Es cierto, no es perfecto, pero no debe haber espacio para la incertidumbre con el nuevo Código Penal; más luces que sombras

Por Yulissa Reyes.

A partir del próximo 3 de agosto, la República Dominicana comenzará a transitar una nueva etapa en materia de justicia penal con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Como ocurre con toda transformación jurídica de gran impacto institucional, han surgido opiniones encontradas, críticas y preocupaciones. Sin embargo, el debate debe sobre el análisis sereno y no por el miedo o la desinformación.

Tras más de veinte años de discusiones estériles, aplazamientos y desacuerdos políticos, el país finalmente cuenta con una nueva normativa que sustituye un marco legal que, durante décadas, resultó insuficiente para responder a las complejas realidades sociales, tecnológicas y criminales del siglo XXI. Aunque el nuevo Código Penal no es una obra perfecta y pudiera tener diversas imprecisiones, representa un avance significativo y está mucho más adecuado a las necesidades penales y jurídicas del país.

No hay razones para sembrar incertidumbre entre la población. Una ley penal no debe ser vista como una amenaza para los ciudadanos que actúan dentro del marco de la legalidad, dentro del buen accionar conforme a los preceptos sociales. El Código Penal está concebido para perseguir y sancionar conductas delictivas, no para intimidar a quienes cumplen con sus deberes y respetan los derechos de los demás. Quien actúa conforme a la ley no tiene motivos para temer la aplicación de una legislación que busca fortalecer el sistema de justicia y robustecer la institucionalidad.

Es comprensible que existan observaciones sobre algunos de sus artículos, es lo normal. De hecho, el debate jurídico es saludable y necesario en cualquier democracia. Pero una cosa es cuestionar disposiciones específicas con argumentos técnicos y otra muy distinta es desacreditar la totalidad del Código, generando un clima de alarma que poco contribuye a la confianza institucional.

Ha llegado el momento de dejar de ser facinerosos en el tratamiento de este nuevo Código Penal. La discusión pública debe abandonar los extremos y permitir que las instituciones del sistema de justicia, jueces, fiscales y demás operadores jurídicos, puedan aplicar la ley de acuerdo con los delitos cometidos y conforme a los principios constitucionales que rigen el estado de derecho. La eficacia de una legislación también depende de la forma responsable y profesional en que es interpretada y ejecutada.

Asimismo, quienes mantienen objeciones sobre determinadas disposiciones cuentan con los mecanismos institucionales para promover los cambios que consideren pertinentes.

La recomendación?

Acudir a las instancias correspondientes para canalizar las observaciones, impulsar las reformas necesarias y perfeccionar aquellos artículos que, con el tiempo y la experiencia práctica, demuestren que necesariamente se requieren ajustes.

Las leyes no son inmutables. Evolucionan junto con la sociedad. Por ello, la aprobación y entrada en vigencia del nuevo Código Penal no representa el final del camino, sino el inicio de un proceso de evaluación, aplicación y mejora continua para los dominicanos.

El país necesitaba cerrar un ciclo de indefiniciones, que fue lo que ocurrió con la promulgación de la ordenanza por parte de el Poder Ejecutivo. Hoy corresponde permitir que la nueva legislación comience a cumplir su función, evaluar sus resultados con objetividad y fortalecerla cuando sea necesario.

Más que miedo, este nuevo Código Penal merece una oportunidad. Más que incertidumbre, requiere una aplicación responsable. Y más que confrontaciones estériles, demanda un compromiso colectivo con el fortalecimiento del sistema de justicia y el respeto al estado de derecho.