El desorden vuelve a gobernar el kilómetro 9 de la Autopista Duarte

La transformación de este importante punto vial pierde rentabilidad social mientras las instituciones responsables permiten que los espacios recuperados vuelvan a ser ocupados.

Periodista Carlos Del Pozo

En nuestro país se destinan miles de millones de pesos a construir y modernizar obras públicas, pero no siempre se muestra la misma determinación para preservar el orden que permite aprovecharlas.

El Estado intervino el kilómetro 9 de la autopista Duarte, uno de los puntos de mayor congestión del Gran Santo Domingo, para agilizar el tránsito y recuperar áreas destinadas a conductores y peatones; sin embargo, la permisividad oficial amenaza con devolver progresivamente el lugar a la situación que justificó esa inversión.

Más de cien negocios fueron demolidos durante 2025 para facilitar los trabajos, pese a lo cual, en la llamada Duarte Vieja, las aceras y partes de la calzada vuelven a ser ocupadas por paradas de motoconchistas, guaguas en espera de pasajeros, filas de vehículos estacionados y carritos dedicados a la venta de alimentos.

De manera que espacios concebidos para la circulación funcionan nuevamente como extensiones de negocios y estaciones improvisadas, por lo que el problema ya no es la falta de infraestructura, sino la ausencia de autoridad para protegerla.

La responsabilidad debe señalarse por sus nombres, por lo que al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, le corresponde evitar que una intervención ejecutada y supervisada por esa institución pierda funcionalidad por falta de control y mantenimiento.

Asimismo, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el director de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, José Aníbal Sanz Melo, deben impedir la ocupación irregular de aceras y áreas públicas dentro de su jurisdicción.

Mientras que al director del Intrant, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, le compete organizar la movilidad y regular las paradas, y al director de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez, garantizar el cumplimiento de las disposiciones en las calles.

Porque la cantidad de instituciones involucradas no puede servir para diluir responsabilidades.

Sería simplista, sin embargo, atribuir esta conducta a una supuesta inclinación natural del dominicano hacia el desorden, puesto que ninguna sociedad nace ordenada o desordenada y, desde la antropología, la cultura está compuesta por comportamientos aprendidos y respuestas desarrolladas frente al entorno; en ese sentido, pensadores como Pedro Francisco Bonó y Juan Bosch examinaron, desde perspectivas distintas, la distancia entre las instituciones formales y la vida cotidiana de la población.

Advirtiéndose que, cuando la norma se percibe como inconstante, negociable o aplicable solamente contra quienes carecen de influencia, las personas aprenden a desenvolverse mediante la adaptación, el favor y la excepción.

La psicología social también explica esta recurrencia, ya que Robert Cialdini distingue entre las normas prescriptivas aquello que oficialmente se considera correcto y las descriptivas lo que observamos que hacen los demás, de modo que, si una señal prohíbe estacionarse, pero numerosos vehículos permanecen allí sin consecuencias, la prohibición pierde frente al ejemplo visible y la norma efectiva deja de ser la escrita para convertirse en la tolerada.

Además, los experimentos de Kees Keizer, Siegwart Lindenberg y Linda Steg,  demostraron que observar transgresiones consentidas aumenta la probabilidad de vulnerar otras reglas, por lo cual cada ocupación permitida invita a otra y convierte una excepción en una práctica socialmente aceptada.

Por eso, una línea amarilla en la avenida Isabel Aguiar puede dividir los carriles, pero ninguna pintura sustituye la fiscalización permanente, puesto que no tiene sentido demoler estructuras, indemnizar ocupantes, rediseñar vías y reorganizar el tránsito si después se permite que los espacios vuelvan a ser tomados.

En consecuencia, cada infracción ignorada por Estrella, Mejía, Méndez García o Cruz Méndez comunica que la regla es opcional, mientras quienes intentan evadir los tapones trasladan la congestión hacia otras rutas y los ciudadanos que cumplen terminan pagando el costo del incumplimiento ajeno.

El daño debe medirse como una pérdida del retorno social de la inversión, debido a que una obra pública se justifica por la seguridad, la movilidad, el tiempo ahorrado y la calidad de vida que produce.  

Lamentablemente una acera ocupada obliga al peatón a caminar por la vía, una parada improvisada interrumpe la circulación y un vehículo mal estacionado reduce la capacidad del carril; por tanto, el kilómetro 9 no necesita otro operativo pasajero después de que el desorden se convierta en noticia.

Sino coordinación, vigilancia continua y consecuencias previsibles, porque construir cuesta millones y permitir que la informalidad inutilice lo construido también, con la diferencia de que la inversión aparece en el presupuesto, mientras la pérdida queda dispersa en el tiempo, la seguridad y la paciencia de todos.