Empresas involucradas en caso Coral devolverán RD$40 millones al Estado tras acuerdo con MP

Santo Domingo. – El Ministerio Público arribó a un acuerdo con los representantes de Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L., imputadas en el caso de la Operación Coral, con el cual las empresas se comprometen a devolver 40 millones de peso, mediante un procedimiento penal abreviado, a través del cual el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó la disolución de las empresas, la clausura de los locales y el decomiso de los bienes que puedan tener a su nombre.

Cada una de estas entidades deberá pagar una multa de tres mil salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones a favor del Estado Dominicano.

El fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Jonathan Pérez Fulcar, detalló que los representantes de ambas empresas sirvieron como “prestanombres” al coronel Rafael Núñez de Aza y la madre de sus hijos, el primer teniente (PN) Jehohanan Lucía Rodríguez, quien son los dueños reales de las sociedades comerciales y están imputados en el caso.

“Pusieron a dos personas que no tienen un perfil económico acorde. Uno de ellos es pintor de Santo Domingo Oeste y, la otra, una joven estudiante que trabajaba en la casa de la imputada Jehohanan Lucía Rodríguez, a la cual puso a firmar un documento para colocarle como dueña, a pesar de no tener el perfil ni conocimiento de las operaciones”, señaló Pérez Fulcar a su salida de la audiencia.

El abogado del Estado Dominicano, José Alberto Ortíz, señaló que los gerentes de las empresas Meljo Comercial E.I.R.L y Optimus E.I.R.L. se sumarán como testigos de la acusación del Ministerio Público y de la demanda civil que representa.

Las sociedades comerciales son dos de las cuatro empresas que fueron separadas del expediente del caso Coral el año pasado, mediante las cuales desfalcaron al Estado Dominicano con un aproximado de RD$360 millones, a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

Por su parte, la jueza Yanibet Rivas Méndez declaró en rebeldía a las empresas S. S. A. Corporation SRL y S.O.S Carretera SRL, tras no comparecer ante la audiencia de este martes, pese a que sus representantes fueron citados.

El inicio del juicio de fondo ha sido incidentado en varias ocasiones, por la ausencia de imputados y representantes legales de los mismos, por lo que el Primer Tribunal Colegiado tiene pautada la audiencia para el próximo lunes 6 de junio, a las 9:00 de la mañana.