"Deportaciones deben continuar pese a lo que diga Haití y comunidad internacional"

Santo Domingo.- Las deportaciones de haitianos indocumentados deben continuar pese a lo que digan las autoridades de Haití y organismos internacionales.

Así lo informó el diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin, quién afirmó que todo país tiene derecho a reforzar sus fronteras y aplicar las leyes migratorias, y eso es lo que está haciendo en este caso el Gobierno cuando anunció deportaciones.

“Deportaciones que deben continuar, a pesar de lo que diga la ONU, la canciller de Haití, y cualquier país, no importa la envergadura que tenga ese país. Este es un problema de nosotros los dominicanos”, expresó.

A estas declaraciones se sumó la también diputada por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Soraya Suárez, quien sostuvo que “los organismos internacionales desde el inicio se le veía lo que querían, que la solución de Haití esté en nuestro país”.

La congresista manifestó que RD es libre, soberano y tiene sus propias políticas migratorias, las cuales ningún organismo puede decir cómo manejarlas.

“Si se pudieran más de diez mil al día yo también estuviera de acuerdo, ojalá se puedan más. Aquí hay que organizara todo ciudadano extranjero que se encuentre ilegal en el país. Aquí no se le prohíbe el paso a nadie, aquí no se le prohíbe a nadie que venga, el que quiera establecerse en República Dominicana tiene que legalizarse”, subrayó la diputada por Santiago.

En tanto que el diputado de la Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez, precisó que por un tema de soberanía, el país está en el derecho y el deber de hacer cumplir sus leyes migratorias, siempre que haga cumpliendo el protocolo y respetando los derechos humanos.

“Todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo cumpliendo los protocolos internacionales pero cumpliendo también las leyes de nuestro país”, manifestó.

El Gobierno haitiano denunció ayer , en términos inusualmente duros, las "deportaciones masivas" de haitianos desde la República Dominicana, "que no son solo violaciones de derechos fundamentales, sino además contrarias a las leyes internacionales", en palabras de su embajador ante la ONU, Antonio Rodrigue, ante el Consejo de Seguridad.

El embajador Rodrigue llegó a pedir "solidaridad internacional para poner fin a estas graves violaciones a los derechos humanos, que azuzan la tensión e impiden las relaciones pacíficas entre las dos naciones", tras asegurar que las deportaciones, criticadas por la ONU, son contrarias a los acuerdos firmados entre los dos países.

Al embajador haitiano le respondió el canciller dominicano, Roberto Álvarez, en términos no menos contundentes: "Mi gobierno no puede aceptar este llamado insensato a parar las repatriaciones, que equivaldría a una frontera abierta y que fomentaría aún más la migración irregular a mi país. Eso nunca lo vamos a permitir", zanjó.

Y abundó en la idea de que la República Dominicana no ha causado los problemas de Haití: "La crisis rampante en Haití es responsabilidad de Haití, agravada por la falta de apoyo de la comunidad internacional. Los dominicanos nunca fuimos la causa de sus problemas humanitarios, económicos o de seguridad, pese a que seguimos teniendo que lidiar con esta crisis durante décadas, casi en solitario", recordó.