Fin de TPS provocaría la Florida pierda hasta 35,000 trabajadores haitianos

ElAvance | 14 julio 2026

El sistema de salud de Florida podría perder hasta 35,000 trabajadores haitianos cuando la autorización que les permite trabajar legalmente en suelo estadounidense expire a finales de este mes, una situación que llevó a la Asociación de Atención Médica del estado a pedir una intervención directa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En una carta oficial dirigida al departamento, la organización solicitó una excepción federal para proteger al personal esencial de los hogares de ancianos del estado.

"Si aproximadamente uno de cada cinco titulares de TPShaitianos trabaja en ocupaciones de atención médica, como indican los análisis nacionales de la fuerza laboral, hasta 35,000 trabajadores de la salud en Florida podrían verse afectados por los recientes cambios en las políticas", señala una carta del 7 de julio dirigida al secretario del DHS, Markwayne Mullin, por el director ejecutivo de la Asociación de Atención Médica de Florida (FHCA, por sus siglas en inglés), J. Emmett Reed.

Según advirtió el gremio en la misiva, la salida de estos trabajadores agravaría la escasez de personal que enfrenta el sector y pondría en riesgo la atención de miles de adultos mayores que dependen de esos servicios.

La FHCA es la organización de residencias de ancianos más grande de Florida y representa a más de 650 centros.

"El cuidado de la salud es un sector con una gran deficiencia de mano de obra y ha empleado a muchos trabajadores inmigrantes haitianos, específicamente trabajadores con TPS. Obviamente, es una industria que se va a ver muy golpeada", dijo, a su vez, Thomas Kennedy, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de Florida.

El Congreso de Estados Unidos creó el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 1990. Desde entonces, un país puede recibir esta designación tras una consulta del secretario de Seguridad Nacional con el Departamento de Estado para determinar si cumple con los requisitos establecidos.

El TPS protege temporalmente a sus beneficiarios de la deportación y les permite obtener autorización de empleo, aunque no constituye una vía hacia la residencia permanente.