DGCP anula contrato entre Senasa y Farmacard por violaciones a la Ley de Compras

Ruth Encarnacion | 15 agosto 2025

Santo Domingo.-La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró nulo el contrato firmado entre el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y la empresa Farmacard, S.R.L., tras confirmar que se violaron varias disposiciones de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La decisión se produjo luego de una denuncia formal presentada por la empresa DHN Digital Health Network, S.R.L., lo que llevó a la DGCP a abrir una investigación. El resultado: la contratación directa realizada por Senasa no se ajusta a ninguna de las excepciones que permite la ley, y el servicio pactado no clasifica como un servicio de salud, sino como uno de carácter tecnológico y administrativo, por lo que debió ser sometido a un proceso competitivo.

Según explicó la DGCP, el procedimiento vulneró principios como la transparencia, el debido proceso y la libre competencia. Además, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) respaldó la ilegalidad del contrato en un informe técnico.

Uno de los elementos más graves del caso es el conflicto de interés identificado en la firma de abogados Biaggi, S.R.L., que fue consultada por Senasa antes de firmar el contrato y luego actuó como representante legal de Farmacard ante la DGCP.

Mediante la resolución RIC-0109-2025, la DGCP ordenó tres medidas clave:

  1. Anular la contratación directa y el contrato firmado.
  2. Permitir que el contrato se mantenga por 70 días hábiles, para no afectar la continuidad del servicio a los afiliados, mientras se realiza una nueva licitación.
  3. Acompañar y supervisar al SENASA en la organización de un nuevo proceso conforme a la ley, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

El director de la DGCP, Carlos Pimentel Florenzán, fue enfático al señalar que ningún organismo que maneje fondos públicos puede evadir los procesos de licitación establecidos por ley, y advirtió que su institución continuará firme en la defensa del interés público.

La resolución ha sido enviada a SENASA, a todas las partes involucradas y a entidades como la Contraloría General, la Cámara de Cuentas y SISALRIL.