DGCP detecta anomalías en licitaciones del INABIE realizadas en 2024

Un total de 201 contratos vinculados a licitaciones públicas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) quedaron bajo investigación, tras revelarse graves violaciones a las normativas legales por parte de oferentes y funcionarios. Así lo establece un informe conjunto presentado este miércoles por la Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Las anomalías se identificaron en los procedimientos INABIE-CCC-LPN-2024-0008 (uniformes), INABIE-CCC-LPN-2024-0010 (mochilas) e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 (zapatos). 

Las indagatorias incluyeron 29 entrevistas, análisis de documentos y revisión de registros, lo que llevó a detectar indicios de colusión, conflictos de interés y posibles falsificaciones de informes técnicos.

Entre los hallazgos más alarmantes figuran actos de colusión entre oferentes, evidenciados a través de vínculos sociales y personales entre representantes legales de empresas participantes. Esta coordinación, presuntamente previa, habría influido en los resultados, afectando los principios de transparencia y libre competencia.

Se documentaron además flexibilizaciones indebidas de criterios técnicos, omisiones de firmas y documentos obligatorios, y una deficiente conformación del Comité de Compras, lo que permitió que empresas inicialmente descalificadas pudieran participar de forma irregular en los procesos.

También se identificaron plazos no uniformes, contratos mal documentados, y comportamientos sospechosos por parte de peritos y coordinadores responsables de validar los informes de evaluación.

Los actos administrativos preliminares emitidos hasta ahora por la DGCP concluyen que 103 contratos de mochilas y 98 contratos de zapatos escolares fueron adjudicados con irregularidades que los vician jurídicamente. Aún están pendientes los resultados sobre los contratos de polos y pantalones.

El expediente completo ya fue remitido a la Procuraduría General de la República, y también se ha notificado a ProCompetencia, por tratarse de una posible violación al régimen de competencia leal.

La DGCP recordó que recomendó suspender el procesamiento y pago de los contratos involucrados, como medida cautelar mientras concluyen las investigaciones. Asimismo, reiteró su compromiso de cooperar activamente con las autoridades judiciales y garantizar el buen uso de los fondos públicos.

Estas acciones, afirmaron ambas instituciones, forman parte de un esfuerzo continuo del Estado dominicano por fortalecer la transparencia, prevenir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en las contrataciones públicas.