Fiscales de 20 estados demandan al gobierno de EE.UU. por divulgación de datos privados de Medicaid

WASHINGTON.— El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump violó las leyes federales de privacidad al entregar datos de Medicaid sobre millones de inscritos a funcionarios de deportación el mes pasado, alegó el martes el fiscal general de California, Rob Bonta, y añadió que él y los fiscales generales de otros 19 estados han presentado una demanda por esta acción.

Los asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron la liberación de un conjunto de datos que incluye la información de salud privada de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington D.C., al Departamento de Seguridad Nacional el mes pasado, informó por primera vez The Associated Press el mes pasado. Todos esos estados permiten que las personas que no cuenten con la nacionalidad estadounidense se inscriban en programas de Medicaid que cubren sus gastos utilizando únicamente dólares de los contribuyentes estatales.

El inusual intercambio de datos de información de salud privada, incluidos direcciones, nombres, números de seguro social, estatus migratorio y datos de reclamaciones de los inscritos en esos estados, fue entregado a funcionarios de deportación mientras aceleraban los esfuerzos de aplicación de la ley de migración en todo el país. Los expertos dijeron que los datos podrían ser utilizados para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a localizar a migrantes en su campaña de deportación masiva.

Bonta afirmó que la liberación de datos por parte del gobierno estadounidense viola las leyes federales de protección de la privacidad de la salud, incluyendo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés).

“Esto se trata de ignorar siete décadas de política y práctica de la ley federal que han dejado claro que los datos personales de salud son confidenciales y solo pueden compartirse en ciertas circunstancias limitadas que benefician la salud pública o el programa de Medicaid”, dijo Bonta durante una conferencia de prensa el martes.

El gobierno federal ha tratado de proporcionar más datos de inmigrantes a los funcionarios de deportación. En mayo, por ejemplo, un juez federal se negó a bloquear que el Servicio Interno de Impuestos compartiera datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar a los agentes a localizar y detener a personas que viven sin estatus legal en Estados Unidos.

La medida para reforzar los datos del gobierno federal sobre los inscritos en Medicaid inmigrantes parece haberse puesto en marcha en mayo, cuando los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron que revisarían los registros de algunos estados para asegurar que no se hayan utilizado fondos federales para pagar la cobertura de personas con “estatus migratorio insatisfactorio”.

Como parte de la revisión, los centros de servicios pidieron a California, Washington e Illinois que compartieran detalles sobre las personas que no cuentan con la nacionalidad estadounidense que se han inscrito en el programa de Medicaid de su estado, según un memorando del 6 de junio firmado por la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo, que fue obtenido por la AP. El memorando fue escrito por varios funcionarios de los centros de servicios bajo la supervisión de Vitolo, según fuentes familiarizadas con el proceso.