puede afirmarse es que Edesur ha reportado una intensa actividad de regularización durante 2026.

Persiguiendo el fraude

La persecución del fraude también ha incluido operativos conjuntos entre la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) y Edeeste.

En julio de 2025, ambas instituciones realizaron intervenciones en diferentes sectores de Santo Domingo Este para detectar conexiones irregulares en establecimientos comerciales y otros inmuebles.

Uno de los casos correspondió al centro de diversión The Punto Disco, ubicado en la avenida Hípica, en Brisas del Este.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, en el establecimiento fue detectada una conexión irregular que representaba un consumo no facturado estimado en 35,872 kilovatios hora, equivalente a un perjuicio económico de aproximadamente RD$448,239.04.

Los operativos también abarcaron sectores como Los Mina, El Almirante y Ensanche Ozama, donde fueron detectadas irregularidades en comercios, fábricas y residencias.

PGASE y Edeeste han planteado que estas intervenciones buscan no solamente recuperar energía no facturada, sino reducir la presión sobre la red y mejorar las condiciones del servicio.

Las pérdidas

Si existe una cifra que permite observar el tamaño del problema más allá de los operativos individuales, es la correspondiente a las pérdidas de las distribuidoras.

Las tres EDE cerraron diciembre de 2025 con pérdidas conjuntas de 37.2 %, frente al 38.1 % registrado en diciembre de 2024.

Durante ese mismo período, la energía facturada aumentó 3.3 %, al pasar de 990.4 gigavatios hora en diciembre de 2024 a 1,023.4 GWh en diciembre de 2025. La facturación también creció hasta RD$10,693.3 millones, mientras los cobros superaron los RD$10,832.9 millones.

Es decir, hubo una mejoría al cierre de 2025, pero las pérdidas continuaron representando más de una tercera parte de la energía adquirida.

La situación tampoco es uniforme entre las tres distribuidoras.

Edeeste continúa presentando los niveles más elevados. Datos correspondientes al cierre de 2025 sitúan sus pérdidas en aproximadamente 56.9 %, muy por encima del promedio consolidado de las tres empresas.

Esta diferencia explica por qué el desempeño de Edeeste continúa siendo uno de los principales desafíos para el sistema.

Qué pasó con los 800,000

Dos años después de aquella declaración de Marranzini, el dato de los 800,000 usuarios continúa siendo uno de los puntos más llamativos de la discusión.

Pero precisamente porque es una cifra histórica, no debería utilizarse como si representara el número de conexiones ilegales existentes actualmente.

La pregunta que permanece pendiente es otra:

¿Cuántos de aquellos usuarios fueron incorporados posteriormente al sistema formal y cuántos permanecen sin una facturación efectiva?

La respuesta requiere una actualización nacional que permita comparar el punto de partida de 2024 con la situación de 2026.

Los resultados de Edesur son importantes, pero no resuelven por sí solos esa interrogante porque corresponden únicamente a su área de concesión.

Tampoco sería correcto asumir que las 241,000 normalizaciones equivalen a 241,000 de los 800,000 usuarios señalados originalmente.

Para establecerlo habría que contar con una base nacional que identifique los usuarios irregulares originales, los regularizados y las nuevas conexiones detectadas posteriormente.

El desafío financiero

La dimensión del problema también se refleja en el esfuerzo económico que realiza el Estado para sostener el sistema.

El Gobierno ha mantenido un esquema de subsidio al sector eléctrico mientras las distribuidoras trabajan para aumentar la facturación, mejorar el cobro y reducir las pérdidas.

Esto convierte la reducción del fraude en algo más que una operación contra quienes sustraen electricidad.

Cada kilovatio hora que no se factura representa ingresos que no llegan a las distribuidoras, mientras la infraestructura continúa requiriendo mantenimiento, expansión y reposición.

Y cuando las pérdidas se mantienen elevadas, el Estado debe continuar destinando recursos para cubrir las necesidades financieras del sistema.

Una meta que todavía exige resultados

La estrategia oficial contempla reducir progresivamente las pérdidas de las distribuidoras.

El objetivo planteado por las autoridades es llevar las pérdidas de Edesur y Edenorte hacia niveles cercanos al 20 % para 2027, mientras Edeeste tiene como referencia una reducción hacia el 40 %.

El punto de partida muestra que el desafío es particularmente grande para esta última empresa.

Si Edeeste cerró 2025 con pérdidas cercanas al 56.9 %, alcanzar un nivel de 40 % implicaría una reducción significativa.

La existencia de estadísticas actualizadas de 2026 permitirá comprobar durante los próximos meses si esa reducción está ocurriendo realmente o si las pérdidas permanecen estancadas.

El usuario que sí paga también está en juego

El fraude eléctrico suele presentarse como un conflicto entre las distribuidoras y quienes se conectan ilegalmente.

Sin embargo, sus efectos pueden alcanzar al usuario que paga regularmente.

Una red sobrecargada puede registrar más averías; una empresa con altos niveles de pérdidas dispone de menos recursos propios para invertir; y un sistema que no logra convertir la energía servida en ingresos suficientes necesita un mayor respaldo financiero del Estado.

Por eso, la lucha contra el fraude tiene dos dimensiones.

Una es perseguir y sancionar las conexiones ilegales.

La otra es construir un sistema capaz de medir, facturar y cobrar correctamente la energía que se consume.

Los datos de 2026 muestran que las autoridades han intensificado la primera parte: Edesur reporta 241,000 clientes normalizados, más de 318,000 acciones, decenas de miles de medidores sustituidos y miles de conexiones directas eliminadas.

Pero los indicadores de pérdidas demuestran que la segunda parte todavía representa un reto considerable.

Las EDE cerraron 2025 con pérdidas consolidadas de 37.2 %, mientras Edeeste permaneció muy por encima de ese promedio.

La batalla, por tanto, no está terminada.

El dato de los 800,000 usuarios revelado en 2024 sirvió para exponer la magnitud histórica del problema. Las acciones ejecutadas en 2025 y 2026 muestran que existe una estrategia de regularización en marcha. Pero el verdadero resultado deberá medirse en la capacidad de convertir esas intervenciones en menos pérdidas, mayor facturación, una red menos sobrecargada y un servicio más sostenible.

Hasta que exista una actualización nacional que permita saber qué ocurrió con aquellos 800,000 usuarios, esa cifra deberá permanecer como lo que realmente es: un punto de referencia histórico que abrió una de las discusiones más importantes sobre el costo del fraude eléctrico en República Dominicana, no un conteo vigente de conexiones ilegales en 2026.

Dato clave para destacar en la diagramación

241,000 clientes normalizados por Edesur en el primer semestre de 2026.

318,211 acciones ejecutadas por Edesur entre enero y junio de 2026.

37.2 % fueron las pérdidas consolidadas de las tres EDE en diciembre de 2025.

56.9 % fueron las pérdidas de Edeeste al cierre de 2025.

800,000 fue la cifra histórica de usuarios que, según Celso Marranzini, recibían energía sin facturación ni cobro en septiembre de 2024. No es una cifra actualizada para 2026.