Dr. Leonel Fernández: los casos de corrupción no se perdonan como en el pasado, hoy se castigan

Por Víctor Herasme

Las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, asegurando que la corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) “no será perdonada jamás”, han intensificado un debate constante en la opinión pública dominicana: el contraste entre la retórica anticorrupción y las acciones gubernamentales reales.

El detonante fue el monumental fraude descubierto en SENASA mediante la Operación Cobra, que reveló desvíos superiores a los RD$15,900 millones, catalogado como uno de los mayores escándalos en la historia del sistema de salud público.

¿Una advertencia o un boomerang político?

El discurso de Fernández, proclamando que el caso SENASA “jamás será perdonado”, buscaba erigirse como una advertencia al país y una condena moral a la gestión actual. Sin embargo, lejos de consolidar autoridad, su mensaje se convirtió en un boomerang político que regresó hacia su propio historial.

En una nación con memoria social larga, sus declaraciones reactivaron el recuerdo de la trayectoria de corrupción e impunidad durante sus gobiernos (2004–2012).

La memoria institucional que volvió por él

Cuando Fernández afirma que el caso SENASA “no debe ser perdonado”, la opinión pública recuerda que bajo sus administraciones:

• La Cámara de Cuentas remitió 66 auditorías con hallazgos graves —sobrevaluaciones, pagos sin soporte, irregularidades contractuales, obras alteradas, compras infladas— que nunca fueron investigadas por la Procuraduría y prescribieron sin sanción.

• Escándalos como Sun Land, con un contrato de US$130 millones sin aprobación congresual, se convirtieron en símbolos de opacidad, sin consecuencias penales.

• Irregularidades en obras emblemáticas —Metro, Presa de Monte Grande, Bellas Artes, equipos policiales adquiridos a través de Sun Land, OISOE— quedaron registradas oficialmente, sin procesos judiciales impulsados desde el gobierno.

En cualquier escenario político, estas omisiones podrían considerarse datos del pasado. Pero cuando quien las encarna critica el manejo actual de un caso de corrupción, surge un contraste ético inevitable: ¿por qué antes se archivaban expedientes y hoy se exige castigo?

La frase que pretendió ser un juicio y terminó como confesión involuntaria

Las palabras de Fernández resonaron como un eco que se volvió en su contra, porque la ciudadanía interpreta la lucha contra la corrupción desde otra perspectiva: hoy no basta con indignarse; se exige actuar.

Su afirmación se percibió como una paradoja: el presidente que gobernó mientras escándalos eran ignorados exige ahora que “jamás se perdonen” casos como SENASA, con expedientes en manos de la justicia, coerciones, imputaciones formales y funcionarios sometidos.

Para muchos analistas, su frase recordó un período marcado por:

• Engavetamiento sistemático de denuncias
• Falta de independencia real del Ministerio Público
• Ausencia de investigaciones profundas
• Preservación de redes clientelares
• Normalización de la impunidad como práctica institucional

El cambio de época: cuando la justicia dejó de depender del poder político

El comentario de Fernández no caló como esperaba porque el contexto es distinto. La ciudadanía, los medios y las instituciones operan hoy en un entorno donde la justicia muestra independencia inédita. Casos como Medusa, Anti Pulpo, Coral–Coral 5G, Operación 13 y, especialmente, Operación Cobra, demostraron que los expedientes ya no se deciden en conversaciones de pasillo, sino en tribunales.

Un elemento diferenciador ha sido la creación de mecanismos formales de prevención, monitoreo y sanción, como el Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción (SNTA) y la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, establecidos mediante los decretos 76-25 y 166-25. Estas estructuras coordinan auditorías, supervisiones, alertas tempranas y revisiones permanentes de compras públicas.

Además, la administración actual ha mostrado un comportamiento inusual: separación inmediata del cargo de funcionarios señalados, incluso del propio partido o figuras de confianza presidencial. Casos como la Lotería Nacional (Operación 13), el Intrant (Operación Camaleón) y el propio SENASA muestran una actitud más proclive a permitir e impulsar la investigación penal.

En cifras, la administración Abinader remitió 287 expedientes administrativos por faltas disciplinarias al Ministerio de Administración Pública y envió 49 casos de presunta corrupción al Ministerio Público, recuperando más de RD$6,500 millones y manteniendo más de RD$130,000 millones en procesos investigativos activos.

Instituciones como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) han multiplicado auditorías internas, revisiones de transparencia y programas de capacitación. Entre enero y marzo de 2025, por ejemplo, se evaluaron 230 instituciones estatales, de las cuales 211 alcanzaron entre 85 y 100 puntos en transparencia.

Por primera vez en décadas, la narrativa de “régimen de consecuencias” se materializa en detenciones, coerciones, embargos, arrestos domiciliarios y procesos judiciales complejos, involucrando a funcionarios en ejercicio, exfuncionarios e incluso aliados políticos. La administración Abinader insiste en que “no habrá impunidad”, independientemente de apellido, cargo o afinidad partidaria.

El contraste entre los gobiernos de Fernández y Abinader no reside solo en la cantidad de escándalos —la corrupción no desaparece por decreto—, sino en la voluntad institucional de enfrentarlos, en las herramientas creadas y en la apertura del poder político para que sus miembros enfrenten consecuencias.

Mientras en el pasado la impunidad era norma, hoy el país asiste a una transformación: de la tolerancia estructural a la sanción activa, del archivo silencioso a la investigación pública, del perdón automático al castigo obligatorio.

Del perdón automático al castigo obligatorio

La frase de Leonel Fernández pretendía denunciar un hecho grave, pero terminó recordando que durante sus gobiernos la norma fue el silencio institucional y la ausencia de consecuencias.

Hoy, República Dominicana enfrenta un nuevo paradigma: los casos de corrupción no se perdonan como antes… hoy se castigan.

Este avance no debe verse solo como respuesta a un escándalo, sino como una oportunidad histórica para transformar la cultura estatal. La lucha firme contra la corrupción debe reparar daños y servir de ejemplo a toda la administración pública, recordando que cada funcionario tiene la obligación ética y legal de resguardar lo público.

El caso SENASA marca un punto de inflexión. El país observará si este impulso se convierte en política sostenida para erradicar la impunidad o si queda en un esfuerzo aislado. En este sentido, es fundamental destacar los esfuerzos del presidente Luis Abinader, quien ha impulsado un esquema institucional basado en transparencia, rendición de cuentas y un Ministerio Público independiente. Hoy, la justicia no se decide desde el Palacio Nacional, sino en los tribunales, una ruptura histórica con prácticas del pasado. Lo que está en juego es la credibilidad futura del Estado y la confianza de un pueblo que exige integridad, firmeza y consecuencias reales.