Diputado denuncia arbitrariedades judiciales en La Romana

Santo Domingo.-. – El legislador y abogado Carlos de Pérez elevó una fuerte crítica este miércoles contra el accionar del Ministerio Público en la provincia La Romana, denunciando lo que describió como serias anomalías en el manejo de procesos judiciales, y pidiendo con urgencia la intervención de la procuradora general Jenny Berenice Reynoso y del presidente del Consejo del Poder Judicial.

De Pérez relató que el pasado viernes dos ciudadanos fueron detenidos sin base legal aparente, situación que logró revertirse el lunes mediante un recurso de habeas corpus. Sin embargo, aseguró que la problemática no concluyó allí: al presentarse a una audiencia de medida de coerción, los afectados enfrentaron una nueva orden de arresto emitida por el propio Ministerio Público.

Lo que más inquieta al legislador es que una de las partes querellantes pertenece al mismo órgano persecutor. “Eso plantea un serio conflicto de intereses. No puede tolerarse que se use el aparato judicial con motivaciones personales o revanchistas”, advirtió.

Asimismo, denunció prácticas que calificó como inaceptables, tales como la detención de familiares de personas buscadas por las autoridades, una estrategia que —afirmó— se ha vuelto común en La Romana. “Si no localizan al hijo, arrestan al padre. Esto es una grave violación a los derechos fundamentales y debe ser detenido de inmediato”, expresó con firmeza.

Según explicó, el conflicto que dio pie a las detenciones no es de carácter penal, sino un desacuerdo civil relacionado con demoras en un proyecto de construcción en la zona de Caleta, cuya paralización habría sido causada por trabas en los permisos del Ministerio de Turismo. “Se está judicializando un tema netamente civil, lo cual constituye un uso indebido del poder del Estado”, manifestó.

Carlos de Pérez anunció que se trasladará personalmente a La Romana para asistir legalmente a los afectados, al tiempo que instó a las máximas autoridades judiciales del país a investigar lo que ocurre en esa jurisdicción. “La justicia no puede ser utilizada como herramienta de presión ni como arma para intereses particulares. Lo que está pasando en La Romana es alarmante y necesita ser corregido de inmediato”, concluyó.