Escándalo en el Inabie: 27 contratos por más de RD$460 millones en adquisición de utilería escolar

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) se encuentra en medio de un escándalo tras la detección de irregularidades en los procesos de licitación pública relacionados con la adquisición de utilería escolar.

El Inabie canceló 20 contratos y desvinculó a 9 empleados involucrados en procesos de licitación de utilería escolar correspondientes a 2024, tras detectarse graves irregularidades. La medida fue anunciada un día después de que la Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) revelaran violaciones a la normativa en tres procesos de compras públicas.

Orígenes de las irregularidades en las licitaciones

La DGCP detectó irregularidades en procesos de licitación para la adquisición de utilería escolar: INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012. Nueve empresas vinculadas entre sí obtuvieron un total de 27 contratos por más de RD$460 millones, lo que despertó serias sospechas de colusión y prácticas anticompetitivas. Los hallazgos revelan graves violaciones a la Ley 10-07 de Control Interno y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, confirmó que recibieron denuncias por parte de textileros sobre la situación. Explicó que algunas quejas fueron atendidas durante la etapa de enmiendas del proceso, otras fueron descartadas por falta de sustento.

La investigación, adelantada por la Unidad Antifraude de la Contraloría, también identificó la existencia de una denominada “nómina fantasma”, con empleados asignados a puestos sin cumplir funciones, lo cual representaría una carga millonaria al erario público.

INABIE solicitó la intervención de las autoridades competentes

El INABIE informó que fue la entidad que solicitó la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), con el objetivo de garantizar transparencia, legalidad y libre competencia en el proceso de adjudicación.

El director del INABIE, Víctor Ramón Castro, llegó a denunciar que existían “carteles mafiosos”, cuando llegó a esa institución.

Inabie cancela 20 contratos y a 9 trabajadores pero las investigaciones continúan

El 10 de julio de 2025, la institución anunció que canceló 20 contratos adjudicados y desvinculó a 9 colaboradores, incluidos peritos que acompañaron los procesos de evaluación Inabie.

El instituto también afirmó que no se ha realizado ningún desembolso económico a las empresas denunciadas, en un esfuerzo por salvaguardar los recursos públicos Inabie. Paralelamente, se solicitó el acompañamiento de la DGCP y ProCompetencia para auditar y fortalecer la integridad de los procesos.

Los contratos anulados estaban vinculados a empresas bajo investigación, mientras que entre los empleados despedidos figuran peritos encargados de las evaluaciones técnicas. El Inabie también suspendió la certificación de estos contratos y aseguró que no se ha realizado ningún desembolso a las compañías señaladas, en resguardo de los fondos públicos.

Según las autoridades, se detectaron flexibilización indebida de criterios de evaluación, omisión de documentos obligatorios, manipulación del cronograma, mal conformación del comité evaluador y evidencias de colusión entre oferentes, lo que apunta a posibles conflictos de interés y manipulación interna.

La DGCP confirmó que no se han recibido impugnaciones por parte de los oferentes y que las evaluaciones actuales no muestran afectación de derechos. Sin embargo, los hallazgos indican un patrón de irregularidades graves dentro de la institución, que vuelve a estar bajo el foco público tras varios escándalos en los últimos años.

En resumen:

Se detectaron irregularidades graves en licitaciones por más de RD$460 millones.

Empresas vinculadas entre sí acapararon contratos en esquemas de colusión.

El Inabie suspendió 20 contratos, desvinculó 9 personas y asegura no haber realizado pagos.

Víctor Castro denunció “carteles mafiosos”, cuando llegó a esa institución.

Siguen investigando en la DGCP, Contraloría y Procuraduría; solo una docena de proveedores han respondido.