El dilema occidental: entre subsidios y políticas fiscales

Orlando Jorge Villegas.

En las últimas décadas, muchos gobiernos occidentales han adoptado políticas de subsidios sociales y económicos como herramientas para apoyar a sectores vulnerables, estimular la demanda y mantener estabilidad política. Sin embargo, el abuso y expansión excesiva de estos subsidios han generado un aumento significativo en el gasto público, muchas veces financiado con deuda, lo que deriva en presupuestos deficitarios y pone en entredicho la sostenibilidad fiscal de estas economías. 

En varias sociedades de Occidente, un porcentaje considerable de la población se ha acostumbrado a recibir ayudas directas, generando una cultura de dependencia que reduce el incentivo para la búsqueda de empleo, especialmente en contextos donde las prestaciones pueden igualar o superar los salarios de trabajos no calificados.

El financiamiento de estos subsidios suele requerir que los Estados incurran en altos déficits fiscales. Países como Estados Unidos, Francia, Italia y España han registrado déficits persistentes por encima del 3% del PIB, incumpliendo los límites acordados en el Tratado de Maastricht. El aumento de la deuda pública trae consigo el riesgo de crisis fiscales, incremento en el pago de intereses y vulnerabilidad ante shocks externos. La experiencia de Grecia fue un ejemplo emblemático de cómo el descontrol del gasto social puede desembocar en rescates y años de austeridad forzosa.

En este contexto, el primer ministro francés, François Bayrou, anunció un ajustado plan presupuestario que incluye, entre otras medidas, la supresión de dos días feriados nacionales como forma de aumentar la productividad y sanear las cuentas públicas ante un déficit de 43.800 millones de euros para 2026. Bayrou enfatizó que “toda la nación debe trabajar más duro para producir más”, señalando que Francia es “adicta al gasto público” y no puede seguir permitiendo que los recursos se destinen únicamente a subsidios y pensiones, cuyo peso sobre la economía es insostenible. Alertó que la deuda pública supera el 114% del PIB y que el pago de intereses podría convertirse en la mayor partida del presupuesto nacional si no se implementan cambios significativos.

Estas declaraciones han generado controversia, ya que ponen sobre la mesa una verdad incómoda: las sociedades occidentales, habituadas a largos periodos de bienestar y transferencias, deben repensar el equilibrio entre ayuda estatal, esfuerzo individual y productividad global.

La República Dominicana, al igual que otros países ya citados, enfrenta un dilema fiscal. La reciente designación de un nuevo Ministro de Hacienda pudiera replantear la estrategia económica del gobierno, de cara a nivelar el deficit presupuestario, para así incrementar la inversión pública y dinamizar la economía dominicana.