La reforma fiscal: ¿Una verdadera transformación o un nuevo parche tributario?

Victor Herasme | 03 octubre 2024

El equipo económico del gobierno dominicano anda literalmente con una lupa de gran aumento, el cuchillo en la boca, como dice el argot popular y, literalmente con tijeras en ambas manos.

La lupa es para buscar en todo el engranaje de la economía nacional de donde puede conseguir unos 115 mil millones de pesos, entre 1.5 y 1.7 % del Producto Interno Bruto (PIB), que le hacen falta para equilibrar sus finanzas, mientras el cuchillo y las tijeras son para cortar y recortar una vez ubique los sectores de donde obtendrá esos recursos.

El Estado viene arrastrando un déficit presupuestario cercano al 3 % del PIB durante un buen tiempo, por lo que la necesidad de una reforma fiscal para cuadrar las cuentas públicas no es reciente; no obstante, la medida se ha venido posponiendo, lo que se atribuye al temor de cargar con el costo político que puede representar un posible incremento de las cargas impositivas.

En octubre del 2021, el presidente Luis Abinader intentó someter la tan temida reforma, pero la presión social que se generó en ese momento, cuando el país aún sufría los efectos de la pandemia de coronavirus, obligó al mandatario a desistir de ese propósito.

Lo que trae la reforma fiscal de Abinader

La reforma que propondrá el Poder Ejecutivo introducirá los siguientes cambios en la estructura fiscal del país;

Eliminación de incentivos y exenciones contemplados en la Ley 158-01 que creó el Consejo de Fomento Turístico (Confotur) y otros estipulados en la Ley 392-07 que creó Proindustria;

Eliminación del crédito fiscal que otorga la Ley de Cine 108-10; (Los técnicos del gobierno y los representantes de Adocine continúan analizando y evaluando esta posibilidad);

Exención del Itbis y arancel a las compras igual o menores de 200 dólares por internet;

Revalorización de los inmuebles por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII);

Colocación del Itbis a algunos productos alimenticios, se exceptúan el arroz, la leche, el pan, el café, el pollo, la yuca, plátano y los medicamentos, los cuales siguen sin ese impuesto;

Aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y cigarrillos;

Subirá el Itbis del 16 % al 18 % a ciertos productos como el aceite;

Incrementar el selectivo a 20 % a la importación de cigarros y cigarrillos electrónicos.

Disminuirá el monto exento del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario IPI. El monto exento actual son RD$9,520,861.00;

Los impuestos a los combustibles no tendrán ninguna variación.

Las últimas reformas

Las últimas dos veces que se introdujeron cambios de cierta profundidad en el esquema impositivo del país fueron en el 2004, con Leonel Fernández como presidente de la República y en el 2012, cuando Danilo Medina se estrenaba en el poder.

La primera fue la Ley 288-04 sobre Reforma Fiscal promulgada el 28 de septiembre del año 2004, en la que se establecieron seis fuentes de recaudaciones.

Esta normativa, que reformó la Ley 11-92 del Código Tributario, dispuso un aumento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (itbis) de un 12 % a un 16 % y colocó un impuesto de un 10 % por el pago de publicidad.

Asimismo, determinó que el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas y el tabaco aumentaría el primer año, en el caso del litro de alcohol para cervezas, de RD$217 a RD$326 y en el caso del ron, desde RD$92 a RD$136.50 y subiría gradualmente hasta llegar en el 2008 a RD$233.87 por litro de alcohol, aumentando en RD$156.

Se fijó un impuesto de RD$13.44 para cada cajetilla de 20 cigarrillos y otro de RD$6.72, para las de 10 cigarros.

La exención del pago del Impuesto Sobre la Renta benefició a personas que ganaban hasta RD$240,000 anuales, correspondientes a RD$23,333 al mes.

Quienes devengaban entre esa cantidad y RD$320,000 empezaron a pagar el 15 % y desde este monto hasta hasta RD$420,000 el 20 %; quienes ganaban una cifra superior pagarían el 25 %.

Para el 2004 el déficit fiscal se situaba en unos RD$24,000 y con esta medida el gobierno buscaba recaudar en ese momento unos RD$22,000 millones de pesos al año.

El 10 de noviembre del año 2012, el entonces presidente Danilo Medina promulgó la Ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible.

Esta reforma, que fue conocida como el “paquetazo fiscal” elevó el itbis de un 16 % a un 18 %. Este incremento de 2 % era provisional, sin embargo, nunca se retornó a la tasa anterior.

Entre los productos que se grabaron en ese momento, inicialmente con un 8 %, destacan el aceite, la mantequilla, el café, el azúcar y el yogurt. Este impuesto fue subiendo progresivamente hasta llegar en 2016 a un 16 %.

La reforma fiscal del año 2012 implementó los siguientes cambios:

Estableció una escala del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas jurídicas que pasó de 25 % a un 29 % en el 2013, para luego descender a un 28 % para los años 2014 y 2015 y después en 2016 se fijaría en un 27 %.

Los premios, de entre 100 mil y 500 mil pesos, fueron sujetos a una retención del 10 %. A las ganancias de 500 mil a 1 millón de pesos se les fijó una tasa de un 15 %, mientras a las de 1 millón de pesos hacia arriba se les aplicó una retención del 25 %.

A los bienes inmobiliarios se les impuso un gravamen del 1 % sobre el valor de la propiedad.

A los servicios de telecomunicaciones se les colocó una tasa de un 10 %.

Se implementó el impuesto ad valorem del 16 % sobre el precio de las gasolinas, gas licuado de petróleo, gasoils y se empezó a cobrar RD$2.00 por cada galón vendido para el mantenimiento de las vías públicas y la renovación del parque vehicular.

En esa oportunidad el Estado pretendía recaudar RD$46,000 millones.

Parches tributarios

Tras la reforma del 2004 al año siguiente el Estado volvió a verse en la necesidad de incrementar sus ingresos debido la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), por lo que se emitió la Ley 557-05 y al año siguiente se promulga la Ley Ley 495-6 sobre Rectificación Tributaria, con el fin de corregir fallas en la reforma de 2004.

En 2007 entró en vigencia la Ley 173-07 de Eficiencia Recaudatoria que mantuvo el itbis en un 16 %, pero se amplió la base integrando bienes y servicios que previamente estaban exentos, como alimentos procesados, bebidas y servicio de telecomunicaciones.

En 2009 se emite la Ley 182-09, que modificó los artículos 309 y 383 del Código Tributario y en 2011 se promulgó la Ley 139-11 en la que se estableció un impuesto del 10 % a los casinos, bancas de lotería y máquinas tragamonedas.

La reestructuración del Estado

El plan de reestructuración de unas 23 instituciones públicas, de las cuales 17 serán fusionadas, incluyendo importantes ministerios y otras seis serán eliminadas, forma parte de los cambios estructurales que el gobierno está introduciendo en el esquema estatal.
La medida con la cual el Poder Ejecutivo pretende ahorrar unos RD$25 mil millones, envía una señal de que el gobierno está en disposición de hacer sacrificios.

La deuda y el subsidio eléctrico

Los principales elementos que generan presión a las finanzas públicas, son el pago del servicio de la deuda, que al 31 de julio del 2024, totalizaba US$57,653 millones, (externa e interna), representando el 46.4% del PIB, y el subsidio a la electricidad.

En el PGE 2024 que ascendió a RD$1 billón 619,679,766,693, se destinaron RD$263,753.1 millones solo para amortizaciones de la deuda, equivalentes a un 3.4 % del PIB.

En cuanto al déficit eléctrico, el anteproyecto de ley del PGE 2024 previó una partida de RD$96,687.2 millones; en la pieza presupuestaria del 2024 solo estos dos conceptos sumaban RD$360,753 millones de pesos.

Aunque el PGE 2025 presentado el pasado jueves 19 de septiembre en un Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader, es de un RD$1 billón 484 mil millones de pesos, unos RD$135 mil millones menos que el de el año en curso, la pieza sigue arrastrando un déficit, en este caso de 3.1 % PIB, pues solo se contempla recaudar RD$1 billón 233,721 millones, es decir que los restantes RD$250,514 millones hay que salir a buscarlos.

Todo esto deja bien claro la necesidad de recursos frescos que tiene el Estado.

La posición de los empresarios

En el sector empresarial se han escuchado voces a favor, pero también críticas a la reforma.

En un encuentro con comunicadores el pasado 11 de septiembre, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) exhortó al gobierno mantener un diálogo franco y transparente con los distintos sectores de la sociedad, a fin de evitar que esta reforma no quede estancada como ocurrió anteriormente.

Al respecto, el presidente del Conep, César Dargam, dijo que; "para implementar cualquier reforma en el país, es imprescindible atender varios temas estructurales clave, como la educación, el sector eléctrico, la informalidad laboral y la eficiencia administrativa".

Dargam destacó además la necesidad de evaluar la relación ingresos y gastos del Estado.

Sin embargo, la presidente del Grupo SID, Ligia Bonetti de Valiente, afirmó en un artículo de opinión que publicó recientemente, que el sector industrial del país ha sido "prácticamente ignorado" por las autoridades, las cuales a su juicio, han dado prioridad a otros renglones de la economía.

En el escrito, titulado; "Progreso sin enfoque: El riesgo de avanzar sin una visión clara", afirmó que; "y qué decir del sector industrial dominicano, que ha sido prácticamente ignorado, mientras se coloca en un pedestal al capital extranjero de los hoteles y las zonas francas. Porque, por supuesto, el capital nacional parece ser menos importante, menos brillante y merecedor de incentivos".

Calificó como irónico que un país, que en teoría debería priorizar su desarrollo interno y las oportunidades de crecimiento de sus propias industrias, encuentre más seductores los dólares externos.

Ligia Bonetti no menciona en su artículo de manera directa la reforma fiscal, pero el tono de sus palabras aluden claramente a ese proceso.

¿Qué dicen los economistas?

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco, ha planteado la necesidad de que la nueva reforma fiscal implique una verdadera transformación y no un simple parche al esquema tributario del Estado.

Es por esto que aboga porque el gobierno ataque problemas estructurales de la economía, como la evasión fiscal, el déficit eléctrico y el alto nivel de informalidad, además de revisar las exenciones impositivas que se mantienen a algunos sectores productivos.

El economista sugiere que los cambios que se introduzcan al esquema tributario sean para simplificar la vida de los contribuyentes y que permita incorporar a muchos dominicanos que subsisten de la economía informal.

El momento es clave

El presidente Luis Abinader mantiene en estos momentos un gran capital político, lo que le sirve de aval para promover una verdadera reforma fiscal que permita al Estado ordenar sus cuentas y al mismo tiempo obtener recursos para seguir impulsando el desarrollo del país.

El proceso requiere mucho cuidado para no afectar a segmentos vulnerables de la población y al mismo tiempo permitir que los sectores productivos sigan promoviendo el crecimiento económico.

Al final lo más importante es lograr el bienestar de la población dominicana.

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