Dajabón: La cruda realidad de la convivencia con los haitianos en la frontera

Dajabón.- En el extremo noroeste de la República Dominicana, donde el río Masacre sirve como línea divisoria con Haití, la convivencia cotidiana entre dominicanos y haitianos ha adquirido un matiz de tensión, cansancio y preocupación que los residentes describen como “una vida difícil”. Así lo resume el alcalde, Santiago Riverón, quien afirma que la presencia masiva de ciudadanos haitianos sin documentos dificulta la convivencia.

Entrevistado por “El Avance”, Riverón pinta un panorama en el que las diferencias culturales entre ambas naciones son el detonante principal de los conflictos actuales. “Muchos me acusan de racista o de que odio a los haitianos”, expresó. “Pero no es así. Lo que rechazo es el desorden, ciertas prácticas, el vudú y un estilo de vida que no encaja con lo que queremos para nuestro país”.

Su postura, aunque polémica, encuentra eco en un sector de los residentes fronterizos que aseguran sentirse desbordados por una convivencia que, dicen, se ha vuelto más tensa a medida que aumenta la migración irregular. Para muchos de ellos, la relación con los haitianos se limita exclusivamente al ámbito comercial, una interacción que ha sido durante décadas el corazón económico de Dajabón gracias al mercado binacional que se lleva a cabo dos veces por semana. Más allá de ese espacio, afirman que no existe una integración social saludable.

Una frontera saturada

La provincia de Dajabón es, históricamente, un punto de cruce legal e ilegal entre ambos países. Cada día, cientos de haitianos entran para comprar alimentos, medicinas, ropa y otros productos que escasean en su país. Sin embargo, la inestabilidad política y social en Haití ha provocado en los últimos años un incremento notable en la migración que busca asentarse del lado dominicano.

Según Riverón, esta situación ha llevado a una creciente sensación de vulnerabilidad en la población local. “Estamos viviendo presionados, arrinconados en nuestra propia tierra”, señaló. “No podemos ignorar lo que está pasando. Haití está colapsado, y la República Dominicana no puede cargar sola con esa crisis”.

El alcalde atribuye la permanencia y el incremento de haitianos en territorio dominicano a lo que él describe como “métodos silenciosos” que, en su percepción, han permitido a muchos inmigrantes establecerse sin confrontación directa. Entre ellos menciona la compra de terrenos, la creación de familias mixtas y el soborno en ciertos procesos informales.

“Han sido más inteligentes que nosotros. Desde un discurso de victimización han logrado avanzar sin tirar un tiro”, expresó, en referencia a lo que entiende como una estrategia de expansión migratoria. Sus palabras, fuertes y controvertidas, no pasan desapercibidas entre quienes lo escuchan. Para algunos, se trata de un llamado de alerta; para otros, una visión que estigmatiza injustamente a una comunidad en situación de extrema vulnerabilidad.

La propuesta más polémica: una cárcel migratoria

La entrevista se tornó aún más contundente cuando el alcalde presentó una idea que, de implementarse, modificaría de forma radical la política migratoria dominicana: la creación de una “cárcel migratoria” destinada exclusivamente a indocumentados detenidos durante operativos.

Riverón propone un centro con capacidad para más de 40 mil personas, donde los extranjeros en condición irregular cumplan penas antes de ser deportados. Según su planteamiento, en la primera detención el individuo sería sentenciado a dos años de trabajo forzado, y si reincide entrando ilegalmente al país, la pena aumentaría a cuatro años.

“Tenemos que cortar los incentivos. Si cada vez que entran ilegalmente los montan en un camión y los devuelven, vuelven a cruzar en dos horas. No hay consecuencia real. Necesitamos un sistema que haga entender que esto es un país con reglas”, argumentó el alcalde.

La propuesta del funcionario, sin embargo, abre un abanico de interrogantes legales y humanitarios. Especialistas en derechos humanos, juristas y organizaciones internacionales han sostenido durante años que la detención penal de inmigrantes por falta de documentos viola tratados internacionales. Aunque estas reacciones no se abordaron durante la entrevista, es previsible que una medida de ese tipo genere un debate nacional e internacional inmediato.

Ciudadanos divididos, pero cansados

En las calles de Dajabón, el sentimiento dominante parece ser el agotamiento. “La única relación que tenemos con ellos es la comercial”, comentan algunos residentes. Insisten en que no existe animadversión personal contra los haitianos, pero que las realidades culturales y las tensiones diarias dificultan una convivencia armoniosa.

Esa percepción ha sido alimentada por décadas de desigualdad entre ambos lados de la isla. Mientras República Dominicana lidia con sus propios retos económicos y sociales, Haití atraviesa una crisis de Estado sin precedentes: violencia extrema, ausencia de instituciones funcionales, colapso económico y desplazamientos masivos.

En medio de este panorama, Dajabón se encuentra en la primera línea de contacto, y la población siente que carga sobre sus hombros un problema que excede su capacidad.

Entre el deber humanitario y la protección del territorio

La frontera dominico-haitiana ha sido históricamente un espacio híbrido donde se entrelazan familias, idiomas, economías y culturas. Pero hoy, el debate gira en torno a cómo equilibrar la humanidad con la seguridad, la cooperación con la soberanía.

Riverón insiste en que su postura no es de odio, sino de protección. “No somos enemigos. Pero como autoridad tengo la responsabilidad de defender a mi gente y hacer cumplir las leyes”, afirmó.

Mientras tanto, expertos sugieren que cualquier solución sostenible deberá involucrar políticas de control migratorio más eficientes, cooperación bilateral realista y, sobre todo, atención internacional para enfrentar la crisis haitiana desde su raíz.

Lo cierto es que, en Dajabón, la convivencia sigue siendo un ejercicio constante de resistencia, adaptación y esperanza. Una frontera que respira comercio y vida, pero también tensión y miedo. Un territorio donde las preguntas superan a las respuestas y donde, para muchos, la sensación de vivir “al límite” ya es parte de la rutina diaria.

Proyecto de ley que busca controlar la venta de terrenos a extranjeros

En medio del ambiente cargado de tensión migratoria que se respira en la frontera, las autoridades municipalistas de Dajabón aseguran que el flujo constante de indocumentados ha obligado a reforzar medidas y repensar la gestión del territorio. Es por esto que surge la más reciente iniciativa del alcalde Santiago Riverón: un proyecto de ley depositado ante la Cámara de Diputados que busca regular e incluso restringir la venta de terrenos y propiedades a extranjeros en la zona fronteriza.

Riverón sostiene que su propuesta se encuentra plenamente amparada en la Constitución de la República Dominicana y cita específicamente el Artículo 51, que reconoce y garantiza el derecho de propiedad a los dominicanos. A su juicio, permitir que ciudadanos extranjeros, principalmente haitianos, adquieran tierras en territorios limítrofes compromete la soberanía y la estabilidad social de las comunidades que viven en la franja fronteriza.

“La Constitución es clara. Tenemos la responsabilidad de proteger el territorio, los bienes y las garantías fundamentales de los dominicanos”, afirmó el alcalde durante la entrevista. Según explicó, en la actualidad no existe un marco legal sólido que regule la compra de terrenos por parte de extranjeros en provincias como Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Bahoruco y Pedernales, todas colindantes con Haití. Esta ausencia normativa, dice, ha permitido que la adquisición de tierras por ciudadanos extranjeros se realice sin límites, controles ni mecanismos que midan su impacto.

Dominicanizar la frontera

Uno de los conceptos más llamativos dentro de la propuesta es el de “fomentar la dominicanización” de la frontera. Esta expresión, que puede generar debate, se refiere, según Riverón, a preservar la integridad territorial mediante la protección de la propiedad inmobiliaria en manos de nacionales. El alcalde argumenta que la ausencia de regulación ha permitido una creciente presencia de extranjeros como propietarios, lo cual, en su visión, altera la configuración social y económica de zonas ya de por sí vulnerables.

“Es un asunto estratégico para el país. La frontera no puede quedar en manos de quienes no tienen compromiso con la nación. Necesitamos que el dominicano sienta seguridad de que su tierra es suya y que su cultura está protegida”, sostuvo.

En apoyo a su postura, Riverón menciona los Artículos 9 y 10 de la Carta Magna, que establecen principios relacionados con la integridad del territorio nacional y la administración de los recursos del Estado. Asegura que el objetivo no es discriminar a los extranjeros, sino garantizar que la línea fronteriza, históricamente frágil, mantenga un equilibrio poblacional y económico que favorezca a la República Dominicana.

Un complemento a la política migratoria

El anteproyecto, según lo describe el ejecutivo municipal, no solo apunta al ordenamiento territorial, sino que constituye una herramienta complementaria a los esfuerzos de control migratorio. En su planteamiento, regular la propiedad será un mecanismo que, junto a la Ley 285-04 sobre Migración, contribuirá a frenar el flujo irregular hacia la República Dominicana y a enfrentar la trata de personas, un flagelo que afecta de forma directa a las comunidades fronterizas.

“Esto no es un capricho. Es una medida para fortalecer la soberanía y para organizar una frontera que hoy está desbordada. No podemos hablar de seguridad si cualquiera puede venir y comprar tierra sin restricciones”, explicó Riverón.

El alcalde argumenta que la regulación inmobiliaria impediría que extranjeros indocumentados encuentren incentivos para establecerse de manera informal en territorio nacional. Además, considera que esta ley ayudaría a las autoridades a identificar y rastrear con mayor facilidad las actividades económicas que se llevan a cabo en estas provincias, muchas de las cuales, dice, operan sin supervisión adecuada.

Reacciones y preguntas pendientes

Aunque el proyecto ha empezado a circular entre legisladores y autoridades locales, todavía no ha sido debatido públicamente a nivel nacional. Sin embargo, entre los residentes de Dajabón, la iniciativa ha despertado curiosidad, esperanza y también reservas. Algunos la ven como un paso necesario para garantizar orden y seguridad. Otros temen que una regulación estricta pueda afectar la economía local, muy dependiente de la interacción y el intercambio con Haití.

Expertos en temas constitucionales señalan que iniciativas de este tipo suelen requerir un análisis profundo y multisectorial, ya que involucran derechos fundamentales, seguridad nacional, comercio transfronterizo y relaciones bilaterales. También insisten en que cualquier normativa debe ser proporcional y ajustada al marco jurídico internacional al que el país está suscrito.

Pero en la frontera, donde las preocupaciones se viven de manera directa y cotidiana, el discurso es más pragmático. Para muchos ciudadanos, la propuesta de Riverón es una respuesta esperada a un problema que sienten que lleva años escalando sin control. “Aquí uno vive con miedo de que un día todo quede en manos de otros. Es bueno que el gobierno despierte”, comentan algunos residentes.

Un futuro aún incierto

El proyecto de ley ahora deberá ser evaluado por los diputados, quienes tendrán la responsabilidad de determinar si la iniciativa se ajusta a los principios constitucionales y si representa una solución viable a la compleja realidad fronteriza. Sea aprobado, modificado o rechazado, lo cierto es que la propuesta de Riverón mueve una vez más el debate sobre el manejo del territorio y la convivencia con Haití, un tema que en la República Dominicana nunca ha estado ausente, pero que hoy, debido a la crisis del país vecino, ha adquirido una urgencia renovada.

En Dajabón, mientras tanto, la vida sigue bajo una delgada línea entre la cooperación y el conflicto, entre la necesidad económica y la preocupación por el futuro. El proyecto de ley se suma a una serie de medidas y posturas que reflejan un descontento profundo, pero también el deseo de proteger una zona que, para sus habitantes, es más que un espacio geográfico: es su hogar, su frontera, su identidad.