Economista alerta sobre nueva contribución por Ley residuos sólidos podría elevar costos para empresas y emprendimientos

Santo Domingo. La reciente modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) podría generar mayores costos para el sector productivo y afectar especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), según advirtió el economista y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Richard Medina.

Para Medina, el principal cuestionamiento no está únicamente en el cambio legal, sino en el diseño del mecanismo de contribución que contempla la normativa y en cómo este podría trasladar nuevas obligaciones económicas a empresas que —según sostiene— no necesariamente producen grandes volúmenes de residuos.

Explicó que uno de los riesgos que observa es que negocios de servicios, comercios y pequeños emprendimientos terminen asumiendo pagos adicionales sin una relación directa con la cantidad de desechos que generan, mientras continúan pagando por el servicio municipal de recogida de basura.

El economista consideró que antes de establecer nuevas cargas económicas debió realizarse una evaluación técnica para medir el impacto sobre el costo de hacer negocios y sobre sectores con menor capacidad financiera.

Asimismo, cuestionó que la reforma avanzara sin un proceso más amplio de consultas con entidades técnicas y representantes del aparato productivo, argumentando que decisiones de este tipo requieren validar previamente sus efectos económicos y regulatorios.

Aunque reconoció que los ayuntamientos necesitan recursos para fortalecer el manejo de residuos y mejorar la disposición final de la basura, planteó que el modelo debe orientarse bajo el principio de que los mayores aportes recaigan sobre quienes generan más desechos.

En ese contexto, llamó a que futuras revisiones de la legislación incorporen mayor participación de sectores empresariales, técnicos y autoridades vinculadas a la gestión ambiental para garantizar que las medidas tengan sostenibilidad económica y operativa.