Consumidores reciben el 55.1% del subsidio eléctrico según Celso Marranzini

Max Herrera | 25 julio 2024

Santo Domingo.- El Gobierno dominicano ha destinado este año un presupuesto de US$1,450 millones para el subsidio eléctrico, siendo US$800 millones (55.1%) asignados específicamente para apoyar a los clientes de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) a través del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE).

Según Celso Marranzini, presidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y vicepresidente ejecutivo de Punta Catalina, aproximadamente entre US$80 y US$100 millones de este fondo se destinan al alumbrado público, mientras que los restantes US$450 millones están dirigidos a proyectos para mejorar la eficiencia energética y la capacidad de generación.

Durante una participación en el programa El Sol de la Mañana de Zol 106.5 FM, Marranzini destacó los desafíos estructurales que enfrenta el sector eléctrico dominicano, afectando tanto la calidad del servicio como la estabilidad financiera y la economía nacional en general. Para abordar estos problemas, mencionó que el Gobierno ha obtenido un préstamo de US$225 millones del Banco Mundial, enfocado en modernizar las redes eléctricas y mejorar la eficiencia operativa.

Uno de los pilares de las reformas en curso incluye medidas para aumentar la transparencia y la eficiencia operativa en las distribuidoras de electricidad, como la compra centralizada de materiales y la implementación de tecnología avanzada para reducir las pérdidas de energía. Marranzini también anunció planes para abrir una licitación internacional en los próximos dos años, buscando la gestión privada de las distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y modernizar la infraestructura.

En cuanto al robo de electricidad, Marranzini subrayó su impacto negativo en las operaciones y la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico nacional. Propuso medidas más rigurosas de supervisión y la instalación de medidores inteligentes para detectar y prevenir conexiones ilegales. Además, se ha establecido un plazo para que los residentes regularicen sus conexiones eléctricas antes del 16 de agosto, con la advertencia de sanciones por irregularidades persistentes.

La implementación efectiva de estas medidas no solo busca mejorar la eficiencia energética y la estabilidad financiera del sector, sino que también se proyecta que podría incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) en un 0.3% en los próximos 10 años, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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