El beneficio de un sector versus el riesgo de un país

Bryan Herrera, economista

La discusión sobre el foam en la Ley 225-20 nos obliga a repensar nuestro modelo productivo y ambiental.

Hace un mes, como voluntario, participé en una jornada de limpieza en la playa del Puerto de San Gil, en el malecón de Santo Domingo. Lo que encontré fue desolador: la arena se mezclaba casi de forma natural con partículas de foam triturado. Era imposible recolectarlas con un rastrillo, y su volumen era tal que parecía haber sido descargado por un camión. No era basura visible: era microplástico infiltrado en el paisaje.

En los últimos días, el poliestireno expandido —mejor conocido como foam— ha estado en el centro del debate público. Esto, debido a la propuesta de modificación de la Ley 225-20 en la Cámara de Diputados y a la campaña #DaleBandaAlFoam, impulsada por Parley for the Oceans, la Unión Europea y más de 28 organizaciones que abogan por un país libre de este material.

Como era de esperarse, la industria del plástico también reaccionó, defendiendo su posición. Y con razón: en República Dominicana existen más de 470 empresas vinculadas al sector plástico, que generan más de 45,000 empleos y mueven RD$59 mil millones en ventas locales, además de exportaciones por US$700 millones, según la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (ADIPLAST).

Radiografía del foam en RD:
• 5 empresas concentran el 90 % de su producción.
• Es ampliamente utilizado por su bajo costo y propiedades térmicas.
• Es fundamental para miles de pequeños negocios, ventas ambulantes y programas sociales como los Comedores Económicos.

Eliminar el foam de forma abrupta impactaría a trabajadores informales y microempresas que lo usan como insumo diario. Su bajo costo ha sido clave para el comercio informal y para mantener precios accesibles en la comida del día a día.

¿Entonces, cuál es el problema?

La respuesta es clara: impacto ambiental y riesgos para la salud.

Menos del 1 % del foam se recicla a nivel mundial, ya que su recolección es costosa e ineficiente. Según Parley for the Oceans, se necesitarían 208,000 camiones compactadores para recolectar las 50,000 toneladas que se producen anualmente en el país. Pero más allá del dato técnico, está la realidad: en República Dominicana no existe infraestructura ni condiciones para reciclar foam.

¿El resultado? Este material termina en las calles, contenes y alcantarillas. Cuando llueve, provoca inundaciones y va a parar a los ríos. En los ríos Ozama e Isabela, el 55 % de los residuos encontrados son de foam, según el Fideicomiso DO Sostenible. De ahí, el viaje a los océanos es inevitable, donde peces, tortugas y aves lo confunden con alimento. Algunos mueren; otros terminan en nuestras mesas.

¿Y la salud?

El foam contiene estireno, un componente que migra a los alimentos cuando están calientes. Se ve como una “huella” en el fondo del envase. La EPA y la IARC lo han clasificado como posible cancerígeno humano y disruptor endocrino, por su capacidad de alterar las hormonas naturales del cuerpo.

La disyuntiva: ¿industria o país?

Estamos ante una decisión crucial: ¿priorizamos un modelo basado en lo barato y rápido, o apostamos por la salud pública, la sostenibilidad y el desarrollo de largo plazo?

Como escribió el Nobel de Economía Joseph Stiglitz:

“El desarrollo no es solo crecimiento del PIB, sino mejora en los estándares de vida, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento democrático.”

¿Qué hacer con el foam?

La Ley 225-20, en su artículo 172, establece un plazo de 60 meses desde octubre de 2020 para eliminar progresivamente el uso del foam y las fundas plásticas de un solo uso. Es decir, en octubre de 2025 entra en vigor su prohibición total. Es decir, que si se elimina en el día de hoy no sería de forma abrupta pues ya se les ha otorgado un plazo bastante considerable.

Sin embargo, se pretende ahora modificar esa disposición para extender el plazo a 60 meses más, en favor del sector productivo. ¿Hasta cuándo seguiremos prorrogando lo urgente?

Lo que sí se debe hacer:
• Cumplir el plazo establecido por la ley (octubre 2025).
• Diseñar un plan de transición justo para las empresas.
• Crear incentivos fiscales para materiales alternativos y biodegradables.
• Implementar una responsabilidad extendida del productor.
• Fortalecer la educación ambiental y la infraestructura de reciclaje.

Este no es un ataque a la industria como ente productivo, sino una invitación a evolucionar, a ver las oportunidades. A generar nuevos modelos productivos que sean compatibles y amigables con el medio ambiente y con el bienestar de las generaciones futuras. Es un llamado a los legisladores, a las autoridades y a la ciudadanía a que tomemos acción.

Porque al final, un crecimiento económico sin sostenibilidad ambiental no es desarrollo real. ¿De qué nos servirá acumular riqueza si, en el camino, sacrificamos nuestros recursos naturales y deterioramos irremediablemente el entorno que sustenta nuestra vida?

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Bryan Herrera
Economista, asesor en proyectos y desarrollo sostenible.
bryanherrerap9@gmail.com